Asesinadas sin dar la voz de alarma
El 81% de las muertas por violencia machista en 2018 no hab¨ªa presentado denuncia. Es el porcentaje m¨¢s alto desde que existen datos y obliga a buscar alternativas
Ninguna de las tres ¨²ltimas asesinadas en apenas 24 horas por violencia machista hab¨ªa denunciado a su agresor. Las Administraciones piden a las mujeres que alerten. El n¨²mero de denuncias ha crecido a?o tras a?o, pero no entre las v¨ªctimas m¨¢s graves. El 81% de las muertas de 2018 (13 de 16) no fueron a la comisar¨ªa ni al juzgado. Es el porcentaje m¨¢s alto desde que se empez¨® a contabilizar en 2006, aunque nunca ha bajado del 60%.
El miedo a quedar en desamparo y sin recursos ¡ªque en muchos casos se convierte en realidad porque las ayudas mensuales posibles rondan los 400 euros¡ª, el pavor a un largo proceso judicial en el que se sienten cuestionadas, la destrucci¨®n de la autoestima y la falta de respuesta de quienes deben velar por su seguridad est¨¢n detr¨¢s de su silencio. Especialistas consultados ¡ªuna abogada, un trabajador social que asiste a las v¨ªctimas en un juzgado, una m¨¦dica que hace detecci¨®n precoz en su ambulatorio¡ª reclaman m¨¢s formaci¨®n entre quienes las atienden y, sobre todo, otras formas de detectar el riesgo que no recaigan solo en la denuncia.
Rosa Gonz¨¢lez es m¨¦dica del ambulatorio Salvador Pau de Valencia. All¨ª sigue un programa de detecci¨®n precoz desde hace m¨¢s de 15 a?os. Su comunidad es pionera en este modelo, que no est¨¢ generalizado en Espa?a. Ella habla con sus pacientes de h¨¢bitos alimentarios, de dolores y tambi¨¦n de violencia. El ¨²ltimo caso que detect¨® fue el de una mujer que acudi¨® por una infecci¨®n de orina. Averigu¨® con los an¨¢lisis y las conversaciones que su novio la violaba, aunque ella ni siquiera consideraba que eso estuviera mal.
El Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero, aprobado el pasado septiembre y heredado por el PSOE en el nuevo Gobierno sin ninguna medida en marcha, incluye protocolos de detecci¨®n precoz en el ¨¢mbito sanitario yunidades de apoyo en los Ayuntamientos, para que sea la Administraci¨®n la que encuentre a la v¨ªctima y no al rev¨¦s. Sof¨ªa Casta?¨®n, diputada de Podemos, se?ala que este gran acuerdo, que su partido no respald¨® por considerarlo insuficiente, incluye solo recomendaciones ¡°que el legislativo o el ejecutivo tienen que poner en marcha despu¨¦s¡±. El PSOE prometi¨® ¡°cumplir y m¨¢s que cumplir¡± el acuerdo, en palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Una portavoz de la Secretar¨ªa de Estado de Igualdad, que acaba de asumir Soledad Murillo, indica que las medidas est¨¢n pendientes de desarrollo. Y, la parte m¨¢s dif¨ªcil, requieren de la implicaci¨®n directa de comunidades y Ayuntamientos para que surtan efecto.
La abogada Amparo D¨ªaz, especialista en maltrato, demanda una formaci¨®n mejor de jueces y del resto de actores del proceso, otra medida recogida en el pacto. Atiende a muchas mujeres, aunque no todas van al juzgado: ¡°No conozco ni una sola que no haya dudado sobre si denunciar o no¡±. Agust¨ª Sapyna, trabajador social en Sueca (Valencia), lleva m¨¢s de una d¨¦cada trabajando con las v¨ªctimas a las que acompa?a en el proceso judicial. Pide que el sistema les ofrezca m¨¢s certidumbre: ¡°Tienen miedo a un futuro desconocido, a no saber qu¨¦ les va a pasar si alertan de lo que sufren¡±.
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