Declarado en Per¨² el estado de emergencia por una huelga de transportistas

Las calles de Lima, la ciudad que alberga al 30% de la poblaci¨®n total de Per¨², se convirtieron en un aut¨¦ntico campo de batalla este jueves debido a una huelga masiva de empresas de transporte p¨²blico. Manifestantes lanzaron piedras a los buses que insistieron en trabajar, otros bajaron a los pasajeros a la fuerza y en varios puntos de la capital se pincharon llantas al colocar tachuelas en las carreteras. Se calcula que alrededor de 63 empresas que agrupan a m¨¢s de 5.000 unidades acataron la medida de fuerza contra una ola de extorsiones de mafias que pugnan por adue?arse del cobro de cupos en el transporte.

Desde el 20 de agosto, cuando un autob¨²s fue baleado en el distrito de Puente Piedra, se registraron diecis¨¦is atentados y la muerte de tres choferes. A uno de ellos, Jorge R¨ªos Lafite, de 21 a?os, los sicarios lo mataron mientras recog¨ªa pasajeros en la urbanizaci¨®n Pro, al norte de Lima. Su esposa cont¨® que le exig¨ªan siete soles (1,8 d¨®lares) diarios, pero como hace poco se hab¨ªa malogrado su veh¨ªculo no tuvo c¨®mo pagar.

Seg¨²n la C¨¢mara Internacional de Industria del Transporte, existen otros casos donde los extorsionadores cobran una matr¨ªcula que podr¨ªa alcanzar los 70 mil soles (18d¨®lares) y luego quince soles (cuatro d¨®lares) por cada ruta completada. El monto del cupo var¨ªa de acuerdo al tipo de veh¨ªculo, n¨²mero de flota y cantidad de pasajeros. Una investigaci¨®n del diario El Comercio indica que por cada cien unidades, la ganancia de una organizaci¨®n criminal podr¨ªa ascender a 670.000 soles (176.000 d¨®lares) al a?o.

La huelga de transportistas inici¨® el lunes con ocho l¨ªneas en cinco distritos. Este jueves, la medida se intensific¨® y puso contra las cuerdas al Gobierno, que despleg¨® a 15.000 polic¨ªas para controlar los desmanes. Mientras el Ministerio de Trabajo le pidi¨® a las empresas que priorizaran el teletrabajo y le dieran una tolerancia de cuatro horas a sus empleados, el Ministerio de Educaci¨®n tuvo una reacci¨®n tard¨ªa y reci¨¦n a las siete de la ma?ana suspendi¨® las clases presenciales en los colegios p¨²blicos y privados. ¡°No le vamos a seguir el juego a ning¨²n paro¡±, dir¨ªa despu¨¦s el ministro del sector, Morgan Quero.

Los gremios de transportistas marcharon hasta el Congreso, y cuando los ¨¢nimos pod¨ªan caldearse todav¨ªa m¨¢s fueron recibidos durante la tarde por la Mesa directiva. Luego dieron una conferencia de prensa en conjunto. ¡°Es lamentable ver en los medios c¨®mo los matan (choferes y cobradores). Estoy dispuesto a morir y voy a morir pidiendo justicia porque vivimos en un pa¨ªs democr¨¢tico¡±, dijo con la voz quebrada Mart¨ªn Valeriano, representante de la Asociaci¨®n Nacional de Integraci¨®n de Transportistas. ¡°Siento una indignaci¨®n por este Gobierno que no se preocupa por atender a la poblaci¨®n que se est¨¢ desangrando. Parece la tierra de nadie¡±, agreg¨® al borde del llanto. Seg¨²n la Asociaci¨®n Automotriz del Per¨² (AAP), cada d¨ªa de huelga representa una p¨¦rdida de 230 millones de soles (60,5 millones de d¨®lares).

Poco despu¨¦s, la presidencia del Consejo de Ministros declar¨® el estado de emergencia por 60 d¨ªas en once distritos de Lima Metropolitana y el Callao. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, dijo que las Fuerzas Armadas saldr¨¢n a las calles para asegurar el control interno. Este estado de emergencia no incluir¨¢ por ahora toques de queda ni orden de inmovilizaci¨®n, pero s¨ª la presencia masiva de militares en las calles

El paro de los transportistas por el cobro de cupos ha abierto un debate jur¨ªdico, pues el pr¨®ximo jueves 3 de octubre el Congreso debatir¨¢ un proyecto de ley que tipifica como ¡°terrorismo urbano¡± el sicariato, la extorsi¨®n, el secuestro y la posesi¨®n de armas de fuego de procedencia ilegal. Se trata de un proyecto que cuenta con el visto bueno del grueso de gremios de transporte. Para la oposici¨®n es un mecanismo de doble filo, pues podr¨ªa ser utilizado para criminalizar las protestas ciudadanas en contra del Ejecutivo. ¡°Hablar de terrorismo urbano es peligroso y contraproducente. Empodera al r¨¦gimen para seguir persiguiendo la disidencia ?Protestas por incendios forestales? ?Por la inacci¨®n estatal frente al crimen? ?Por falta de medicinas? No van a tardar en acusarte de ¡®terrorista urbano¡¯¡±, ha enfatizado el investigador Roger Merino, PhD en Ciencias Sociales y Pol¨ªticas.

Para un gran sector de la opini¨®n p¨²blica la ra¨ªz de esta ola de atentados ha sido generada por los propios parlamentarios, quienes en julio aprobaron una ley que excluye al delito de extorsi¨®n del crimen organizado y que, adem¨¢s, obliga a que los allanamientos de la Fiscal¨ªa se realicen en presencia del involucrado y su abogado, castrando as¨ª el efecto sorpresa de cualquier operativo policial. ¡°Congresistas que piden declaratoria de terrorismo urbano, estado de emergencia y patrullaje de militares, pero que promovieron y votaron la ley que saca al delito de extorsi¨®n de la ley de crimen organizado y votaron a favor de la limitaci¨®n de los allanamientos¡±, critic¨® la periodista Clara Elvira Ospina, directora del portal de investigaci¨®n Epicentro TV. Las tensiones continuar¨¢n en el hemiciclo del Congreso, y tambi¨¦n en las calles.

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