Vientres de alquiler
La legislaci¨®n espa?ola proh¨ªbe esta pr¨¢ctica y la considera una forma de violencia contra las mujeres
La noticia de que la actriz y presentadora Ana Obreg¨®n, de 68 a?os, hab¨ªa decidido ser madre de nuevo por el procedimiento de un vientre de alquiler en Estados Unidos ha reabierto el debate en la pol¨ªtica y en la sociedad sobre esta pr¨¢ctica prohibida en Espa?a, pero legal en otros pa¨ªses. El fracaso en 2019 del intento de Ciudadanos para legalizarla fue el ¨²ltimo episodio. La ley de reproducci¨®n asistida de 2006 establece que cualquier contrato de esa na...
La noticia de que la actriz y presentadora Ana Obreg¨®n, de 68 a?os, hab¨ªa decidido ser madre de nuevo por el procedimiento de un vientre de alquiler en Estados Unidos ha reabierto el debate en la pol¨ªtica y en la sociedad sobre esta pr¨¢ctica prohibida en Espa?a, pero legal en otros pa¨ªses. El fracaso en 2019 del intento de Ciudadanos para legalizarla fue el ¨²ltimo episodio. La ley de reproducci¨®n asistida de 2006 establece que cualquier contrato de esa naturaleza ser¨¢ nulo, y la reciente reforma de la ley del aborto califica expresamente la contrataci¨®n de un vientre de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres, en consonancia con organismos multilaterales. Pero la posibilidad de recurrir a ese m¨¦todo en pa¨ªses donde est¨¢ legalizado plantea una incongruencia entre la regulaci¨®n legal vigente y su efectivo cumplimiento. Desde que una instrucci¨®n de la Direcci¨®n General de Registros y del Notariado permiti¨®, en aras del inter¨¦s del menor, que pudieran registrarse en Espa?a los ni?os nacidos en otro pa¨ªs, son muchas las parejas, y los hombres y mujeres que han recurrido a un vientre de alquiler para sortear la prohibici¨®n.
Al calor del impacto medi¨¢tico del caso Obreg¨®n, la direcci¨®n del PP se precipit¨® a plantear primero la conveniencia de estudiar una posible regulaci¨®n de la gesti¨®n subrogada altruista, es decir, sin compensaci¨®n econ¨®mica, para rectificar despu¨¦s ante la divisi¨®n interna suscitada. Pero las razones para mantener la prohibici¨®n son plenamente vigentes. La experiencia de los pocos pa¨ªses que la han regulado indica claramente que los problemas ¨¦ticos que plantea no se resuelven con una regulaci¨®n m¨¢s o menos restrictiva. La cuesti¨®n es que su legalizaci¨®n comporta siempre una mercantilizaci¨®n del proceso reproductivo y una explotaci¨®n inaceptable del cuerpo de la mujer. Los casos de gestaci¨®n subrogada altruista son testimoniales y en cambio, se genera un comercio de beb¨¦s a la carta y un gran negocio de intermediaci¨®n. En la inmensa mayor¨ªa de los casos las gestantes son mujeres pobres que encuentran en la cesi¨®n de su capacidad reproductiva una fuente de ingresos. Cuando la vulnerabilidad econ¨®mica es el factor determinante, no se puede hablar de libertad ni de autonom¨ªa de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. En el momento en que media una transacci¨®n econ¨®mica, el proceso se corrompe por un mecanismo de explotaci¨®n social que es pr¨¢cticamente inevitable.
Las t¨¦cnicas de reproducci¨®n asistida permiten superar los l¨ªmites naturales de la fertilidad y, tal como se aplican en Estados Unidos, lo hacen sin plantearse una edad l¨ªmite o las condiciones en que se debe permitir el acceso a esta pr¨¢ctica para garantizar la protecci¨®n del beb¨¦. Por motivos altruistas puede ser humanamente comprensible en alg¨²n caso, e incluso cabe estipular circunstancias muy excepcionales para hacerlo, como propone el nuevo C¨®digo de Deontolog¨ªa M¨¦dica aprobado por el Consejo General de Colegios Oficiales de M¨¦dicos y presentado el jueves, pero no debe poner en riesgo la seguridad y el bienestar del menor. Esa es la raz¨®n por la que en los procesos de adopci¨®n se analizan la motivaci¨®n y la idoneidad de los aspirantes, y se exige que la diferencia de edad entre el ni?o y los padres adoptivos no supere los 45 a?os. En el caso de los vientres de alquiler se ha caminado a una banalizaci¨®n de la t¨¦cnica, con cada vez m¨¢s casos de modelos, famosos o ricos sin m¨¢s que recurren a un vientre de alquiler por conveniencia profesional o para preservar su cuerpo de los efectos de un embarazo. La maternidad o la paternidad pueden ser un deseo leg¨ªtimo, pero no prevalecen sobre el derecho del ni?o concebido ni sobre los derechos humanos de las mujeres.