Una retirada segura de la guerra contra las drogas

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Mientras el mundo se obsesionaba con los resultados de la elecci¨®n presidencial en Estados Unidos, prest¨® menos atenci¨®n a otra consecuencia de los votos: se dieron pasos significativos para despenalizar las drogas en varios estados del pa¨ªs. Uno de ellos, Oreg¨®n, va camino de abolir las sanciones penales por la posesi¨®n de peque?as cantidades de estupefacientes ilegales, desde hero¨ªna hasta metanfetaminas. Se deber¨ªa aplaudir este enfoque y adoptarlo mucho m¨¢s ampliamente.

Seg¨²n datos de 2018, unos 269 millones de personas en todo el mundo usan drogas ilegales. Entre ellas hay 11 millones que lo hacen con inyecciones endovenosas, un m¨¦todo que conlleva riesgos adicionales. Casi la mitad de quienes se inyectan estupefacientes sufren hepatitis C, y la impactante cantidad de 1,4 millones, VIH. Seg¨²n la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tan solo en 2017 muri¨® m¨¢s de medio mill¨®n de personas debido al uso de estupefacientes.

Esta es una tragedia completamente evitable, alimentada por el enfoque cruel y contraproducente de la llamada ¡°guerra contra las drogas¡±. Debido a esta iniciativa, lanzada en la d¨¦cada de 1970 por el presidente estadounidense Richard Nixon, la posesi¨®n de estas sustancias es hoy un delito penal en la mayor¨ªa de los pa¨ªses y quienes las usan enfrentan un grave estigma social.

La l¨®gica de la guerra es simple: el riesgo de un duro castigo tendr¨¢ un efecto disuasorio eficaz y reducir¨¢ su uso, pero no es esto lo que ocurre, en absoluto. A pesar de los enfoques cada vez m¨¢s punitivos, la venta y el uso de drogas siguen aumentando en el mundo y causan m¨¢s sobredosis, VIH, hepatitis C y tuberculosis.

La amenaza del castigo y la discriminaci¨®n no hace que la gente deje las sustancias ilegales o las evite, sino que oculte su uso, incluso de sus m¨¦dicos. Cuando se desalienta a quienes toman estupefacientes a vincularse con los sistemas de salud, criminalizaci¨®n y estigmatizaci¨®n ¡ªal igual que el racismo, que se suma a la discriminaci¨®n por el uso de drogas¡ª se contribuye a los malos resultados sanitarios, tanto para las personas como para sus comunidades, que van mucho m¨¢s all¨¢.

Hay una mejor alternativa. En vez de tratar de obligar a la gente a que renuncie por completo a usar drogas, debi¨¦ramos tratar de minimizar el impacto negativo sobre su salud y bienestar. Las llamadas intervenciones de reducci¨®n de da?os incluyen programas de intercambio de agujas, a trav¨¦s de los cuales la gente puede acceder a jeringas esterilizadas; salas seguras para el consumo de drogas, donde la gente no corra el riesgo de una sobredosis; la terapia con agonistas opioides, como el reemplazo por metadona; y las iniciativas de vivienda y empleo.

D¨¦cadas de pr¨¢ctica e investigaci¨®n han demostrado que las intervenciones de reducci¨®n de da?os funcionan y son eficientes en t¨¦rminos de su costo. Por ejemplo, la terapia con agonistas opioides reduce la probabilidad de sobredosis. Y los programas de intercambio de agujas disminuyen sustancialmente el contagio de hepatitis C y VIH entre quienes se inyectan drogas, con lo que contribuyen a reducir la transmisi¨®n en general. En Portugal, la cantidad de casos de VIH se desplom¨® desde que se despenaliz¨® la posesi¨®n de todas las drogas y aumentaron las intervenciones de reducci¨®n de da?os hace casi 20 a?os.

La buena noticia es que, como muestra el ¨²ltimo informe de Harm Reduction International (HRI), se lograron avances significativos en la provisi¨®n de esos servicios. Durante las ¨²ltimas d¨¦cadas, 86 pa¨ªses implementaron programas de agujas y jeringas, y 84 ofrecen alg¨²n tipo de terapia con agonistas opioides. De todas formas, todav¨ªa queda mucho por hacer.

Cuando la gente que usa drogas sufre y muere, se la suele reducir a estad¨ªsticas y desestimar porque se trata de ¡°criminales¡± o ¡°delincuentes¡±, pero son nuestros amigos y familiares, vecinos y colegas. Son seres humanos y tienen derecho a la salud

Como se?ala el informe de HRI, persisten enormes brechas en el acceso a los servicios de reducci¨®n de da?os, incluso en lugares que los ofrecen, como Australia, Canad¨¢ y Europa Occidental. Por ejemplo, hay pocos servicios dise?ados para mujeres y personas transg¨¦nero, y los servicios de reducci¨®n de da?os sistem¨¢ticamente fueron incapaces de cubrir las necesidades de los grupos que sufrieron lo peor de las pol¨ªticas punitivas contra las drogas durante d¨¦cadas, como los descendientes de africanos (entre quienes se cuentan los afroamericanos y los pueblos ind¨ªgenas en todo el mundo).

Adem¨¢s, los servicios necesarios suelen estar concentrados en las ciudades, por lo que son de dif¨ªcil acceso para quienes viven en zonas rurales. Y las personas encarceladas, que tienen un mayor riesgo de contraer VIH y hepatitis C mientras est¨¢n en prisi¨®n ¡ªy de sufrir sobredosis cuando son liberadas¡ª no suelen tener acceso a ellos en absoluto.

Las personas encarceladas, que tienen un mayor riesgo de contraer VIH y hepatitis C mientras est¨¢n en prisi¨®n ¡ªy de sufrir sobredosis cuando son liberadas¡ª no suelen tener acceso a servicios de reducci¨®n de da?os en absoluto

Seg¨²n el HRI, los avances para ampliar el acceso a los programas de reducci¨®n de da?os est¨¢n paralizados desde hace m¨¢s de cinco a?os. Mientras los recursos limitados se asignen a las fuerzas del orden, ser¨¢ dif¨ªcil lograr m¨¢s beneficios significativos.

Cuando la gente que usa drogas sufre y muere, se la suele reducir a estad¨ªsticas y desestimar porque se trata de ¡°criminales¡± o ¡°delincuentes¡±, pero son nuestros amigos y familiares, vecinos y colegas. Son seres humanos y tienen derecho a la salud, la equidad y el respeto, independientemente de su g¨¦nero, sexualidad, raza, nacionalidad, situaci¨®n legal o h¨¢bitos y antecedentes de su uso.

Si algo nos ense?¨® la covid-19 es que la salud y el bienestar de todos est¨¢ interconectada. Solo un enfoque del uso de estupefacientes basado en los imperativos de salud p¨²blica y los principios de derechos humanos ¡ªque proteja a los m¨¢s vulnerables¡ª puede poner fin a una guerra que nunca debi¨® haber comenzado.

Tlaleng Mofokeng, miembro de la Comisi¨®n para la Igualdad de G¨¦neros en Sud¨¢frica, es relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud y autora de ¡®Dr T: A Guide to Sexual Health and Pleasure¡¯ [Dra. T: Una gu¨ªa para la salud sexual y el placer].

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