Las caras de la exclusi¨®n sanitaria
Organizaciones sociales recopilan m¨¢s de 1.500 casos de personas sin asistencia Entre los afectados hay embarazadas, menores de edad y pacientes en urgencias
"Es pat¨¦tico que te digan que como no tiene papeles espa?oles no van a atender a un beb¨¦", relata a la c¨¢mara Carolina Gonz¨¢lez, espa?ola de 35 a?os, casada con un ecuatoriano y residente en Santiago de Compostela. Mar¨ªa y Jos¨¦ Salvetti, que viven en Tenerife, cuentan: "Pese a ser residentes legales en Espa?a no tenemos acceso ni a medicinas ni a sanidad". Natalia Duffy, de 40 a?os, doble nacionalidad espa?ola y argentina, se emociona al recordar a su padre fallecido tras pasar a?o y medio sin asistencia sanitaria en Espa?a: "Al no tener seguimiento m¨¦dico, se deterior¨® a pasos agigantados".
Son personas "con nombre y apellido", han recordado hoy representantes de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organizaciones, que en los ¨²ltimos a?os han visto vulnerado su derecho a la salud. En total, esta red ha documentado m¨¢s de 1.500 casos de personas que han tenido problemas para acceder a la sanidad p¨²blica espa?ola en el ¨²ltimo a?o y medio. Entre ellos, tambi¨¦n menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia, supuestos incluidos en el real decreto de 2012 que excluy¨® a los inmigrantes en situaci¨®n irregular de la asistencia normalizada. Ilegalidades, por tanto.
Las organizaciones tambi¨¦n han documentado casos graves a los que los centros sanitarios pusieron problemas para ser tratados: 31 de c¨¢ncer, 38 por problemas de coraz¨®n, 62 de diabetes, 27 de salud mental y 28 casos "potencialmente mortales si no reciben el tratamiento sanitario adecuado". El informe relata que han encontrado personas con VIH que llevaban meses o a?os recibiendo tratamiento antirretroviral y seguimiento m¨¦dico a su enfermedad y que tras perder su empleo perdieron tambi¨¦n la posibilidad de continuar con su tratamiento.
O de pacientes con diagn¨®sticos de c¨¢ncer que no pueden hacer frente al coste de las pruebas complementarias o el tratamiento oncol¨®gico. Personas con enfermedad renal avanzada que no reciben tratamiento y, receptores de trasplantes a quienes se les impide el seguimiento en consulta y el tratamiento inmunosupresor, con el consecuente riesgo de p¨¦rdida del ¨®rgano trasplantado.
Vuelta a la universalidad
Seis meses empadronados, falta de recursos (m¨¢ximo 532 euros mensuales por unidad familiar) y no tener otro seguro o un tercero obligado al pago (el pa¨ªs de origen, por ejemplo). Son los requisitos para dar asistencia sanitaria p¨²blica a los inmigrantes en situaci¨®n irregular que el Ministerio de Sanidad plante¨® a las comunidades el 2 de septiembre. El ministro, Alfonso Alonso, dio 15 d¨ªas a las autonom¨ªas para presentar sus comentarios. Pasado el plazo ¡ªaunque ayer Sanidad dijo que eran 15 d¨ªas laborables, no naturales¡ª, solo Murcia y Madrid han enviado valoraciones.
La Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a explic¨® que ha enviado al ministerio una descripci¨®n detallada de los procedimientos que emplean para atender a los sin papeles y unas propuestas "que est¨¢n en la misma l¨ªnea" del plan del ministerio, seg¨²n un portavoz.
Las comunidades socialistas van a seguir insistiendo en que la propuesta de Alonso no es m¨¢s que un parche y volver¨¢n a pedir la derogaci¨®n del real decreto 16/2012. ¡°Mandaremos un texto, pero ser¨¢ para pedir la derogaci¨®n¡±, dijo ayer Castilla-La Mancha.
La Consejer¨ªa de Sanidad andaluza declin¨® confirmar si piensa enviar comentarios al ministerio por "lealtad institucional" hacia el Ministerio de Sanidad y que esperar¨¢n a pr¨®ximas reuniones.
El PP volvi¨® a votar el mi¨¦rcoles en el Congreso contra la propuesta del PSOE de dar cobertura universal.
Muchos de los casos, recogidos por organizaciones como M¨¦dicos del Mundo entre enero de 2014 y julio de 2015, se registraron cuando algunas comunidades aut¨®nomas ya hab¨ªan puesto en marcha medidas para atender a los sin papeles, ha explicado en rueda de prensa Sagrario Mart¨ªn, presidenta de M¨¦dicos del Mundo. "El real decreto se puso en marcha de forma tan confusa que su desarrollo multiplic¨® los efectos negativos de la exclusi¨®n. Cada comunidad hac¨ªa una cosa distinta. Incluso en una misma ciudad, un centro hac¨ªa cosas diferentes del de al lado", ha se?alado.
Un 73% de los casos recogidos por la red proceden de autonom¨ªas donde existen programas sanitarios o normativa auton¨®mica espec¨ªfica para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria, seg¨²n el informe presentado este jueves. Algo que, a juicio de Mart¨ªn, ejemplifica el caos que gener¨® el real decreto 16/2012.
REDER ha documentado 109 menores de edad a quienes se deneg¨® la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias (que incluyen desde negaci¨®n de atenci¨®n a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, es decir, incumplimientos del real decreto aprobado por la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato. Son problemas, han explicado representantes de REDER, de confusi¨®n y de falta de informaci¨®n que han padecido los propios trabajadores de los centros de salud.
El actual ministro, Alfonso Alonso, present¨® hace 15 d¨ªas a las comunidades aut¨®nomas un plan para homogeneizar en todas ellas la atenci¨®n que se ofrece a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. Las organizaciones que forman parte de REDER creen que no es suficiente. "La ¨²nica consistente es la vuelta a la sanidad universal", ha dicho Mart¨ªn. La vicepresidenta de la Sociedad Espa?ola? de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Mar¨ªa Fern¨¢ndez, tambi¨¦n ha pedido la "derogaci¨®n" de esta normativa.???
Sin tr¨¢mite parlamentario
El real decreto 16/2012 se tramit¨® sin debate parlamentario. El Gobierno adujo que era urgente aprobarlo para saltarse el tr¨¢mite en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo nunca present¨® estudios previos que justificaran su puesta en marcha ni ha elaborado posteriormente informes sobre el ahorro que gener¨® o sus consecuencias en la salud de la poblaci¨®n.
Ni siquiera se conoce el n¨²mero de personas afectadas, ya que en estos tres a?os el Gobierno ha ofrecido cifras diferentes. Un documento oficial enviado a Bruselas en abril de 2013 cuantific¨® que 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en Espa?a hab¨ªan sido dadas de baja. Se desconoce cu¨¢ntos eran ciudadanos de la Uni¨®n Europea o personas sin recursos procedentes de pa¨ªses tradicionalmente migratorios. El Ministerio de Sanidad sigue asegurando que no lo sabe.?
No es turismo sanitario
Tanto Mart¨ªn como Fern¨¢ndez pidieron que no se confunda la atenci¨®n sanitaria a inmigrantes en situaci¨®n irregular o a personas que carecen de recursos econ¨®micos con el turismo sanitario. Cortar de ra¨ªz con la pr¨¢ctica de algunos extranjeros sin problemas econ¨®micos que prefer¨ªan operarse o seguir alg¨²n tratamiento en Espa?a fue una de las justificaciones que dio el Gobierno para aprobar el real decreto y la ¨²nica que repiten actualmente los responsables de Sanidad.
Sin embargo, en 2012 la exministra de Sanidad Ana Mato justific¨® el cambio, que dejaba fuera del sistema a quien no tuviera residencia legal en Espa?a, aduciendo los abusos de quienes traen a sus familiares exclusivamente para recibir tratamientos m¨¦dicos. Mato tambi¨¦n reconoci¨® que esperaba ahorrar unos 500 millones de euros con la medida. Ese supuesto ahorro nunca se ha evaluado. Los expertos en salud p¨²blica y econom¨ªa de la salud afirman que es menos eficiente, y por tanto m¨¢s caro, no hacer seguimiento en primaria, que incluye la prevenci¨®n, y dejar que los problemas de salud se agraven hasta que entren al sistema por la v¨ªa de las urgencias.
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