Espa?a contra el desperdicio de comida: lo bueno y lo malo del anteproyecto de ley

Hace m¨¢s de una d¨¦cada que Naciones Unidas viene alertando sobre el problema del desperdicio alimentario. Ya en 2012, el entonces Secretario General de la ONU, Ban-ki Moon, lanzaba el Reto del Hambre Cero con cinco componentes clave, entre los cuales estaba acabar con el derroche de comida. La FAO ha venido estimulando y realizando investigaciones sobre la magnitud de este problema de ineficiencia de nuestros sistemas de alimentaci¨®n y sobre sus graves repercusiones econ¨®micas, ecol¨®gicas y sociales. Tambi¨¦n, las instituciones europeas llevan una d¨¦cada mostrando su preocupaci¨®n.

Espa?a no ha aprovechado suficientemente estos a?os. La actuaci¨®n gubernamental se limit¨® a una estrategia del Ministerio de Agricultura titulada M¨¢s alimento, menos desperdicio, lanzada en 2013, que, con limitados recursos, consigui¨® menos resultados de lo que hubiera sido esperable. En el marco de esta estrategia se ha hecho un panel de cuantificaci¨®n del desperdicio en los hogares, pero no se ha analizado lo que ocurre en el conjunto de la cadena alimentaria y, sobre todo, no se ha generado un marco armonizado para la medici¨®n y an¨¢lisis de este fen¨®meno en nuestro pa¨ªs.

Este es el punto de partida para la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n de una ley para la reducci¨®n de las p¨¦rdidas de comestibles que el Gobierno puso en marcha el oto?o pasado. En una primera etapa se abri¨® un proceso de consultas para que los agentes de la cadena alimentaria aportaran ideas y preocupaciones que deber¨ªan tenerse en cuenta en la elaboraci¨®n de la ley. En el mes de octubre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n public¨® un anteproyecto de ley y abri¨® durante unos 40 d¨ªas un proceso de consulta p¨²blica sobre el texto. Desde el 1 de diciembre, el MAPA est¨¢ trabajando en el proyecto de ley que, tras la aprobaci¨®n del Consejo de Ministros, ser¨¢ remitido a las Cortes, probablemente en los pr¨®ximos tres meses, y se espera que pueda estar aprobado antes de final de a?o.

Las organizaciones sociales comprometidas con esta tem¨¢tica organizamos en noviembre un taller para elaborar nuestras propuestas en el proceso de consulta p¨²blica y convocamos antes de Semana Santa un foro para contrastarlas con el Gobierno y con los dem¨¢s agentes implicados. A partir de este proceso podemos destacar algunas fortalezas y debilidades de lo que hasta ahora hemos conocido.

En el di¨¢logo con los representantes gubernamentales hemos percibido que hay voluntad pol¨ªtica de hacer frente al problema, que se tiene conciencia de su gravedad y del lastre que puede suponer para el conjunto de la agenda de sostenibilidad. Esta preocupaci¨®n es compartida por el resto de agentes.

La futura ley tendr¨¢ la consideraci¨®n de legislaci¨®n b¨¢sica, por lo que deber¨¢ ser aplicada por las comunidades aut¨®nomas, que podr¨¢n desarrollar sus propias normas respetando los contenidos b¨¢sicos de la ley estatal. Esto requiere una adecuada coordinaci¨®n entre administraciones, incluyendo a las administraciones locales, que son las m¨¢s pr¨®ximas al problema. El Gobierno contempla la posibilidad de crear una comisi¨®n interterritorial que sirva de instancia de coordinaci¨®n en la aplicaci¨®n de la ley y que permita evitar una imagen territorialmente fragmentada.

La prevenci¨®n como primera soluci¨®n

Existe una visi¨®n compartida en cuanto a la jerarqu¨ªa de soluciones que se debe aplicar. En la c¨²spide de esa jerarqu¨ªa debe estar la prevenci¨®n, evitar en la medida de lo posible que se produzca el desperdicio. Por eso, se destaca la importancia de trabajar la sensibilizaci¨®n y la concienciaci¨®n de todos los agentes de la cadena y la promoci¨®n de h¨¢bitos de consumo sostenibles que contribuyan a frenarlo.

Sin embargo, en el proceso tambi¨¦n se detectan algunas debilidades. Frente a la convicci¨®n de que hay que analizar cuantitativa y cualitativamente el derroche que se produce en toda la cadena alimentaria a trav¨¦s de una metodolog¨ªa com¨²n y armonizada en todos los territorios y eslabones, a¨²n no se sabe c¨®mo hacerlo. Ni siquiera se sabe si esto estar¨¢ apuntado en la ley o se dejar¨¢ para futuros desarrollos reglamentarios, lo que retrasar¨ªa este ejercicio imprescindible de medici¨®n.

Como uno de los elementos principales de la ley, se prev¨¦ que todos los actores involucrados, desde la producci¨®n hasta la venta, deber¨¢n contar con un plan de prevenci¨®n de p¨¦rdidas, que tendr¨¢ un contenido m¨ªnimo definido normativamente. No obstante, cada empresa deber¨¢ adaptarlo en funci¨®n de sus condiciones, caracter¨ªsticas, tama?o, etc¨¦tera. Por parte de muchos de esos actores existe preocupaci¨®n al respecto, especialmente sobre si habr¨¢ acompa?amiento y apoyos en el proceso de dise?o e implementaci¨®n de esos planes, pero esto no est¨¢ todav¨ªa claro.

El desperdicio alimentario es un gran iceberg del que solo alcanzamos a ver una peque?a parte de su tama?o y de sus implicaciones

Tampoco est¨¢ claro qu¨¦ planteamiento va a dar el Gobierno a la exigibilidad de la norma y sus mecanismos de control. Los equilibrios entre incentivos y obligaciones, entre autorregulaci¨®n y definici¨®n de infracciones y sanciones, preocupan en algunos eslabones de la cadena. Los representantes empresariales piden m¨¢s flexibilidad en el cumplimiento, m¨¢s orientaci¨®n a buenas pr¨¢cticas y menos rigor en las sanciones respecto a lo que aparec¨ªa en el anteproyecto. Otros actores vemos con preocupaci¨®n que el cumplimiento de los objetivos de la ley pueda quedar, por esta v¨ªa, un tanto diluido, condicionado a la voluntad de cada empresa.

Suficiente presupuesto para poner en marcha la ley

Desplegar el conjunto de medidas que permitan reducir en un 50% el desperdicio alimentario antes de 2030 (meta comprometida en la Agenda 2030 y en la Uni¨®n Europea) requiere una suficiente dotaci¨®n de recursos. Pero no hay ninguna previsi¨®n al respecto en el anteproyecto. Parece que la idea es seguir funcionando con el mismo presupuesto limitado con el que ha contado el MAPA para la estrategia M¨¢s alimento, menos desperdicio y esperar que las Comunidades Aut¨®nomas y el conjunto de actores de la cadena tambi¨¦n aporten recursos. En esta situaci¨®n, la ley nacer¨¢ condenada al fracaso respecto a sus objetivos previstos, aunque pueda conseguir algunos avances.

El desperdicio alimentario es un gran iceberg del que solo alcanzamos a ver una peque?a parte de su tama?o y de sus implicaciones. En esta ley nos jugamos mucho m¨¢s de lo que a primera vista podamos pensar; debajo hay graves problemas de sostenibilidad: grandes emisiones asociadas de gases de efecto invernadero, el consiguiente agravamiento del cambio clim¨¢tico, degradaci¨®n de suelos, deforestaci¨®n, escasez de agua, p¨¦rdida de humedales, p¨¦rdida de biodiversidad... Y el aumento del precio de los alimentos que contribuyen al hambre y empobrecimiento de las poblaciones m¨¢s vulnerables.