El Gobierno de Trump amenaza con procesar a los funcionarios que se opongan a su agenda migratoria
La agencia federal tambi¨¦n obliga a todas sus unidades a buscar en sus archivos informaci¨®n y datos biom¨¦tricos que identifiquen a personas que se encuentren en el pa¨ªs de forma irregular para facilitar sus deportaciones
Donald Trump est¨¢ sentando r¨¢pidamente las bases para empezar a deportar a millones de migrantes. Tras autorizar las redadas en iglesias, escuelas y hospitales y despedir a las juezas responsables de supervisar las 71 cortes federales de migraci¨®n, su Gobierno ha ordenado a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que se interponga en el camino de la aplicaci¨®n de las medidas migratorias de la nueva Administraci¨®n. Estas ¨²ltimas dos medidas se suman a la avalancha de decretos que el republicano ha firmado desde su toma de posesi¨®n el lunes y alimentan el temor a que las detenciones y expulsiones comiencen en cualquier momento.
Se esperaba que las redadas migratorias masivas comenzaran el martes, el primer d¨ªa completo de la nueva presidencia de Trump, porque as¨ª lo hab¨ªa anunciado la propia Administraci¨®n antes de la investidura. Las detenciones iban a arrancar en Chicago, Illinois, y se extender¨ªan a lo largo del pa¨ªs, hab¨ªa asegurado el zar de la frontera y fiel asesor de Trump en materia migratoria, Tom Homan. Pero, hasta la ma?ana de este mi¨¦rcoles, esos planes a¨²n no se hab¨ªan materializado. Lo que s¨ª se ha ido materializando es el marco legal y pol¨ªtico con el que Trump pondr¨¢ en marcha su plan migratorio.
En su m¨¢s reciente amenaza, el Gobierno de Trump ha exigido al Departamento de Justicia que tome ¡°todas las medidas necesarias para proteger al p¨²blico y asegurar la frontera estadounidense, expulsando del pa¨ªs a los inmigrantes ilegales y enjuici¨¢ndolos por delitos¡± cometidos bajo jurisdicci¨®n estadounidense. En un memorando de tres p¨¢ginas dirigido a toda la plantilla del departamento la noche del martes, el fiscal general adjunto interino, Emil Bove, da instrucciones para que se investiguen para posibles cargos penales los casos en los que funcionarios estatales y locales obstruyan o impidan funciones federales.
¡°La ley federal proh¨ªbe a los agentes estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de cualquier otro modo las ¨®rdenes y peticiones legales relacionadas con la inmigraci¨®n¡±, Bove asegura en el documento al que EL PA?S ha tenido acceso. ¡°Las Fiscal¨ªas de Estados Unidos y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigar¨¢n los incidentes que impliquen cualquier mala conducta de este tipo para su posible enjuiciamiento¡±.
Con m¨¢s de 115.000 empleados, el Departamento de Justicia desempe?a un papel esencial en la aplicaci¨®n de las leyes federales de inmigraci¨®n y las pol¨ªticas migratorias de la Administraci¨®n. El Gobierno de Trump es consciente de ello y ha colocado a la agencia federal en la primera l¨ªnea de su agenda. El documento no da lugar a duda: ¡°Es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constituci¨®n y, en consecuencia, ejecutar legalmente las pol¨ªticas para las que el pueblo estadounidense eligi¨® al presidente Trump¡±, sostiene Bove.
Con ese fin, en el memorando se instruye a todas las unidades del departamento ¡ªentre ellas la Oficina Federal de Investigaci¨®n, la Administraci¨®n para el Control de Drogas o la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos¡ª a que rebusquen en sus archivos informaci¨®n y datos biom¨¦tricos para identificar a personas que se encuentren en el pa¨ªs de forma irregular. Esos datos deber¨¢n ser entregados dentro de un plazo de 60 d¨ªas al Departamento de Seguridad Nacional para que los utilice en sus deportaciones.
El documento tambi¨¦n alude a las llamadas ciudades santuario, urbes que por ley no colaboran en materia migratoria con el Gobierno federal. Sin mencionarlas de forma expl¨ªcita, Bove s¨ª se?ala que cualquier ley o acci¨®n que impida los esfuerzos de las agencias federales en materia migratoria, ¡°incluida la prohibici¨®n a los funcionarios estatales y locales de revelar informaci¨®n a los funcionarios federales de inmigraci¨®n, amenazan la seguridad p¨²blica y la seguridad nacional¡± y, por tanto, pueden ser impugnadas por el departamento. Trump ya amenaz¨® a estas localidades con acciones legales, penales o civiles en una de las m¨¢s de 40 ¨®rdenes ejecutivas que firm¨® su primera noche en el cargo.