Peruanos afectados por metales pesados llegan a la Corte Interamericana

Cuando Yolanda Zurita era estudiante, en la sierra central de Per¨², sufri¨® convulsiones varias veces. Como hija de un trabajador del complejo metal¨²rgico de La Oroya, en la regi¨®n Jun¨ªn, recibi¨® atenci¨®n m¨¦dica. Los sanitarios le dijeron que otros parientes de obreros de la refiner¨ªa presentaban cuadros m¨¢s graves y que no se preocupara. En 1999, inici¨® el activismo contra la contaminaci¨®n ambiental y ahora es una de las 75 personas de su ciudad que ha denunciado al Estado peruano ante el sistema interamericano de justicia. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos present¨® el viernes dicha demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este lunes, durante un encuentro en Lima con decenas de afectados por metales pesados en el cuerpo, procedentes de 14 regiones del pa¨ªs, Zurita y Liliana Carhuaz -tambi¨¦n de La Oroya- depositaron su confianza en que su caso sea un precedente para otros peruanos cuya salud est¨¢ afectada por el mismo problema. Zurita, de 62 a?os, lidera la Plataforma por la salud ambiental y humana en la regi¨®n Jun¨ªn y es a la vez coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales T¨®xicos. La organizaci¨®n estima que diez millones de peruanos viven con plomo, cadmio y otras sustancias t¨®xicas en el cuerpo, que son eliminadas al aire, tierra o agua por las empresas mineras y de hidrocarburos.

Los dirigentes de los afectados se reunieron en Lima para exigir al Gobierno la aprobaci¨®n de un plan multisectorial que atienda sus problemas de salud y que remedie los problemas ambientales que los siguen afectando. En La Oroya, por ejemplo, en el peor momento de perjuicio por la actividad de la refiner¨ªa, el 99% de ni?os ten¨ªa plomo en la sangre.

A la dirigente de La Oroya, que vive a diez minutos del complejo metal¨²rgico, le hallaron cadmio en el organismo. El problema en todas las regiones, denuncia el colectivo, es que el sistema de salud no cuenta con toxic¨®logos suficientes para tratar sus males. Tampoco hay toxic¨®logos pedi¨¢tricos en Lima.

El pasado mes de septiembre muri¨® la ni?a Esmeralda Mart¨ªn de la regi¨®n Pasco -en la sierra central- que ten¨ªa mercurio, plomo, cadmio y ars¨¦nico en la sangre. Falleci¨® cuando era trasladada de emergencia a un hospital de Lima. Sus padres denunciaron por negligencia al centro m¨¦dico que la atendi¨® en su ciudad. Varias familias de esa regi¨®n, junto con los padres de Esmeralda, hicieron un plant¨®n el a?o pasado frente al Ministerio de Salud para exigir atenci¨®n especializada, pero nunca lo lograron.

La Plataforma logr¨® que en mayo el Gobierno aprobase una ley que ¡°fortalece la prevenci¨®n y atenci¨®n de la salud afectada por la contaminaci¨®n con metales pesados y otras sustancias qu¨ªmicas¡± y fij¨® un plazo de 90 d¨ªas para la elaboraci¨®n de su reglamento. Pasados 150 d¨ªas, a¨²n no existe tal reglamento y sin ¨¦l la norma no puede ser aplicada. Este martes, los l¨ªderes se reunieron con la primera ministra Mirtha V¨¢squez para indagar sobre el plan multisectorial para atender a los afectados por metales, metaloides y otras sustancias t¨®xicas, que debe aprobar el Ejecutivo. Zurita inform¨® de que el documento est¨¢ en la ¡°¨²ltima etapa de elaboraci¨®n¡± y que a ello le seguir¨¢ la decisi¨®n del presupuesto.

Seg¨²n el anuario 2020 del Ministerio de Energ¨ªa y Minas, Per¨² ocup¨® el segundo lugar mundial en la producci¨®n de cobre y plata y fue el primer productor de plomo en Latinoam¨¦rica: el 61% de sus exportaciones son mineras. M¨¢s de 50 empresas declararon el a?o pasado que explotaron cobre y plomo.

Las deficiencias en la regulaci¨®n y fiscalizaci¨®n ambiental de la actividad minera y petrolera han impactado en la salud de las personas, as¨ª como en las fuentes de agua que consumen, sus tierras y sus animales. Seg¨²n la Plataforma Nacional de Afectados, despu¨¦s de diez a?os de mediciones en la provincia de Espinar (Cusco), zona de gran producci¨®n de cobre, de 157 puntos de agua analizados, 129 contienen plomo, ars¨¦nico y aluminio.

En el encuentro de la plataforma, un representante de la regi¨®n amaz¨®nica de Loreto, donde han sufrido m¨¢s de 20 derrames de petr¨®leo desde 2016, coment¨®: ¡°No conocemos ahora qu¨¦ agua estamos consumiendo, ya no tenemos agua segura: somos 21 comunidades afectadas¡±. Otros l¨ªderes denunciaron la contaminaci¨®n de las fuentes de agua de sus comunidades por los desechos que vierte la miner¨ªa formal. ¡°Antes viv¨ªamos de la agricultura. La minera muchas cosas ha ofrecido pero nunca ha cumplido, ahora vivimos una desgracia: es triste la realidad¡±, lament¨® Uribe Garay, autoridad de Santa Cruz de Pichiu, regi¨®n de Ancash.

20 a?os de lucha

La dirigente del Movimiento por la Salud de La Oroya, Carhuaz, de 42 a?os, se?ala que a pesar de que los damnificados de esa ciudad ganaron una demanda en el Tribunal Constitucional en 2006 y lograron medidas cautelares de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos no hubo avances. ¡±Estamos a?os y a?os luchando por un aire limpio con el pueblo de La Oroya afectado por plomo, cadmio y ars¨¦nico. Nuestra lucha ha dado grandes frutos: estamos seguros de que la Corte Interamericana nos va a dar la raz¨®n y va a ser un precedente para todos los distritos que est¨¢n luchando unidos¡±, refiri¨® Carhuaz, quien vive a dos kil¨®metros de la refiner¨ªa met¨¢lica y ha sufrido de problemas gastrointestinales, respiratorios y migra?as.

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos ha hallado que en el caso de La Oroya, el Estado Peruano es responsable de violar los derechos a ¡°la vida digna, integridad personal, garant¨ªas judiciales, acceso a la informaci¨®n en materia ambiental, derechos de la ni?ez, participaci¨®n p¨²blica, protecci¨®n judicial, salud y medio ambiente sano¡±. Para la Comisi¨®n, el Estado no cumpli¨® ¡°sus deberes de regular, supervisar y fiscalizar el comportamiento de las empresas respecto de los derechos que pudieran afectar, ni con su deber de prevenir vulneraciones a los mismos¡±.

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