La Justicia europea recrimina a la Comisi¨®n la falta de transparencia en la compra de vacunas contra la covid-19
El Tribunal General de la UE (TGUE) anula por ¡°irregularidades¡± las decisiones del Ejecutivo de Von der Leyen de dar solo un acceso parcial a los contratos de adquisici¨®n de vacunas contra el coronavirus en plena pandemia
La compra conjunta de vacunas contra la covid-19 en lo peor de la pandemia es uno de los ¨¦xitos que ha esgrimido la presidenta de la Comisi¨®n Europea, Ursula von der Leyen, de su primer mandato, que aspira a renovar ahora por otros cinco a?os. Pero la opacidad de las operaciones ha sido, a la par, una sombra que se cierne sobre la alemana desde hace tiempo, y que acaba de oscurecerse un poco m¨¢s: el Tribunal General de la UE (TGUE) ha recriminado este mi¨¦rcoles a Bruselas falta de transparencia, al dictaminar que no dio un acceso al p¨²blico lo ¡°suficientemente amplio¡± a los contratos de adquisici¨®n con varias farmac¨¦uticas realizados entre 2020 y 2021.
En v¨ªsperas de la votaci¨®n de ratificaci¨®n este jueves de Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, los jueces del tribunal de primera instancia de Luxemburgo han estimado parcialmente los dos recursos presentados en 2021 contra la Comisi¨®n, uno por ciudadanos y otro por un grupo de eurodiputadas verdes, y han decidido anular, por ¡°contener irregularidades¡±, las decisiones del Ejecutivo europeo dirigido por la alemana, que dio solo un acceso parcial a los documentos solicitados.
El caso data de 2021, cuando algunos ciudadanos europeos y cinco eurodiputadas ecologistas pidieron acceso a los contratos por la compra de vacunas con varias farmac¨¦uticas coordinadas por la Comisi¨®n, que ascendieron a m¨¢s de 2.700 millones de euros. Los solicitantes quer¨ªan, de acuerdo con las normas de la UE sobre acceso del p¨²blico a documentos de las instituciones europeas, poder ver dichos contratos y determinados documentos relacionados. Su objetivo era ¡°comprender los t¨¦rminos y condiciones¡± de los mismos y ¡°cerciorarse de que se hab¨ªa protegido el inter¨¦s p¨²blico¡±, se?ala la sentencia. Para ello, recuerda el TGUE, quer¨ªan ver, entre otros, las declaraciones de inexistencia de conflicto de intereses de los miembros del equipo de la Comisi¨®n que negociaron la compra de vacunas. Tambi¨¦n pidieron acceso a las estipulaciones de los contratos firmados en lo relativo a la indemnizaci¨®n de las empresas farmac¨¦uticas por parte de los Estados miembros por eventuales da?os y perjuicios si sus vacunas resultaban defectuosas.
La Comisi¨®n, no obstante, solo concedi¨® un acceso parcial a los documentos, que se publicaron en l¨ªnea en versiones expurgadas. Ello llev¨® a los demandantes a acudir a Luxemburgo para demandar sendos recursos de anulaci¨®n, que es lo que el TGUE ha concedido ahora.
Seg¨²n los jueces del TGUE, la Comisi¨®n no demostr¨® que un acceso m¨¢s amplio de los demandantes a las cl¨¢usulas de indemnizaci¨®n que solicitaron estudiar hubiera supuesto un perjuicio para los intereses comerciales de dichas empresas. Respecto a la protecci¨®n de la intimidad del equipo negociador, el TGUE estima que los demandantes ¡°demostraron debidamente la finalidad espec¨ªfica de inter¨¦s p¨²blico de la divulgaci¨®n de datos personales¡± de esas personas, ya que solo conociendo sus nombres y funci¨®n profesional o institucional habr¨ªan podido cerciorarse de que seas personas no ten¨ªan un conflicto de intereses. Adem¨¢s, la Comisi¨®n ¡°no tuvo suficientemente en cuenta todas las circunstancias pertinentes a fin de ponderar correctamente los intereses concurrentes, relativos a la inexistencia de conflicto de intereses y al riesgo de violaci¨®n de a intimidad de los interesados¡±, agregan los jueces.
Tras conocer la sentencia, la Comisi¨®n ha dicho que ¡°toma nota¡± y asegura que estudiar¨¢ ¡°cuidadosamente¡± la decisi¨®n y sus ¡°implicaciones¡±. Aun as¨ª, puntualiza que el TGUE solo ha estimado ¡°parcialmente¡± los recursos (un portavoz ha destacado que los jueces apoyaron el 90% de los argumentos de Bruselas) y subraya la necesidad de lograr un ¡°equilibrio dif¨ªcil¡± entre el derecho de la opini¨®n p¨²blica a la informaci¨®n y los requerimientos legales que emanaban de unos contratos que ¡°pod¨ªan resultar en demandas por da?os a costa del dinero de los contribuyentes¡±.
Pero para Kim van Sparrentak, una de las eurodiputadas ecologistas detr¨¢s de la demanda parlamentaria, la sentencia ¡°rechaza el automatismo de la Comisi¨®n para reclamar confidencialidad¡± en estas cuestiones sobre contratos. Un detalle importante, asevera en un comunicado. Por un lado, porque ¡°la transparencia es fundamental en la lucha contra el escepticismo ante las vacunas y la desconfianza de los ciudadanos ante las instituciones p¨²blicas¡±. Y tambi¨¦n, agrega, de cara al futuro, ya que ¡°se espera que la Comisi¨®n realice m¨¢s compras conjuntas en ¨¢reas como salud y defensa¡±.
La sentencia puede ser recurrida todav¨ªa ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la instancia judicial europea superior, en un plazo de dos meses y diez d¨ªas desde la notificaci¨®n de la resoluci¨®n. Por el momento, Bruselas se ha limitado a indicar que se ¡°reserva todas las opciones legales¡± en su mano.
No es el ¨²nico quebradero de cabeza judicial ¡ªy potencialmente pol¨ªtico¡ª de Von der Leyen con respecto a la compra de vacunas. La alemana est¨¢ tambi¨¦n en el centro de una demanda judicial por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia.
Espec¨ªficamente, est¨¢ en el punto de mira por su negativa a revelar los intercambios por SMS que realiz¨® directamente sobre todo con el jefe de Pfizer, Albert Bourla, en torno a la compra de las vacunas. Una opacidad que tambi¨¦n le ha recriminado de la Defensora del Pueblo de la UE.
A mediados de mayo, justo antes de las elecciones europeas, el caso qued¨® suspendido hasta el 6 de diciembre, momento en el que se deber¨¢ decidir sobre las competencias del mismo, que se disputan la Fiscal¨ªa europea (EPPO, por sus siglas en ingl¨¦s y con sede en Luxemburgo) y un tribunal de la ciudad belga de Lieja ante el que varios ciudadanos presentaron en 2023 una demanda similar a las denuncias que llevaron a EPPO a abrir su investigaci¨®n hace dos a?os.