El fin de los contratistas

La cifra es penosa: 911.000 trabajadores del Estado colombiano cumplen horario, van a la oficina, tienen un jefe, pero no gozan de vacaciones, no reciben pago de cesant¨ªas, ni tampoco tienen las garant¨ªas que por ley se dan dentro del v¨ªnculo patr¨®n¨Cempleador. Ellos son los llamados contratistas por prestaci¨®n de servicios profesionales, un modelo de vinculaci¨®n que se puso a andar hace treinta a?os, con miras a flexibilizar el mercado laboral, pero que hoy es una de las bases de la precarizaci¨®n del trabajo en Colombia y pesadilla para miles de familias.

Seg¨²n el Departamento Nacional de Estad¨ªstica (DANE) de los 22 millones de colombianos que hay hoy trabajando, 12.9 millones lo hacen en la informalidad. ?Qu¨¦ quiere decir esto? Que tienen ingresos por debajo del salario m¨ªnimo, no est¨¢n contratados por ning¨²n empleador y no hacen aportes a seguridad social. Sin embargo, esta estad¨ªstica no tiene en cuenta a los contratistas por prestaci¨®n de servicios, pues estos aportan a seguridad social y tienen ingresos que superan el salario b¨¢sico de ley. En pocas palabras, se les ve como trabajadores formales, pero en realidad no cuentan con algunos de los derechos m¨ªnimos de un trabajador: vacaciones y seguridad laboral.

Lo grave ¡ªy m¨¢s ahora que vienen elecciones¡ª es que esos contratos, que en algunos casos se renuevan cada tres o seis meses, se han convertido en herramienta de presi¨®n pol¨ªtica. Abundan en el pa¨ªs los casos de gobiernos locales (verbigracia uno muy poderoso de la costa Caribe) que para renovar los contratos de sus colaboradores por prestaci¨®n de servicios hace un comit¨¦ de seguimiento a redes sociales y publicaciones de esas personas para comprobar que s¨ª est¨¢n apoyando la causa del gobernador y, por ende, si merece o no seguir trabajando. Pasa igual en otras ciudades donde a la hora de renovar el contrato le exigen al contratista listado de familiares y amigos comprometidos con votar en las pr¨®ximas elecciones por determinado candidato para as¨ª asegurar la renovaci¨®n del contrato. Es la precarizaci¨®n del trabajo usada como herramienta pol¨ªtica.

La semana que pas¨® desde el Ministerio del Trabajo y el Departamento de la Funci¨®n P¨²blica anunciaron que a trav¨¦s de un proyecto de ley que se presentar¨¢ en 2023 comenzar¨¢ el proceso para formalizar a estos trabajadores. Sin duda es una buena noticia para casi un mill¨®n de colombianos v¨ªctimas de ese indignante m¨¦todo de contrataci¨®n. Pero quedan preguntas por resolver.

Seg¨²n el director de Funci¨®n P¨²blica, al abrirse los cupos para contratar a los nuevos empleados del Estado se har¨¢n concursos, ?es decir que no se respetar¨¢ la antig¨¹edad de aquellos que durante varios a?os han ejercido esa labor como contratista prestador de servicios? ?Qui¨¦n garantizar¨¢ la transparencia de esos procesos de selecci¨®n? ?Al no respetarse la antig¨¹edad de quienes estaban ya ejerciendo esas funciones no se abre un boquete que podr¨ªa desencadenar decenas de miles de demandas contra el Estado colombiano exigiendo el pago de unas acreencias laborales multimillonarias?

Deshacer el entuerto de los contratos de prestaci¨®n de servicios es una necesidad. Es trabajar por el bienestar de miles de personas. Pero la clave est¨¢ en garantizar que el proceso no abra un nuevo boquete en las finanzas p¨²blicas y, sobre todo, que haya claridad sobre el manejo de un Estado que con tantos empleados ser¨¢ macro cef¨¢lico.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.