La redistribuci¨®n del poder

En la ¨²ltima semana ha reaparecido sin demasiado ruido medi¨¢tico un viejo e irrenunciable debate sobre la distribuci¨®n territorial de instituciones del Estado que pertenecen a la sociedad en su conjunto, y no a una comunidad concreta, por muy poderosa que sea. No es nueva la invitaci¨®n a meditar sobre ese reequilibrio que no condena a la indigencia institucional o al desamparo a la capital de Espa?a, Madrid, pero s...

En la ¨²ltima semana ha reaparecido sin demasiado ruido medi¨¢tico un viejo e irrenunciable debate sobre la distribuci¨®n territorial de instituciones del Estado que pertenecen a la sociedad en su conjunto, y no a una comunidad concreta, por muy poderosa que sea. No es nueva la invitaci¨®n a meditar sobre ese reequilibrio que no condena a la indigencia institucional o al desamparo a la capital de Espa?a, Madrid, pero s¨ª ata?e a todos los espa?oles en cualquier parte del Estado, desde Sevilla a Valencia o desde Barcelona a A Coru?a. El presidente Pedro S¨¢nchez entr¨® en ese debate en su discurso de clausura del Foro La Toja para defender la necesidad de abordar el problema de forma ¡°leal¡±, y en el mismo sentido se hab¨ªa expresado ya el lunes ante el presidente de Cantabria, Miguel ?ngel Revilla.

El nuevo ciclo pol¨ªtico que impulsan los fondos europeos y el capotaje de la pandemia (pese a su imprevisible desarrollo, con amplias zonas del planeta sin vacunaci¨®n a la vista) abren un escenario reformista que permite revisar la concentraci¨®n absoluta del poder del Estado en la capital, sin que por esa causa la capital deje de serlo. Ninguna de esas posibles y saludables reubicaciones institucionales podr¨ªa ir en detrimento de Madrid porque en ning¨²n caso podr¨ªa sustraerle a Madrid algo que no le pertenece. Los titulares de esas instituciones son todos los espa?oles sin que resulte relevante la comunidad en la que residen.

Las propuestas han sido m¨²ltiples a lo largo de los a?os, y no siempre han encontrado una v¨ªa de defensa templada u oportuna. En las actuales circunstancias, sin embargo, el desarrollo auton¨®mico y su fortalecimiento exigen una participaci¨®n en la gobernabilidad del Estado que comprometa a toda la sociedad. La descentralizaci¨®n que Espa?a ha materializado en estos ¨²ltimos a?os ha alcanzado cotas que no tienen parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs europeo, como los estudios comparados demuestran una y otra vez: ni Alemania, ni Suiza ni desde luego el Reino Unido exhiben el nivel de traspasos y transferencias competenciales del que disfruta Espa?a. Y, sin embargo, en algunos de ellos, y el modelo m¨¢s pr¨®ximo es Alemania, las instituciones no viven por la fuerza ancladas en la capital.

El debate que ha abierto el presidente, en paralelo con otros presidentes de comunidades como Ximo Puig, Miguel ?ngel Revilla o Francina Armengol, ofrece la oportunidad de promover la cara b de un acuerdo de inspiraci¨®n netamente constitucional. En esta nueva etapa las comunidades aut¨®nomas pueden ser quienes aporten a la gobernabilidad del Estado un compromiso firme al acoger esas sedes sin ¨¢nimo de rivalidad ni competencia con Madrid: hacer Estado, construir Estado, es una obligaci¨®n compartida. Con esa redistribuci¨®n pactada y negociada solo puede crecer la fortaleza democr¨¢tica de las Autonom¨ªas en ruta hacia su cumplimiento federal de facto. No parece haber causas insalvables que impidan que determinadas instituciones encuentren un lugar funcional, coherente y pr¨¢ctico fuera de Madrid. La corresponsabilidad de la ciudadan¨ªa, all¨ª donde resida, ser¨ªa el primer efecto inmediato de esas decisiones. El relanzamiento de la econom¨ªa y el nuevo ciclo que abre la era pospandemia podr¨ªan llevar dentro la semilla de una cohesi¨®n territorial, social, pol¨ªtica e institucional aun imperfecta, y en estricto cumplimiento de la Constituci¨®n.