Preservar la negociaci¨®n

La primera condici¨®n para la normalidad pol¨ªtica a la que aspiran los gobiernos espa?ol y catal¨¢n es identificar las ¨¢reas efectivas de influencia en las que operan, los m¨¢rgenes de que disponen y el marco jur¨ªdico en que se insertan las ambiciones de uno y de otro: su estabilidad depende de eso. Ninguno de los dos Ejecutivos puede interferir en el curso de las acciones judiciales, aunque impacten de una forma u otra en la marcha del proceso de normalizaci¨®n institucional. La separaci¨®n de poderes es un pilar obvio del Estado de derecho y ah¨ª no cabe mayor discusi¨®n.

El contexto actual,...

La primera condici¨®n para la normalidad pol¨ªtica a la que aspiran los gobiernos espa?ol y catal¨¢n es identificar las ¨¢reas efectivas de influencia en las que operan, los m¨¢rgenes de que disponen y el marco jur¨ªdico en que se insertan las ambiciones de uno y de otro: su estabilidad depende de eso. Ninguno de los dos Ejecutivos puede interferir en el curso de las acciones judiciales, aunque impacten de una forma u otra en la marcha del proceso de normalizaci¨®n institucional. La separaci¨®n de poderes es un pilar obvio del Estado de derecho y ah¨ª no cabe mayor discusi¨®n.

El contexto actual, sin embargo, se parece poco al del 1 de octubre de 2017 y, aunque la justicia es ajena por principio a esas mutaciones del clima pol¨ªtico, la realidad social y cotidiana es un ingrediente m¨¢s del entorno en que la justicia ordena sus actuaciones. Las decisiones adoptadas en su momento, hace ya cuatro a?os y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por el fiscal general Jos¨¦ Manuel Maza o por el juez Pablo Llarena desencadenaron una secuencia jur¨ªdica con vida propia y sus efectos siguen siendo parte invariable del escenario pol¨ªtico. El reguero de noticias, movimientos y reacciones ante las decisiones judiciales ser¨¢n parte de la dieta informativa que la sociedad espa?ola encajar¨¢ en los pr¨®ximos meses. A hechos ya pasados, como el juicio a los l¨ªderes independentistas en el Supremo, las penas de prisi¨®n, los indultos o las responsabilidades contables que pide el Tribunal de Cuentas a cargos y excargos de la Generalitat, se suma ahora la incertidumbre sobre la situaci¨®n de Puigdemont ante la justicia italiana.

El riesgo pol¨ªtico m¨¢s alto es que alguno de esos factores pueda lastrar o entorpecer la maduraci¨®n de las soluciones pol¨ªticas que buscan los dos gobiernos en torno a la mesa de di¨¢logo. Pero ni en las manos de S¨¢nchez ni en las de Aragon¨¨s est¨¢, obviamente, intervenir en el proceso judicial. Este mismo principio evidente deber¨ªa extinguir toda tentaci¨®n alarmista o amarillista ante el derrotero que tome la situaci¨®n procesal de Puigdemont. El desarrollo judicial del asunto es de una enorme complejidad t¨¦cnica y a nadie ha de extra?ar que la defensa de Puigdemont busque todas las v¨ªas posibles para mejorar su situaci¨®n. Pero tampoco que los tribunales de justicia hagan su trabajo y busquen la f¨®rmula m¨¢s adecuada para someterlo al juicio del que huy¨®. El caso incide de forma muy directa en una parte de la poblaci¨®n catalana cuya movilizaci¨®n en la calle exhibe el apoyo (menguante) al expresident, a la vez que mantiene vivo el improbable ensue?o de una independencia inmediata. Mientras tanto, tanto uno como otro Gobierno disponen de una herramienta de negociaci¨®n que antes no exist¨ªa, la mesa de di¨¢logo que Puigdemont nunca ha querido ver ni en pintura.