Mujeres con discapacidad esterilizadas a la fuerza: ¡°Me operaron sin explicarme nada. Me han destruido¡±

Nunca hab¨ªa hablado del peor d¨ªa de su vida hasta ahora. Ten¨ªa 20 a?os y su madre la llev¨® enga?ada al hospital Universitario de Valme, en Sevilla, donde acab¨® en una mesa de operaciones. Fue el m¨¦dico quien tuvo que explicarle lo que iba a pasar: una operaci¨®n de ligadura de trompas para esterilizarla.

¡°Me dijeron: firma aqu¨ª, y yo ya ve¨ªa borroso por la anestesia¡±, rememora ahora, con 31 a?os. ¡°No sab¨ªa lo que estaba firmando¡±.

Carmen, quien prefiere que no se publique su verdadero nombre, tiene un 67% de discap...

Nunca hab¨ªa hablado del peor d¨ªa de su vida hasta ahora. Ten¨ªa 20 a?os y su madre la llev¨® enga?ada al hospital Universitario de Valme, en Sevilla, donde acab¨® en una mesa de operaciones. Fue el m¨¦dico quien tuvo que explicarle lo que iba a pasar: una operaci¨®n de ligadura de trompas para esterilizarla.

¡°Me dijeron: firma aqu¨ª, y yo ya ve¨ªa borroso por la anestesia¡±, rememora ahora, con 31 a?os. ¡°No sab¨ªa lo que estaba firmando¡±.

Carmen, quien prefiere que no se publique su verdadero nombre, tiene un 67% de discapacidad intelectual. Su madre, que es su tutora legal, no la ve¨ªa capaz de tener hijos. Muchas veces, la intenci¨®n de la familia es proteger a estas mujeres, pero las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad alertan de que consiguen todo lo contrario.

Era 2013 y en Espa?a era legal la esterilizaci¨®n forzada de personas con discapacidad en supuestos excepcionales y con autorizaci¨®n de un juez. Una pr¨¢ctica prohibida en 2020 en el pa¨ªs, pero que sigue presente en gran parte de la Uni¨®n Europea. Solo nueve pa¨ªses la penalizan, a pesar de contravenir el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres.

¡°Me acuerdo del ox¨ªgeno, de que no quer¨ªa dormirme y lloraba, suplicando que me dejaran tener solo un hijo¡±, relata la joven. Poco import¨® su negativa. Todav¨ªa hoy asegura que su madre justifica su decisi¨®n. ¡°Me dec¨ªa que sin la operaci¨®n habr¨ªa tenido muchos hijos, que era lo mejor que me pudo hacer¡±.

Lo primero que Carmen vio al despertarse fue la cicatriz y ah¨ª comenz¨® su sufrimiento. ¡°Cada vez que la veo me entran ganas de morirme¡±. A partir de ese momento, la relaci¨®n con su madre se deterior¨® y la oblig¨® a internarse en un centro para personas con discapacidad, lo que para ella es una c¨¢rcel.

¡°Nunca la podr¨¦ perdonar, me ha quitado la mitad de mi vida¡±. M¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s todav¨ªa siente rencor y no cree que llegue a superar nunca el trauma.

En Espa?a, solo en 2020, los juzgados de primera instancia resolvieron 28 procesos de esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad, seg¨²n datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Este fue el ¨²ltimo goteo de casos por v¨ªa legal hasta el cambio de ley en diciembre de ese mismo a?o. En los 10 a?os previos se abrieron 932 procesos. Sin embargo, las organizaciones denuncian que estos datos no reflejan la realidad del pa¨ªs. Aseguran que a esta cifra hay que sumarle todas las esterilizaciones que se han hecho al margen de la ley y que son muy dif¨ªciles de cuantificar.

¡°Hemos conocido casos de mujeres con discapacidad que se quedaban embarazadas y sus familias decid¨ªan interrumpir el embarazo sin contar con su consentimiento. En la misma operaci¨®n para practicarle el aborto se acordaba tambi¨¦n la esterilizaci¨®n¡±, se?ala Isabel Caballero, coordinadora de Fundaci¨®n Cermi Mujeres.

¡°Algunas mujeres se han dado cuenta de que ten¨ªan hecha una ligadura de trompas cuando han intentado ser madres y no han podido. De pronto, recuerdan que con 18 a?os fueron al hospital para una intervenci¨®n y nunca supieron de qu¨¦ se trataba¡±, a?ade.

Es habitual que en los casos de esterilizaci¨®n forzada la v¨ªctima no sea informada del procedimiento e incluso que la enga?en y lo hagan pasar por otra intervenci¨®n. A Rosario Ruiz, sevillana de 53 a?os y con un 67% de discapacidad intelectual, le ocultaron las consecuencias de la operaci¨®n.

Con 21 a?os, Rosario conoci¨® a Antonio en el centro ocupacional de d¨ªa, pero sus padres se negaron a aceptar la relaci¨®n y hablaron con su m¨¦dico de cabecera, quien sugiri¨® que la esterilizaran. ¡°Me llevaron al hospital y me dijeron que si no me operaba me separar¨ªan de Antonio y me internar¨ªan en un centro hasta que me muriese¡±.

Al d¨ªa siguiente pudo ver la cicatriz en su vientre. ¡°Me pregunt¨¦: ?qu¨¦ han hecho con mi vida? ?Soy una in¨²til? ?No soy persona? ?Todos sirven para ser padres menos yo? A m¨ª me han destruido¡±. Rosario se ha resignado, pero no olvida. Se encuentra ¡°vac¨ªa todos los d¨ªas¡±. Y comparte esa idea tan extendida de que una mujer que no puede ser madre es una mujer incompleta. ¡°He perdido mi derecho como mujer y como persona¡±, dice.

Hace tres a?os, la vida de Rosario cambi¨®: consigui¨® revertir su incapacidad y pasar a un r¨¦gimen de curatela que le permite llevar una vida semi independiente gracias a la ayuda de la asociaci¨®n Plena Inclusi¨®n. Aun as¨ª, solo puede pasar los fines de semana con Antonio, ya que entre semana cuida de su padre de 80 a?os, el mismo que no la cre¨ªa capaz de hacerse cargo de nadie.

A pesar de que la esterilizaci¨®n forzada ya no se permite en Espa?a, esto no es una garant¨ªa de que no se produzca. La abogada especializada en discapacidad ?ngeles Blanco explica que ¡°en la pr¨¢ctica¡± se puede hacer ¡°por la puerta de atr¨¢s¡±, en la medida en que ¡°se vicia el consentimiento informado¡±. Es decir, que no se garantiza que la paciente haya comprendido el proceso.

Sin los recursos para adaptar la comunicaci¨®n a mujeres con dificultades de expresi¨®n y comprensi¨®n, ¡°la decisi¨®n sobre algo tan invasivo en la integridad de la mujer recaer¨¢ sobre un familiar o un profesional, pero no ser¨¢ tomada por la propia mujer con discapacidad¡±, subraya.

Ilegalizaci¨®n a debate en Europa

¡°La esterilizaci¨®n forzada es una forma de dominaci¨®n muy cruel, tanto de la sexualidad como de la reproducci¨®n¡±. La que habla es Mar¨ªa Eugenia Rodr¨ªguez Palop, eurodiputada del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Todo el espectro pol¨ªtico est¨¢ de acuerdo en acabar con la pr¨¢ctica, pero el debate se encuentra en el punto m¨¢s complicado.

Para que la prohibici¨®n de la esterilizaci¨®n forzada obligue a todos los Estados miembros a cambiar sus legislaciones nacionales, los eurodiputados estudian la forma de incluirla en la nueva directiva europea sobre la lucha contra la Violencia contra las Mujeres que se votar¨¢ a principios de julio.

¡°La directiva tiene una base legal muy estrecha, porque se basa en el eurodelito de la explotaci¨®n sexual¡±, dice Rodr¨ªguez Palop. Lo que est¨¢ intentando el Parlamento Europeo es ampliar el concepto de agresi¨®n sexual y relacionar la explotaci¨®n sexual con la explotaci¨®n reproductiva. A esto se le suma que muchos Estados se est¨¢n resistiendo a la parte penal de la directiva, ¡°incluso los que no suelen ser sospechosos habituales de ir en contra de los derechos humanos, como Francia, B¨¦lgica o Portugal¡±, a?ade.

En el hospital parisino l¡¯Institute Mutualiste Montsouris, la matrona B¨¦atrice Idiard-Chamois atiende desde 2015 en una consulta ginecol¨®gica especializada a mujeres con discapacidad. De entre todas sus pacientes, no ha podido olvidar el caso de Sophie. La joven, con autismo no verbal, lleg¨® acompa?ada de su madre y de una matrona de la instituci¨®n en la que iba a ingresar. Las dos mujeres ped¨ªan la esterilizaci¨®n de la joven antes de entrar en el centro. ¡°Se quedaron muy sorprendidas cuando no consent¨ª la operaci¨®n¡±, cuenta Idiard-Chamois.

A pesar de que, sobre el papel, las instituciones no pueden exigir medidas contraceptivas como requisito de ingreso, la realidad es muy distinta. ¡°Los centros siempre reclaman que las personas con discapacidad tomen alg¨²n tipo de anticonceptivo. En ocasiones, el propio psiquiatra del centro les prescribe la misma p¨ªldora a todas sin un examen ginecol¨®gico previo¡±, denuncia la matrona.

En Francia es posible esterilizar a una mujer sin su consentimiento. La ley, modificada en 2001 para legalizar la pr¨¢ctica, establece que solo se puede ligar las trompas a una persona con discapacidad en algunos supuestos muy controlados. La clave del texto es el consentimiento informado de la paciente. Sin embargo, es lo m¨¢s dif¨ªcil de garantizar.

¡°Hay que ser realistas, no es algo f¨¢cil. Cuando la discapacidad intelectual es profunda, nunca estamos seguros de que ellas hayan comprendido y consentido¡±, espeta la ginec¨®loga Ghada Hatem, m¨¦dico jefe de la Maison de Femmes de Saint Denis, un centro para mujeres con dificultades econ¨®micas o v¨ªctimas de violencia.

Hatem es miembro del comit¨¦ de expertos que eval¨²a las peticiones de esterilizaci¨®n y en cuyo informe se basa la decisi¨®n del juez. Pese a todo, cree que para algunas mujeres con discapacidad severa la esterilizaci¨®n es mejor opci¨®n que la contracepci¨®n, y se pregunta cu¨¢l es la idea de hacer algo que no sea irreversible. ¡°Si supi¨¦ramos que dentro de cinco a?os se le habr¨¢ curado la discapacidad¡­ pero esto no es cierto, as¨ª que, ?por qu¨¦ imponer algo que debe renovarse peri¨®dicamente?¡±.

La presidenta de la Asociaci¨®n Franc¨®fona de Mujeres Autistas, Marie Rabatel, est¨¢ en total desacuerdo. Para ella, la legalizaci¨®n de las esterilizaciones en Francia da pie a muchos m¨¢s abusos, sobre todo a las mujeres que viven internas en una instituci¨®n. ¡°Dicen que es para proteger a las mujeres, pero ?protegerlas de qu¨¦, del embarazo en caso de violaci¨®n?¡±, se pregunta. Sus sospechas no est¨¢n lejos de la realidad, ya que las mujeres con discapacidad severa tienen mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales.

Resquicios legales que dan pie a abusos

¡°La vida en las instituciones para personas con discapacidad es represiva¡±, denuncia el abogado y activista de la ONG h¨²ngara Tasz Kristoff Kornyei. ¡°La cuesti¨®n de tener hijos ni se plantea, porque a los propios residentes los tratan como a ni?os¡±.

Tibor y Piroska, ambos con discapacidad intelectual, viven en pareja en una peque?a habitaci¨®n repleta de peluches de la instituci¨®n Kolping Tordasi Otthona, a las afueras de Budapest. Los 15 metros cuadrados con los que cuentan son suficientes para ellos, pero no para cuidar a un hijo. ¡°Si no vivi¨¦semos aqu¨ª, nos habr¨ªamos planteado tener una familia, pero aqu¨ª no es posible porque un ni?o necesita seguridad¡±, comenta Tibor.

Con 58 a?os, Piroska ya no necesita anticonceptivos, aunque antes sol¨ªa tomarlos a diario. ¡°Tomaba Overol, unas pastillas rosas y otras blancas¡±, recuerda. A veces tambi¨¦n le pon¨ªan inyecciones, asegura, y no es algo que eligiera ella. ¡°No, me las prescrib¨ªa el neur¨®logo¡±, recuerda.

La enfermera jefe de este centro afirma que, de entre los 200 internos, medio centenar de los cuales viven en pareja, solo cinco mujeres toman contracepci¨®n. Aun as¨ª, asegura que ¡°en los ¨²ltimos 20 a?os no ha habido ning¨²n nacimiento ni aborto¡±.

En Hungr¨ªa, 15 mujeres internas se han visto sometidas a esterilizaciones, permitidas por la ley de ese pa¨ªs, uno de los tres ¨²nicos en la UE que no las proh¨ªben. Los otros dos son Portugal y la Rep¨²blica Checa.

El proceso para llevarlas a cabo en Hungr¨ªa dura un a?o y requiere hasta ocho consultas ginecol¨®gicas, seg¨²n la enfermera de la instituci¨®n Kolping Tordasi Otthona. ¡°El juez debe escuchar a la paciente y a sus tutores¡±, a?ade S¨¢ndor Gurbai, portavoz de la Fundaci¨®n Validity, pero ¡°no se especifica c¨®mo debe hacerlo¡±. Adem¨¢s, en alguno de los supuestos, el texto no exige el consentimiento de la paciente, sino que establece que esta no puede estar en contra. ¡°Si la persona con discapacidad est¨¢ sentada sin decir nada, se da por hecho el consentimiento¡±, dice el portavoz. Gurbai subraya que adem¨¢s hay un resquicio legal, ya que en casos en los que se considera que el embarazo supone un riesgo para la vida de la persona, el juez no est¨¢ obligado a pedir su aprobaci¨®n.

Rosa Estar¨¢s, eurodiputada del Partido Popular Europeo y madre de un ni?o con discapacidad, sostiene que el de las esterilizaciones es un tema tab¨². ¡°Ha habido una permisividad en los c¨®digos penales o en las leyes de los diferentes Estados miembros para que, con una incapacitaci¨®n judicial, se les pudiera quitar la posibilidad de montar una familia¡±.

La falta de recursos lleva a algunas familias a elegir una opci¨®n dr¨¢stica que tiene consecuencias irreversibles. ¡°Que a una persona se la prive de su derecho a reproducirse es una violaci¨®n flagrante de los derechos humanos. Ahora, cuando entras dentro de una familia con una ni?a o ni?o con discapacidad, te das cuenta de que faltan muchas ayudas. No se puede dejar a las familias con el mensaje tan bonito de los derechos humanos, pero sin ayudas, y sin que la sociedad les abra camino. Eso es lo complicado¡±, a?ade.

A pesar de la decisi¨®n que tom¨® la madre de Carmen y del rencor que le guarda, ella no puede evitar seguir teni¨¦ndole cari?o. Aun as¨ª, no logra sacarse de la cabeza una pregunta: ¡°?Por qu¨¦ me tuvo que hacer esto?¡±. Responde de forma tajante la eurodiputada Mar¨ªa Eugenia Rodr¨ªguez Palop: ¡°Hay eugenesia tambi¨¦n en el siglo XXI. Queremos una poblaci¨®n perfecta, de acuerdo a c¨¢nones que son muy sospechosos, porque la perfecci¨®n coincide con nosotros mismos¡±.