Cuando la justicia ambiental es solo palabrer¨ªa para Esmeralda

Esmeralda Mart¨ªn, a sus 12 a?os llevaba combatiendo siete contra una enfermedad terminal: la aplasia medular severa, que imped¨ªa a su cuerpo la producci¨®n de gl¨®bulos rojos, blancos y plaquetas. Viv¨ªa en Pasco, una ciudad andina del Per¨², donde hab¨ªa vivido expuesta continuamente a agentes t¨®xicos, fruto de la miner¨ªa. Ella era una de los m¨¢s de 2.600 ni?as y ni?os registrados en Cerro de Pasco con alarmantes cantidades de metales pesados en la sangre.

En el inicio de la pandemia, su padre, Sime¨®n Mart¨ªn, estaba acampado junto a otras familias afectadas frente al Ministerio de Salud para exigir tratamiento y apoyo para ser reubicados. Esmeralda hab¨ªa conseguido viajar con su progenitor a Argentina a fines del 2019 para que recibir un trasplante de m¨¦dula, pero necesitaba un tratamiento de desintoxicaci¨®n para recuperarse. Lamentablemente, a mediados de septiembre, esta ni?a apagaba su luz en esta tierra, en la que naci¨® y en la que se siguen extrayendo minerales sin ning¨²n reparo con respecto a las consecuencias para la salud de quienes la habitan.

Los ni?os con plomo en la sangre sangran por la nariz. El caso de estos menores y sus familias tuvo cierta cobertura medi¨¢tica por las constantes manifestaciones de los afectados en la capital peruana para intentar que el Gobierno escuchase sus pedidos. Durante a?os denunciaron la falta de atenci¨®n sanitaria especializada, la escasa informaci¨®n sobre el impacto de las actividades mineras, las trabas administrativas para recibir apoyo y la falta de seguimiento que permite que no se respeten las normas ambientales y, en consecuencia, violen el derecho a vivir en un ambiente sano.

Las familias piden que se reconozca la responsabilidad de los da?os a la empresa Volcan, parte del conglomerado suizo Gleencore, la principal operadora minera del lugar. Sin embargo, esta aleg¨® no tener responsabilidad legal y las familias de los ni?os contin¨²an siendo expuestos a los t¨®xicos y librando una lucha desigual contra enfermedades como la leucemia, sin atenci¨®n ni tratamiento.

Son los compromisos internacionales y la concientizaci¨®n de la poblaci¨®n sobre la importancia de defender la naturaleza los que pueden garantizar cierta seguridad de que se van a respetar los derechos humanos

Tristemente, el caso de Esmeralda y los ni?os en Cerro de Pasco no es el ¨²nico en el pa¨ªs. La actividad minera que lo corona como segundo productor de cobre y plata en el mundo y como primer productor de oro, zinc, plomo y esta?o en Am¨¦rica Latina ha dejado tambi¨¦n su rastro en miles de personas que padecen actualmente problemas de salud como los pobladores de Espinar (Cusco) o de La Oroya (Jun¨ªn). Estos ¨²ltimos han conseguido que la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos presente su caso ante la Corte IDH este mes para denunciar al pa¨ªs por los efectos de la contaminaci¨®n, un paso que supone una esperanza para reconocer este problema ante instancias internacionales.

Tras a?os de lucha, recientemente algunos representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales T¨®xicos se reunieron con la primera ministra, Mirtha V¨¢squez, para llegar a acuerdos sobre el Plan Especial Multisectorial de Atenci¨®n a las v¨ªctimas. Si bien estos acercamientos pueden contribuir a crear consensos, a¨²n existe un largo camino para que las palabras se traduzcan en acciones. Los actores locales y nacionales no son los ¨²nicos que deber¨ªan preocuparse en evitar que m¨¢s personas se vean afectadas. La actividad extractiva es una cuesti¨®n ambiental que involucra tambi¨¦n a agentes internacionales y, por tanto, los pa¨ªses productores as¨ª como los inversionistas extranjeros deber¨ªan velar por respetar los derechos humanos.

Ya lo dijo Alicia B¨¢rcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe, al hablar sobre el Acuerdo de Escaz¨², la Agenda 2030 o el Acuerdo de Par¨ªs: estos van ¡°dirigidos a construir sociedades pac¨ªficas, m¨¢s justas, menos desiguales, solidarias e inclusivas, a proteger los derechos humanos y garantizar una protecci¨®n duradera del planeta y sus recursos naturales¡±.

Sin embargo, es parad¨®jico que mientras se firman convenios para trabajar en la reducci¨®n de los gases de efecto invernadero (GEI); los mismos pa¨ªses rechazan iniciativas para respetar los derechos humanos y est¨¢ndares ambientales en sus actividades en el extranjero. Este fue el caso del Gobierno suizo que se ech¨® para atr¨¢s en la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial a finales del 2020. El cuidado del medio ambiente y de los derechos relacionados parecen ser prioridad solo cuando los afectados se encuentran dentro de sus fronteras.

En una regi¨®n como la latinoamericana, en la que las actividades extractivas son consideradas fundamentales para el desarrollo econ¨®mico, el avance en pol¨ªticas medioambientales se obstaculiza justamente por esos intereses econ¨®micos. Son los compromisos internacionales y la concientizaci¨®n de la poblaci¨®n sobre la importancia de defender la naturaleza los que pueden garantizar cierta seguridad de que se van a respetar los derechos humanos. Las vidas que la contaminaci¨®n minera se ha cobrado pudieron haberse salvado, ahora toca buscar que su memoria no se olvide y que aquellos que piden justicia puedan recibirla.

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