Parlamentarismo mutante

La constataci¨®n del fracaso de la investidura de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, esa cr¨®nica de una muerte anunciada ya desde el momento de su propuesta, ha vuelto a poner de manifiesto la severa dificultad con la que se topa nuestro sistema parlamentario para forjar mayor¨ªas de gobierno. No lo tendr¨¢ tampoco f¨¢cil Pedro S¨¢nchez cuando sea propuesto por el Rey como nuevo candidato. ...

La constataci¨®n del fracaso de la investidura de Alberto N¨²?ez Feij¨®o, esa cr¨®nica de una muerte anunciada ya desde el momento de su propuesta, ha vuelto a poner de manifiesto la severa dificultad con la que se topa nuestro sistema parlamentario para forjar mayor¨ªas de gobierno. No lo tendr¨¢ tampoco f¨¢cil Pedro S¨¢nchez cuando sea propuesto por el Rey como nuevo candidato. Las exigencias maximalistas planteadas por las fuerzas independentistas catalanas (amnist¨ªa y refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n) y su complejo ¡ªcuando no imposible¡ª encaje constitucional as¨ª lo acreditan. Sin entrar en especulaciones sobre si el acuerdo se lograr¨¢, lo cierto es que a partir del 29 de septiembre ha empezado a correr el plazo constitucional de dos meses establecido para superar la investidura. De no lograrse, se disolver¨¢n autom¨¢ticamente las Cortes y se convocar¨¢n nuevas elecciones. Una situaci¨®n que ya se produjo tanto en 2016 como en 2019, cuando ninguno de los candidatos presentados obtuvo el respaldo de la C¨¢mara baja.

Con el acceso de nuevas fuerzas pol¨ªticas al Congreso a partir de 2015, primero los partidos de la ¡°nueva pol¨ªtica¡± (Podemos y Ciudadanos) y m¨¢s tarde, la ultraderecha de Vox, se produjo un evidente efecto de reforzamiento del pluralismo de la representaci¨®n popular. Esta circunstancia, siempre saludable desde una perspectiva democr¨¢tica, ha venido acompa?ada, sin embargo, de un efecto de notable fragmentaci¨®n pol¨ªtica, as¨ª como de una polarizaci¨®n creciente. Como efecto inducido, se ha generado una din¨¢mica de permanente enfrentamiento que lastra profundamente el di¨¢logo y la consecuci¨®n de acuerdos no solo entre fuerzas opuestas, sino tambi¨¦n en el seno de la mayor¨ªa de apoyo al Gobierno. Un contexto de confrontaci¨®n que, por lo dem¨¢s, conduce a la teatralizaci¨®n de los debates parlamentarios, tendiendo a despojarlos de su sentido deliberativo como fundamental herramienta para propiciar una dial¨¦ctica institucional constructiva.

En el trasfondo de esta situaci¨®n es posible constatar que esenciales instrumentos de nuestro parlamentarismo est¨¢n experimentando una significativa transformaci¨®n pr¨¢ctica, alej¨¢ndose progresivamente de su sentido constitucional. As¨ª sucede con la sesi¨®n de investidura, un mecanismo cuya funci¨®n no es otra que el candidato a la presidencia del Gobierno exponga su programa de acci¨®n pol¨ªtica ante el Congreso, buscando recabar el respaldo de su mayor¨ªa. El reciente debate de investidura, sin embargo, ha mostrado un contenido que lo aleja de tal prop¨®sito, habiendo adoptado un perfil que lo asemeja m¨¢s al que es propio de una moci¨®n de censura. Y es que el discurso realizado por el candidato N¨²?ez Feij¨®o, aunque ya no apel¨® al mantra electoral de ¡°derogar el sanchismo¡±, centr¨® su principal objetivo no tanto en desgranar propuestas propias de actuaci¨®n, sino ante todo en desautorizar y cuestionar la labor del Gobierno todav¨ªa en funciones. En consonancia con tal enfoque, la respuesta del Grupo Socialista ¡ªque, en un alarde de falta de cortes¨ªa institucional, no corri¨® a cargo del presidente del Ejecutivo ni del portavoz del grupo parlamentario¡ª, se centr¨® fundamentalmente en cuestionar al aspirante a la presidencia del Gobierno. El posterior debate con representantes de otros grupos pol¨ªticos tampoco logr¨® reconducir los t¨¦rminos de la discusi¨®n al terreno que es propio de una sesi¨®n parlamentaria cuyo objetivo es conferir legitimidad de origen a quien accede a la jefatura del Gobierno, no cuestionar al saliente.

Un efecto similar de alteraci¨®n funcional se ha constatado recientemente con respecto a la moci¨®n de censura, un instrumento cuya finalidad es derribar al Gobierno y formar otro diverso, lo que se consigue si quien la propone cuenta con el apoyo de la mayor¨ªa absoluta del Congreso de los diputados. A salvo de la moci¨®n de censura planteada contra Mariano Rajoy en 2018, que logr¨® salir adelante, los restantes intentos fracasaron. Conscientes de la dificultad de alcanzar la mayor¨ªa requerida, esas mociones de censura ten¨ªan como finalidad principal erosionar al Ejecutivo, mostrando a la opini¨®n p¨²blica una alternativa pol¨ªtica cuya viabilidad no se dirim¨ªa inmediatamente en el Congreso sino, llegado en el momento, en las urnas. Apart¨¢ndose de esta l¨®gica predominante, las dos ¨²ltimas mociones de censura que han tenido lugar, ambas promovidas por Vox en 2020 y 2023, han perseguido no la ca¨ªda del Gobierno, algo imposible teniendo en cuenta la aritm¨¦tica parlamentaria sino, antes bien, marcar diferencias pol¨ªticas con el Partido Popular, en tanto que su directo competidor electoral. De este modo, el centro de la acci¨®n parlamentaria aparece focalizado en el ¨¢mbito de la oposici¨®n y no del Ejecutivo.

Las din¨¢micas expuestas conducen a desdibujar los mecanismos parlamentarios aludidos, justamente aquellos que permiten conferir y retirar la confianza al Ejecutivo por parte del Congreso. Todo ello, con un sustento puramente material y al margen de la reforma de la Constituci¨®n o de los reglamentos de las C¨¢maras. De este modo, parece estar abri¨¦ndose paso en la realidad una suerte de parlamentarismo mutante que sigue sus propios derroteros, arrojando una imagen m¨¢s propia de los espejos de Valle-Incl¨¢n que de la que recoge el texto constitucional.