El calvario judicial de los menores v¨ªctimas de abuso sexual: obligados a declarar hasta cuatro veces

Primero lo sufren. Y luego tienen que contarlo. No solo una vez, sino hasta cuatro. El ¨²ltimo informe sobre abusos sexuales a menores de Save The Children, en el que analizan 394 sentencias judiciales con delitos de este tipo entre 2019 y 2020 en Espa?a, concluye que durante el procedimiento, ni?os y ni?as se ven obligados a contar de media cuatro veces lo que les ha ocurrido, exponi¨¦ndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio, pues l...

Primero lo sufren. Y luego tienen que contarlo. No solo una vez, sino hasta cuatro. El ¨²ltimo informe sobre abusos sexuales a menores de Save The Children, en el que analizan 394 sentencias judiciales con delitos de este tipo entre 2019 y 2020 en Espa?a, concluye que durante el procedimiento, ni?os y ni?as se ven obligados a contar de media cuatro veces lo que les ha ocurrido, exponi¨¦ndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio, pues las declaraciones pueden acabar siendo incoherentes o contradictorias.

Se calcula que entre un 10% y un 20% de la poblaci¨®n en Espa?a ha sufrido alg¨²n tipo de abuso sexual durante su infancia. El director general de Save the Children, Andr¨¦s Conde, ha se?alado este jueves en la presentaci¨®n del an¨¢lisis de las sentencias que esa estimaci¨®n supone que ¡°entre 800.000 y 1,6 millones de menores son v¨ªctimas de abuso sexual¡±. Seg¨²n el Ministerio del Interior, en 2020 algo m¨¢s de la mitad de denuncias por delitos contra la libertad sexual (50,8%) ten¨ªan como v¨ªctima a ni?os, ni?as y adolescentes. Y estos ¨²ltimos son datos que pueden representar solo la punta del iceberg, ya que se considera que solo el 15% de los casos llegan a denunciarse.

Con motivo del D¨ªa Mundial de la Infancia, que se celebra el s¨¢bado 20 de noviembre, Save the Children alerta en su ¨²ltimo trabajo sobre esta dura realidad y el calvario judicial a?adido que conlleva. De su an¨¢lisis se desprende que la edad media en la que los ni?os y las ni?as comienzan a sufrir abusos sexuales es muy temprana, a los 11 a?os y medio, y que un 44,7% se producen entre los 13 y los 16. Tambi¨¦n infiere que la mayor¨ªa (78,9%) de las v¨ªctimas son ni?as y chicas adolescentes, y que alrededor del 84% de los abusadores son conocidos. Entre los espacios m¨¢s comunes destaca el entorno familiar con casi la mitad (49,5%), siendo las figuras del padre y del padrastro las m¨¢s frecuentes. Adem¨¢s, solo en el 12,5% de los casos el agresor tiene antecedentes.

Alexandra Membrive (Barcelona, 48 a?os) fue abusada sexualmente por una persona cercana a la familia desde los siete hasta los nueve a?os. Mucho despu¨¦s, un d¨ªa hablando con su pareja sobre un regalo, record¨® algo que su cerebro hab¨ªa bloqueado: la cocina de la Barriguitas, el obsequio que su abusador le hizo para comprar su silencio. Ten¨ªa 33 a?os, y fue la primera vez que lo cont¨®. Nueve meses m¨¢s tarde, se lo comunic¨® a su madre, que la crey¨® al momento. En la mayor¨ªa de los casos, admite Membrive, no es as¨ª. ¡°Yo tuve suerte, pero hay ni?os y ni?as que son traicionados tanto por el victimario como por la familia, que en teor¨ªa tiene que proteger y cuidar¡±. Ahora, es presidenta de la asociaci¨®n El Mundo de los ASI, integrada por personas adultas que han sufrido abusos sexuales en la infancia. ¡°Si dan el paso de denunciar son traicionados otra vez¡±, lamenta. Membrive se?ala que la segunda traici¨®n viene por un sistema que no los atiende como es debido, pues se inicia un proceso judicial ¡°doloros¨ªsimo¡± para la v¨ªctima.

En tres de cada cuatro casos analizados por Save The Children no se practic¨® la prueba preconstituida ¡ªgrabar durante la fase de instrucci¨®n el testimonio del ni?o o de la ni?a para evitar tener que acudir en persona al juicio¡ª, que ahora es obligatoria para todos los menores de 14 a?os seg¨²n la ley org¨¢nica de protecci¨®n de la infancia y la adolescencia que se aprob¨® en mayo. Sobre esta normativa, Membrive dice que es ¡°insuficiente¡±. ¡°Ser¨¢ suficiente cuando no haya prescripci¨®n, como ocurre en el Reino Unido¡±, aclara.

¡°El dolor de no ser cre¨ªdo¡±

¡°Lo peor es el doble dolor que sufren algunos ni?os. El dolor por ser v¨ªctima y el dolor por no ser cre¨ªdo¡±, lamenta Membrive, que transform¨® esa aflicci¨®n en resiliencia: ¡°Cuando le cont¨¦ a mi madre lo de los abusos, y me crey¨® y me apoy¨®, le dije: ¡®No s¨¦ qu¨¦ voy a hacer con mi vida, pero tengo claro que voy a hablar del abuso sexual infantil hasta que me muera¡¯¡±. Desde su organizaci¨®n, hace especial hincapi¨¦ en la prevenci¨®n. ¡°Mi madre se sent¨ªa culpable. Lamentaba haberme ense?ado a no fiarme de desconocidos, pero no de personas cercanas¡±, recuerda. ¡°Hay que romper el silencio. Hay veces que en las familias las violencias se van pasando de generaci¨®n en generaci¨®n. Mi abuelo era producto de un abuso sexual, y mi padre sufri¨® abusos por parte de una mujer. Hasta que alguien habla. Para eso, es important¨ªsima la prevenci¨®n¡±, concluye.

Seg¨²n el an¨¢lisis de Save the Children, la mayor¨ªa de los profesionales ¡ªjueces, abogados, fiscales, m¨¦dicos, psic¨®logos, forenses, cuerpos y fuerzas de seguridad¡­¡ª que intervienen en el proceso judicial no tienen formaci¨®n especializada en derechos de infancia y en violencia contra menores. Tampoco hay espacios amigables para que los menores puedan prestar su testimonio de forma respetuosa. Aunque las c¨¢maras Gesell ¡ªel testigo habla con un psic¨®logo en una sala desde donde no puede ver a nadie pero s¨ª ser visto por todos los actores jur¨ªdicos¡ª han sido un avance, siguen estando dentro de los juzgados, espacios con connotaciones negativas para ellos. Para la ONG, el modelo Barnahus (Casa de los Ni?os) es un progreso. Es un espacio en el que est¨¢n integrados los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales, para atender a las v¨ªctimas en un mismo lugar.

En cuanto a la duraci¨®n de los procesos judiciales, el an¨¢lisis aprecia una mejora respecto a a?os anteriores: un 63% de los casos estudiados entre 2019 y 2020 no duraron m¨¢s de dos a?os, mientras que en el informe previo de Save the Children de 2017, Ojos que no quieren ver, la media de duraci¨®n era de tres a?os. Con todo, sigue habiendo procesos que superan los cinco a?os lo que demuestra que a¨²n queda margen de mejora.

La ONG reclama que se aborde de forma urgente la especializaci¨®n judicial y fiscal en violencia contra la infancia y la creaci¨®n de una Fiscal¨ªa espec¨ªfica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos donde existan v¨ªctimas. La ley de protecci¨®n de la infancia contempla que, en el primer a?o tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debe enviar a las Cortes un proyecto de ley con la especializaci¨®n de los juzgados.