Los pol¨¦micos argumentos de la sentencia que ha dejado a dos polic¨ªas en la calle tras violar a una chica de 18 a?os

El pacto judicial por el que dos polic¨ªas municipales de Estepona, en M¨¢laga, est¨¢n en la calle despu¨¦s de haber violado a una chica de 18 a?os vestidos de uniforme ha generado indignaci¨®n en la ciudadan¨ªa y sorpresa en el mundo jur¨ªdico. El acuerdo entre las partes (la acusaci¨®n particular que la representa a ella, la Fiscal¨ªa y la defensa) ha permitido que los agentes, ...

El pacto judicial por el que dos polic¨ªas municipales de Estepona, en M¨¢laga, est¨¢n en la calle despu¨¦s de haber violado a una chica de 18 a?os vestidos de uniforme ha generado indignaci¨®n en la ciudadan¨ªa y sorpresa en el mundo jur¨ªdico. El acuerdo entre las partes (la acusaci¨®n particular que la representa a ella, la Fiscal¨ªa y la defensa) ha permitido que los agentes, que drogaron y abusaron de la joven en 2018 seg¨²n los hechos probados de la sentencia, se hayan librado de la prisi¨®n a cambio de una indemnizaci¨®n de 80.000 euros a la v¨ªctima y un curso de educaci¨®n sexual, adem¨¢s de haber quedado apartados de las funciones policiales, seg¨²n fuentes municipales. EL PA?S ha consultado con un grupo de expertos y juristas los argumentos de la pol¨¦mica sentencia de conformidad, dictada en mayo y conocida el mi¨¦rcoles:

El giro de la Fiscal¨ªa

Los expertos consultados cuestionan el papel del Ministerio Fiscal al aceptar el acuerdo de conformidad entre las partes. M¨¢s all¨¢ de que la propia v¨ªctima ¡ªa trav¨¦s de su representaci¨®n legal¡ª debe estar de acuerdo, como en este caso ha ocurrido, dudan de por qu¨¦ el fiscal acept¨® pasar de una petici¨®n de 30 a?os de c¨¢rcel para los condenados a solo dos. Fuentes de la Fiscal¨ªa de Andaluc¨ªa han explicado que han aceptado el acuerdo siguiendo la petici¨®n de la abogada de la v¨ªctima, que sostuvo que su representada no quer¨ªa que el juicio ¡ªcon potencial de ser muy medi¨¢tico¡ªse celebrase. Quer¨ªa evitar tanto una posible revictimizaci¨®n como revivir todo lo sufrido, ya que los hechos le causaron un trastorno postraum¨¢tico del que tuvo que ser tratada. Es lo que ha ratificado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), Lorenzo del R¨ªo, que ha apuntado que las partes llegaron a un acuerdo que la Fiscal¨ªa acept¨®. A partir de ah¨ª, el juez ¡°no puede condenar por m¨¢s de lo que le pidan las partes¡±. Es decir, los dos a?os que aceptaron los condenados, que se libraron del juicio.

¡°El problema es que no es un hecho que ha afectado solo a una persona, no es solo un delito del ¨¢mbito privado, va m¨¢s all¨¢, hasta el inter¨¦s p¨²blico¡±, afirma la presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez. Es el mismo argumento que apunta el presidente de la sala, Pedro Molero, que emiti¨® un voto particular contra el fallo en la ejecutoria de mayo: ¡°No estamos en un ¨¢mbito privado sino en un ¨¢mbito de marcado inter¨¦s p¨²blico en donde est¨¢n comprometidos valores muy importantes, se?aladamente el general de toda sociedad de prevenir la comisi¨®n de delitos como es el que ha sido objeto de condena y el particular de defensa y protecci¨®n de la mujer y de su capacidad de decisi¨®n¡±. Adem¨¢s, otras fuentes jur¨ªdicas se?alan que fiscal y juez podr¨ªan haber puesto en marcha f¨®rmulas ya existentes para evitar la revictimizaci¨®n que puede suponer un juicio con potencial, efectivamente, de ser muy medi¨¢tico. Se puede proteger a la mujer haciendo que testifique por videoconferencia, con ayuda de psic¨®logos especializados, evitando la confrontaci¨®n visual con los acusados y tomar medidas para preservar su intimidad.

Los especialistas consultados, incluidos dos fiscales, afirman que en el caso de delitos sexuales, los acuerdos de conformidad se suelen dar cuando la v¨ªctima es un menor ¡ªsobre todo si es de corta edad, para que no tenga que revivir lo ocurrido¡ª o cuando apenas hay pruebas s¨®lidas donde, al final, todo se resume en las versiones del acusado y la v¨ªctima, sin m¨¢s testigos ni pruebas m¨¦dicas. Otros creen que el acuerdo en este caso puede deberse a que el delito juzgado es semip¨²blico y que para ser perseguido debe ser denunciado. As¨ª, la Fiscal¨ªa podr¨ªa haber aceptado la reducci¨®n de pena hasta los dos a?os ¡ªadem¨¢s de la inhabilitaci¨®n y la indemnizaci¨®n¡ª ante la posibilidad de que la v¨ªctima retirase la denuncia. ¡°Aun as¨ª, la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal sigue siendo incomprensible¡±, afirman fuentes jur¨ªdicas.

Abuso en lugar de agresi¨®n sexual

Ambos polic¨ªas son condenados por abuso sexual, en lugar de agresi¨®n sexual. El art¨ªculo 181.3 del C¨®digo Penal, el que contempla el abuso, recoge que cuando ¡°consista en acceso carnal por v¨ªa vaginal, anal o bucal, o introducci¨®n de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras v¨ªas, el responsable ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de cuatro a diez a?os¡±. Es decir, en este caso, a¨²n con el abuso, deber¨ªan haber sido condenados al menos a cuatro a?os cada uno de los acusados. Diferentes fuentes se?alan que el hecho de que el juez Molero no estuviera de acuerdo con la sentencia con un voto particular muestra hasta qu¨¦ punto era controvertida la soluci¨®n. Tambi¨¦n es controvertido, seg¨²n una jueza consultada que pide figurar sin nombre, que para llegar a la conformidad cambiaran el tipo penal, pasando de considerarlo agresi¨®n sexual ¡ªque fue por lo que inicialmente la Fiscal¨ªa hab¨ªa solicitado 30 a?os¡ª a abuso. ¡°Es como convertir un asesinato en lesiones para llegar a un acuerdo¡±, se?ala esta fuente. ¡°Se ha recurrido a determinados instrumentos para terminar matem¨¢ticamente dejando en la calle a estos sujetos¡±, a?ade una docente de Derecho Penal.

Una atenuante discutida

?Y cu¨¢les son esos instrumentos? Uno de ellos es que la sentencia ¡ªdictada a partir del acuerdo entre las partes¡ªconsidera como atenuante el pago de la responsabilidad civil. El tribunal aprecia que el hecho de que los condenados hayan pagado los 80.000 euros de la indemnizaci¨®n supone ¡°una reparaci¨®n del da?o muy cualificada¡±. Esa atenuante permite aplicar la pena de un delito ¡ªen este caso la de abusos, de 4 a 10 a?os¡ª en uno o dos grados menos, lo que aqu¨ª supuso dejarla en dos a?os en un ejercicio de ¡°ingenier¨ªa jur¨ªdica¡±, seg¨²n lo define una de las fuentes consultadas. Sin embargo, esta atenuante es uno de los factores que, precisamente, pone en duda el presidente de la secci¨®n octava. ¡°Nada m¨¢s lejos de la realidad¡±, sostiene Molero, quien a?ade que el dinero no lo han pagado los condenados, sino sus padres.

¡°Adem¨¢s, el mensaje que se manda es que las agresiones y la violencia sobre el cuerpo de la mujer se resuelven con dinero. Es grave y preocupante porque cuesta creer que otros delitos se arreglen solo con un pago econ¨®mico¡±, sostiene Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y delegado del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero entre 2009 y 2011. ¡°Ma?ana habr¨¢ una violaci¨®n y el acusado podr¨¢ pensar: no pasa nada porque salir impune de esto es cuesti¨®n de dinero¡±, subraya el experto. ¡°La sensaci¨®n de impunidad que genera a nivel social es muy grave¡±, insiste Pino de la Nuez.

Agravantes ignorados

Los diversos especialistas consultados hablan de que se deber¨ªan haber tenido en cuenta varias posibles agravantes en la sentencia. La primera, la de abuso de superioridad. La sentencia recoge como hechos probados que los agentes tuvieron dos encuentros con la v¨ªctima. ¡°Cuando los dos acusados abordan por primera vez a los tres j¨®venes [la v¨ªctima y dos amigos, en un control de alcoholemia de madrugada], se encontraban uniformados, de servicio, en veh¨ªculo oficial y en el ejercicio de las funciones propias de su cargo¡±. Posteriormente se presentaron en la vivienda de la joven con su uniforme sin que la v¨ªctima requiriera su presencia y, seg¨²n la sentencia, uno la penetr¨® vaginalmente ¡°bajo la situaci¨®n de superioridad que la condici¨®n de polic¨ªa le otorgaba¡±. Si se hubiera considerado esa agravante se tendr¨ªa que haber establecido la pena por abuso en su horquilla superior, con m¨¢s de siete a?os.

Tambi¨¦n se podr¨ªa haber tenido en cuenta la agravante de intimidaci¨®n ambiental. ¡°La situaci¨®n de intimidaci¨®n es tan grande y objetiva que hasta la otra chica que hab¨ªa en la vivienda sale corriendo de all¨ª para pedir ayuda¡±, afirma Lorente. El tercero ser¨ªa el de prevalimiento de funci¨®n p¨²blica, ya que la chica ¡ªcomo se consider¨® probado en la sentencia¡ª se sent¨ªa confusa porque ni siquiera sab¨ªa c¨®mo decir no a dos agentes policiales que hab¨ªan llegado hasta el interior de su vivienda.

?Sin riesgo de reincidencia?

Otro debate surge alrededor de la concesi¨®n de la suspensi¨®n de la pena por parte del tribunal, que no cree que exista riesgo de reincidencia de los condenados. Sin embargo, el voto particular de Pedro Molero que incluye el documento refleja que ¡°proced¨ªa denegar la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la pena de prisi¨®n impuesta¡± precisamente porque no cabe descartar que los condenados vuelvan a actuar de nuevo como hicieron en verano de 2018 en Estepona. No hay ¡°dato alguno que permita realizar un pron¨®stico de escasa probabilidad de que ninguno de los penados vuelva a cometer hechos de similar naturaleza en el futuro¡±, escribe Molero. Tambi¨¦n Miguel Lorente cree que la reincidencia es posible porque la violencia sexual ¡°es un problema de poder, no de sexo¡±. ¡°El agresor no busca una relaci¨®n, busca satisfacer una relaci¨®n de poder a trav¨¦s del sexo¡±, insiste el forense, que cree que por eso el curso de educaci¨®n sexual al que se someter¨¢n los condenados no servir¨¢ de nada. ¡°Creer que eso va a subsanar parte de lo ocurrido es pensar que somos tontos¡±, subraya. ¡°A estos se?ores, por llamarlos de alguna manera, el curso de educaci¨®n sexual no les va a servir de nada¡±, insisten desde Themis.

Otras fuentes creen que jam¨¢s deber¨ªa haberse otorgado la suspensi¨®n de pena porque los miembros de la secci¨®n octava deber¨ªan haber tenido en cuenta una serie ¡°de datos importantes¡±. Uno de los principales es que los autores sean dos polic¨ªas y uniformados. ¡°Es un atentado contra la libertad sexual de la v¨ªctima, pero tambi¨¦n est¨¢n comprometiendo al Estado en su actuaci¨®n. El Ministerio Fiscal no deber¨ªa quedarse conforme con esa pena y mucho menos con la suspensi¨®n. Creo que van demasiado lejos¡±, afirma una experta en Derecho Penal.

Los ayuntamientos de Estepona y Puertollano ¡ªdel que depende uno de los agentes, que estaba en 2018 de comisi¨®n de servicio en la Costa del Sol¡ª los han privado de sus cargos de funcionario, seg¨²n fuentes de ambos municipios.

M¨¢s seguridad para las v¨ªctimas

Por ¨²ltimo, la presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis cree que el caso deja en evidencia que la justicia a¨²n no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada y eficaz a las v¨ªctimas de violencia sexual. ¡°Estos hechos cambian la vida de las v¨ªctimas, ya no son las mismas personas, suponen traumas. Y el proceso sigue siendo un calvario que dura muchos a?os y que las obliga a revivir lo ocurrido una y otra vez¡±, explica la m¨¢xima Pino de la Nuez. Desde la noche en que sucedieron los hechos, en junio de 2018, hasta la fecha en la que se iban a juzgar, el pasado mes de abril, han pasado casi cuatro a?os. ¡°Y las v¨ªctimas lo ¨²nico que quieren es que la justicia sea m¨¢s r¨¢pida, operativa y justa¡±, se?ala.