Un ind¨ªgena es asesinado cada cuatro d¨ªas en Colombia

En el marco de la conmemoraci¨®n del d¨ªa de la resistencia ind¨ªgena el pasado 12 de octubre, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisi¨®n Nacional de Territorios Ind¨ªgenas (CNTI) public¨® el informe ¡°El eterno retorno de la violencia pol¨ªtica contra los Pueblos Ind¨ªgenas¡±. Con ¨¦l, la consigna ¡°nada que celebrar¡± ¡ª que se ha hecho viral en esta fecha ¡ª cobr¨® profundo sentido, pues document¨® 114 homicidios de personas ind¨ªgenas, de los que 17 se dieron en el marco de siete masacres. T...

En el marco de la conmemoraci¨®n del d¨ªa de la resistencia ind¨ªgena el pasado 12 de octubre, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisi¨®n Nacional de Territorios Ind¨ªgenas (CNTI) public¨® el informe ¡°El eterno retorno de la violencia pol¨ªtica contra los Pueblos Ind¨ªgenas¡±. Con ¨¦l, la consigna ¡°nada que celebrar¡± ¡ª que se ha hecho viral en esta fecha ¡ª cobr¨® profundo sentido, pues document¨® 114 homicidios de personas ind¨ªgenas, de los que 17 se dieron en el marco de siete masacres. Todo en solo 12 meses. Las cifras provienen de un an¨¢lisis de los datos recogidos por el Sistema de Violencia Sociopol¨ªtica de los Pueblos Ind¨ªgenas (SIVOSPI).

El informe de 49 p¨¢ginas resalta tres tendencias victimimizantes que se han agudizado desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016. La primera es un ataque selectivo a los liderazgos ind¨ªgenas: el 68% de los asesinados fueron l¨ªderes comuneros; en los casos restantes, la v¨ªctima ejerc¨ªa alg¨²n tipo de rol social o pol¨ªtico dentro de su comunidad, como m¨¦dicos tradicionales, autoridades o guardias. Asimismo, el rango etario de los homicidios en el ¨²ltimo a?o se ubic¨® entre los 18 y 32 a?os. Ese patr¨®n inquieta a las comunidades, pues muestra que sus nuevas generaciones de liderazgos pol¨ªticos vienen siendo perseguidas, lo que ataca sus ejercicios de organizaci¨®n pol¨ªtica.

¡°Para los pueblos ind¨ªgenas una preocupaci¨®n enorme es que varios de los asesinatos tienen que ver con lideres y lideresas que han venido exigiendo y protegiendo el territorio. Es deber y obligaci¨®n del Estado brindar garant¨ªas para su protecci¨®n. Llegar con inversi¨®n y materializar el derecho a la formalizaci¨®n de los territorios en donde estamos los pueblos ind¨ªgenas¡±, dijo a EL PA?S Camilo Ni?o, l¨ªder arahuaco y secretario t¨¦cnico de la CNTI.

La segunda tendencia es que los homicidios se concentran en el sur occidente del pa¨ªs; y la tercera es que la violencia se dirigi¨® particularmente aguda contra las comunidades Nasa y Aw¨¢. Ambos pueblos fueron las mayores v¨ªctimas de los homicidios de poblaci¨®n ind¨ªgena en 2021, con un 45% y 19% respectivamente. En el caso del pueblo Aw¨¢, las denuncias de un genocidio en su contra se han extendido por m¨¢s de una d¨¦cada. Cuatro de cada cinco asesinatos se dieron en cuatro departamentos: Cauca (42,9%), Nari?o (25%), Choc¨® (8,7%) y Putumayo (5,2%).

Las CNTI encontr¨® que los siete municipios en donde hubo m¨¢s homicidios concentran el 57% de las solicitudes de tr¨¢mites de tierras de pueblos ind¨ªgenas, como ampliaci¨®n, saneamiento, reestructuraci¨®n o clarificaci¨®n de la vigencia de t¨ªtulos. Para Viviana G¨®mez, quien trabaj¨® en el informe como investigadora, no es una coincidencia: ¡°los pueblos ind¨ªgenas han tenido que continuar en su ejercicio de resistencia por la defensa del territorio y de la vida ante un contexto de violencia pol¨ªtica bastante complejo que atenta contra sus procesos comunitarios y organizativos¡±, afirma la polit¨®loga. Adem¨¢s de los homicidios, el informe resalta que las siete masacres de 2021 es el n¨²mero m¨¢s alto de masacres desde el 2016. Las zonas m¨¢s afectadas se repiten: tres se dieron en Nari?o, dos en el Cauca, una en Putumayo y otra en La Guajira. ¡°En el marco del conflicto armado interno, la ejecuci¨®n de masacres se configur¨® como un dispositivo de violencia ejercido en contra de los pueblos ind¨ªgenas, propiciando escenarios territoriales de total desprotecci¨®n con el prop¨®sito de su exterminio f¨ªsico y de sus procesos pol¨ªticos y colectivos por la defensa de la vida y sus territorios¡±, se lee en el documento.

July Calder¨®n, quien fue coordinadora del Observatorio y lider¨® el informe, subraya que estos hechos alimentan un continuum de violencias. Por ejemplo, la naci¨®n Embera vive en sus territorios, en Choc¨® y Risaralda, una compleja situaci¨®n de orden p¨²blico.- Por eso, decenas de sus miembros se han visto obligados a desplazarse forzosamente a otras ciudades como Bogot¨¢, donde han sido revictimizadas y no ha encontrado garant¨ªas dignas para vivir - y tampoco para retornar a sus tierras.

Las diferentes autoridades ind¨ªgenas que hacen parte del CNTI tambi¨¦n resaltan la dificultad para identificar a los responsables de los delitos en su contra. Cifras citadas en el informe muestran que en el 66,6% de homicidios no se pudo identificar al presunto perpetrador, lo que profundiza la sensaci¨®n de impunidad en las comunidades. Para Ni?o, el l¨ªder arahuaco, esta violencia est¨¢ directamente vinculada a la incertidumbre que enfrentan los territorios ind¨ªgenas colectivos en t¨¦rminos legales y es enf¨¢tico en la necesidad de resolver las demandas hist¨®ricas de estos pueblos.

¡°Hoy existen m¨¢s de 1.451 procesos agrarios. El Gobierno debe buscar un mecanismo ¨¢gil que materialice el derecho de los pueblos ind¨ªgenas a trav¨¦s de la formalizaci¨®n de tierras. Este informe demuestra una clara relaci¨®n entre esa inseguridad jur¨ªdica de los territorios colectivos y el incremento de la violencia¡±. Para el lider, esto va de la mano con la implementaci¨®n integral de lo firmado en La Habana, en particular el cap¨ªtulo ¨¦tnico que hasta ahora no se ha reflejado en la calidad de vida de los pueblos ind¨ªgenas.

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