La ministra de Sanidad, sobre el plan antiabortista de Castilla y Le¨®n: ¡°No vamos a permitir ning¨²n retroceso¡±

Las medidas para reducir los abortos que el vicepresidente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Juan Garc¨ªa-Gallardo (Vox), ha presentado este jueves han causado un terremoto pol¨ªtico ante lo que se ha entendido como una amenaza de retroceso en los derechos de las mujeres. La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, ha sido clara: ¡°Este Gobierno de progreso defender¨¢ los derechos de las mujeres y no permitir¨¢ ning¨²n retroceso que ate...

Las medidas para reducir los abortos que el vicepresidente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Juan Garc¨ªa-Gallardo (Vox), ha presentado este jueves han causado un terremoto pol¨ªtico ante lo que se ha entendido como una amenaza de retroceso en los derechos de las mujeres. La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, ha sido clara: ¡°Este Gobierno de progreso defender¨¢ los derechos de las mujeres y no permitir¨¢ ning¨²n retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este pa¨ªs¡±, ha declarado a EL PA?S.

Garc¨ªa-Gallardo anunci¨® que el Gobierno auton¨®mico impondr¨¢ a los sanitarios la obligaci¨®n de ofrecer tres opciones a las embarazadas que acudan a abortar: escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecograf¨ªa en 4D y un apoyo a la atenci¨®n psicol¨®gica. A la espera de conocer el detalle de la letra de las medidas que anunci¨® este jueves el Ejecutivo auton¨®mico, la coordinadora de Igualdad del PSOE, Andrea Fern¨¢ndez, consider¨® que ¡°juegan con la integridad y salud de las mujeres¡±.

Posteriormente, este viernes, el PSOE ha emitido un rotundo comunicado rechazando la medida, que ¡°puede suponer la institucionalizaci¨®n en la sanidad p¨²blica de medidas que coaccionar¨ªan y limitar¨ªan la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos¡±. ¡°Recientemente, Espa?a ha aprobado una reforma del C¨®digo Penal para penalizar el acoso que sufren las mujeres en las puertas de las cl¨ªnicas que impuls¨® el PSOE. Es f¨¢cilmente observable que las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y Le¨®n [...] tienen como objetivo introducir dentro del sistema de sanitario p¨²blico el control y el hostigamiento que antes se produc¨ªa en los alrededores de los centros sanitarios¡±, se?ala el escrito.

La justificaci¨®n que Garc¨ªa-Gallardo dio para estas medidas es la de crear una v¨ªa para que las gestantes ¡°se sientan acompa?adas y en las mejores circunstancias¡±. Insisti¨® en que ser¨¢ una oferta: que no se obligar¨¢ a las mujeres a escuchar el latido del coraz¨®n del feto, o a una ecograf¨ªa 4D, si no lo desean. Y asegur¨® que estas medidas, anunciadas despu¨¦s del Consejo de Gobierno y derivadas de un acuerdo de coalici¨®n con el PP en el que se pact¨® trazar iniciativas de promoci¨®n de la natalidad y apoyo a las familias, han sido ¡°negociadas y consensuadas¡± con la Consejer¨ªa de Sanidad, encabezada por el popular Alejandro V¨¢zquez.

Desde la direcci¨®n del PP nacional no quisieron este jueves entrar a valorar la medida. Fuentes de G¨¦nova alegan que ¡°no pueden valorar continuamente las decisiones de los gobiernos auton¨®micos¡±, y ponen el acento en que ha sido una iniciativa promovida por Vox.

Pero no tardaron en o¨ªrse voces desde el Ejecutivo se?alando la responsabilidad del PP, que gobierna en coalici¨®n con la ultraderecha en Castilla y Le¨®n. ¡°Lo llaman moderaci¨®n, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feij¨®o. Esto es el PP¡±, escribi¨® en su cuenta de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos). Fuentes de su ministerio advirtieron de que ¡°las medidas podr¨ªan constituir una vulneraci¨®n del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolvi¨¦ndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atenci¨®n eficaz¡±.

Desde Ciudadanos, el procurador de las Cortes de Castilla y Le¨®n y exvicepresidente auton¨®mico Francisco Igea tild¨® el proyecto de ¡°machismo irredento e imposici¨®n moral del Gobierno de Vox¡±. En un escrito que registr¨® en las Cortes, el tambi¨¦n m¨¦dico de profesi¨®n y portavoz de la formaci¨®n en la comunidad record¨® que ni la ecograf¨ªa 4D ni la escucha del latido fetal han sido aprobados ¡°por ninguna sociedad cient¨ªfica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia¡± de la comunidad. Igea arremete tambi¨¦n, en una entrevista con EL PA?S, contra el l¨ªder del PP: ¡°El responsable m¨¢ximo de las medidas antiabortivas es Feij¨®o¡±.

El Ejecutivo auton¨®mico explic¨® que el mecanismo de escucha del coraz¨®n del feto y de sus registros card¨ªacos ser¨¢ ¡°optativo y complementario¡± a las tres ecograf¨ªas que se efect¨²an normalmente. Se llevar¨ªa a cabo entre las semanas seis y nueve de embarazo para que ¡°antes de cualquier decisi¨®n puedan escuchar el latido de su hijo¡±, explic¨® Garc¨ªa-Gallardo. La medida busca que la mujer embarazada tome decisiones de forma ¡°mucho m¨¢s consciente¡± y observe ¡°en tiempo real¡± las caracter¨ªsticas del feto, con ¡°la cabeza, las manos, los pies o los dedos del ni?o gestado¡±. Garc¨ªa-Gallardo, que compareci¨® junto al portavoz de la Junta y titular de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Fern¨¢ndez Carriedo (PP), no dio una fecha concreta para la entrada en vigor del protocolo, pero indic¨® que pretenden que sea temprana.

Un protocolo de dudosa legalidad

El anuncio de Garc¨ªa-Gallardo se limita a una rueda de prensa y una nota: no est¨¢ desarrollado en detalle, no se conoce el protocolo exacto, c¨®mo se aplicar¨¢n las medidas anunciadas, el presupuesto asociado a ellas o qui¨¦nes ser¨¢n los encargados de ofrecer y realizar las pruebas que se ofertan. A falta de conocer el detalle, ya hay expertos que dudan de su encaje jur¨ªdico. Nuria Amarilla, de la asociaci¨®n Juristas de la Salud, considera que habr¨¢ que ver el texto del protocolo para saber hasta qu¨¦ punto se ajusta a derecho. ¡°En principio son las comunidades aut¨®nomas las que tienen que decidir qu¨¦ prestaciones incluyen. Si en la aplicaci¨®n de alguna forma se obstaculiza el derecho al aborto, s¨ª podr¨ªa ser ilegal. O si alguna mujer considera que se ha sentido coaccionada, podr¨ªa denunciarlo. Pero por el momento solo conocemos declaraciones que puede que se queden en nada¡±, se?ala.

Francisca Garc¨ªa, presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas de Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (ACAI), sostiene que estas medidas podr¨ªan estar violando tanto la ley de autonom¨ªa del paciente como la de salud sexual y reproductiva. ¡°Esta ¨²ltima deja claro que la mujer puede interrumpir libremente el embarazo hasta las 14 semanas sin dar explicaciones de ning¨²n tipo. Por supuesto, la mujer puede tener acceso a todas las pruebas que les correspondan y a ayuda psicosocial si ella quiere, pero ofrecerle esto lo ¨²nico que consigue es culpabilizarla y hacerla sufrir¡±, asegura.

En su opini¨®n, las medidas anunciadas son ¡°coercitivas¡± y no sirven para reducir el n¨²mero de abortos: ¡°Lo que se hace es estigmatizar a las mujeres, no evitar el aborto, que no se previene con medidas estigmatizadoras que generan m¨¢s sufrimiento, sino con un acceso universal a anticonceptivos y una adecuada educaci¨®n sexual y reproductiva¡±. Considera que no se puede obligar a los sanitarios a ofrecer estas pruebas, porque su labor es informar sobre la prestaci¨®n sanitaria de la interrupci¨®n del embarazo. Fuentes de la comisi¨®n de deontolog¨ªa de la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC) aseguran que si un m¨¦dico considera que no deben hacerlo, est¨¢n en su derecho a objetar.

Francisca Garc¨ªa entiende que, en todo caso, quien tendr¨ªa que encargarse ser¨ªan los centros que derivan a las pacientes, no las cl¨ªnicas que realizan los abortos. ¡°A ellas las mujeres ya llegan con la decisi¨®n tomada junto a su entorno cercano y no tienen que explicarnos motivos; nosotros simplemente tenemos que acompa?arlas y apoyarlas en su decisi¨®n¡±, sostiene.

Y son, precisamente, las cl¨ªnicas privadas, las que acaban practicando la gran mayor¨ªa de abortos. Seg¨²n el ¨²ltimo anuario sobre Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo del Ministerio de Sanidad (2021), en Castilla y Le¨®n solo hab¨ªa un centro p¨²blico que realizase esta prestaci¨®n, por cuatro privados. La gran mayor¨ªa (97,6%) se practicaron en estos ¨²ltimos, por encima de la media nacional (84,4%).

Nueva ley del aborto

Esta es una realidad que quiere cambiar la nueva ley del aborto, aprobada el pasado 15 de diciembre en el Congreso, pero que todav¨ªa no ha entrado en vigor. Lo que trata de posibilitar esta norma es que las interrupciones del embarazo se realicen en centros p¨²blicos, salvo casos muy excepcionales, justo lo contrario de lo que sucede ahora.

Las otras grandes novedades que traer¨¢ aparejado el nuevo texto es que las adolescentes de 16 y 17 a?os puedan decidir abortar de forma aut¨®noma, as¨ª como la eliminaci¨®n de los tres d¨ªas de reflexi¨®n que por ley ten¨ªan que esperar las mujeres para finalizar con su embarazo, y la supresi¨®n de la entrega de un sobre con informaci¨®n sobre ayudas a la maternidad.

Con estas ¨²ltimas medidas, el Gobierno pretende, precisamente, que las mujeres no se sientan coaccionadas ni influenciadas en la decisi¨®n de interrumpir su embarazo. Es justo lo contrario de lo que alertan voces como la de Francisca Garc¨ªa respecto a la medida que Vox quiere imponer en Castilla y Le¨®n.

Con informaci¨®n de Virginia Mart¨ªnez y Juan Navarro.