Cinco acciones que la ¡®ley mordaza¡¯ sanciona desde el 1 de julio

La cuenta atr¨¢s acaba. Este mi¨¦rcoles ha entrado en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, impuesta por el Gobierno pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de colectivos sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las cr¨ªticas de organismos europeos han logrado frenarla. "Las manifestaciones ser¨¢n m¨¢s libres porque estar¨¢n protegidas de los violentos", aseguran los populares. Frente a esas palabras, las de la oposici¨®n, que acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial": principalmente, porque las fuerzas de seguridad tendr¨¢n ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez. Toda una bater¨ªa de medidas que se han rebautizado popularmente como Ley Mordaza. Estas son cinco acciones que esta normativa limitar¨¢ a partir del 1 de julio:

Manifestarse junto al Congreso y el Senado

El texto aprobado considera una infracci¨®n cualquier "perturbaci¨®n grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos auton¨®micos, aunque los representantes p¨²blicos no est¨¦n reunidos en ese momento. "Pero qu¨¦ es y qu¨¦ no es perturbar la seguridad ciudadana", se pregunta Greenpeace, que denuncia c¨®mo esa decisi¨®n quedar¨¢ al "arbitrio" de la polic¨ªa. Esta medida coincide con la aparici¨®n de movimientos como Rodea al Congreso.

Fotografiar a polic¨ªas

Las c¨¢maras de v¨ªdeo se han multiplicado en las manifestaciones durante los ¨²ltimos a?os. Y las redes sociales se han convertido en el instrumento utilizado para difundir grabaciones, que han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes. Toda esta pr¨¢ctica se complica a partir del 1 de julio. La Ley Mordaza sanciona ¡°el uso no autorizado de im¨¢genes o datos personales o profesionales¡± de polic¨ªas ¡°que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el ¨¦xito de una operaci¨®n¡±. Una limitaci¨®n que ha denunciado Amnist¨ªa Internacional: ¡°Captar im¨¢genes de la polic¨ªa, ya lo hicieran periodistas u otras personas con c¨¢maras o tel¨¦fonos m¨®viles, ha ayudado en ocasiones a difundir informaci¨®n sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la polic¨ªa¡±.

Parar un desahucio

¡°En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar pr¨¢cticas tan normalizadas como parar un desahucio¡±, se?ala la PAH, uno de los colectivos m¨¢s activos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que el PP lleg¨® a acusar de ¡°coquetear con organizaciones pr¨®ximas al terrorismo¡± etarra. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana dificultar¨¢ la acci¨®n de sus activistas, ya que permite a la polic¨ªa sancionar a aquellos que ¡°obstruyan a cualquier autoridad, empleado p¨²blico o corporaci¨®n oficial en el cumplimiento o la ejecuci¨®n de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales¡±.

Protestar en las alturas

Un art¨ªculo de la Ley Mordaza lo deja bien claro. Los agentes multar¨¢n ¡°el escalamiento de edificios o monumentos sin autorizaci¨®n cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen da?os a las personas o a los bienes¡±. ¡°Este art¨ªculo parece haber sido redactado espec¨ªficamente para prohibir y perseguir los actos p¨²blicos que Greenpeace realiza bas¨¢ndose en el derecho a la libertad de expresi¨®n¡±, subraya la ONG en el informe que elabor¨® contra la normativa aprobada por el PP. ¡°En este caso, la comisi¨®n de la infracci¨®n tiene lugar sin necesidad de que se produzca ni alteraci¨®n del orden p¨²blico, ni da?o a la seguridad ciudadana¡±, remacha el colectivo. La imposici¨®n de la sanci¨®n se someter¨¢, bajo criterio policial, ¨²nicamente a la existencia de un ¡°riesgo¡±.

La resistencia pac¨ªfica y las sentadas

La Ley Mordaza ha puesto fecha de caducidad, seg¨²n recalcan las ONG, a la resistencia pac¨ªfica. La nueva normativa otorga a la polic¨ªa la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares p¨²blicos una vez lo ordene "la autoridad competente". Tambi¨¦n sanciona "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones".