La lucha de la verdad contra el olvido

La semana pasada, los peri¨®dicos de los Pa¨ªses Bajos registraron en grandes titulares que en 2025 se har¨¢ p¨²blica la informaci¨®n sobre miles de personas investigadas y juzgadas por colaborar con los nazis. Hasta ahora sus datos estaban protegidos para no afectar a quienes siguieran vivos. Las consecuencias de la apertura de esos archivos ser¨¢n distintas para los descendientes de las v¨ªctimas y de los responsables: a los primeros les dar¨¢ acceso a informaci¨®n que quiz¨¢ desconozcan; a los segundos les preocupa, dicen, seguir siendo estigmatizados por los hechos cometidos por sus padres o abuelos, y que se reabran viejas heridas que siguen sin sanar.

En una noticia similar, el Tribunal Supremo de Espa?a anunci¨® que el pleito interpuesto contra Google ¡ªcon infructuosos resultados¡ª por el hijo del secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa franquista que firm¨® la sentencia de muerte de Miguel Hern¨¢ndez, servir¨¢ a los jueces para estudiar y perfeccionar el precedente jurisprudencial de lo que llama ¡°el derecho al olvido digital¡±. La Audiencia Nacional rechaz¨® el a?o pasado las pretensiones del hombre, que busca que su padre deje de aparecer en referencias de internet relacionado con la condena al poeta. El argumento del tribunal para oponerse fue claro: las informaciones que el descendiente pretende que se retiren ¡°revisten un inter¨¦s p¨²blico incuestionable¡±.

La tercera noticia re¨²ne, de alguna manera, los temas de las dos anteriores: el consorcio period¨ªstico Forbidden Stories (Historias prohibidas), que recupera y contin¨²a investigaciones que no pudieron ser concluidas por periodistas amenazados, encarcelados o asesinados, revel¨® que la empresa Eliminalia, con sede en Barcelona, suscribi¨® contratos millonarios con personas de varios pa¨ªses involucradas en delitos o en pr¨¢cticas cuestionables, interesadas en que se borre su huella digital. Uno de ellos, seg¨²n El Espectador, es el hermano y testaferro de un sanguinario jefe paramilitar colombiano. Su caso ser¨ªa uno, apenas, entre varios en los que Eliminalia contribuy¨® a desaparecer referencias a personas implicadas en el lavado de activos de la extrema derecha armada.

Por coincidencia, las tres noticias fueron publicadas simult¨¢neamente y podr¨ªan servir para plantear en Colombia reflexiones que convergen en el mismo debate pendiente: si hay l¨ªmites al derecho de las v¨ªctimas y de la sociedad a conocer la identidad plena de los responsables directos y de otras personas involucradas en la guerra como colaboradoras, o facilitadoras por acci¨®n o por omisi¨®n. El Acuerdo de Paz deleg¨® la misi¨®n de esclarecer la verdad hist¨®rica, judicial y el paradero de los desaparecidos a los organismos del Sistema Integral para la Paz: la Comisi¨®n de la Verdad, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de B¨²squeda de Personas Desaparecidas (UBPD), respectivamente. S¨®lo la JEP, que es el ¨²nico organismo judicial del Sistema, puede determinar las responsabilidades individuales; la Comisi¨®n de la Verdad s¨®lo pod¨ªa, por mandato, esclarecer las responsabilidades colectivas y mencionar en su Informe Final, entregado en junio de 2022, los nombres de quienes ya hubieran sido condenados por la justicia ordinaria o hubieran reconocido su participaci¨®n, voluntariamente, ante la propia Comisi¨®n. Sin embargo, pod¨ªan negarse a ser mencionadas en el documento, si as¨ª lo deseaban.

Luego de las reformas de las que fue objeto tras el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, que supuso el rechazo de la versi¨®n suscrita por el expresidente Juan Manuel Santos y las extintas FARC en Cartagena de Indias una semana antes, el Acuerdo de Paz estipula que los que denomina ¡°terceros civiles¡± ¡ªpersonas no pertenecientes a alguno de los grupos contendientes, pero que colaboraron de alg¨²n modo con sus acciones, como empresarios, campesinos, alcaldes, entre otros¡ª pueden someterse a la JEP y colaborar con el Sistema, pero voluntariamente. Esa voluntariedad se extiende a los expresidentes y otros funcionarios que gozan de un fuero constitucional que elimina cualquier posibilidad de que sean llamados a comparecer ante la JEP por hechos relacionados con el conflicto, a no ser que ellos mismos soliciten ¡ªde manera muy poco probable¡ª que esa Jurisdicci¨®n conozca su caso, tras haber sido procesados en la Corte Suprema de Justicia, que ser¨ªa el tribunal de competencia.

Seg¨²n datos de la JEP, hasta el 17 de febrero de este a?o 9.840 exmiembros de las FARC, 3.558 de la fuerza p¨²blica, 95 agentes del Estado diferentes de la fuerza p¨²blica y apenas 71 terceros civiles suscribieron actas de compromiso y sometimiento ante esa Jurisdicci¨®n. Aunque algunos nombres se conocen; en otros casos hay pruebas contundentes de su responsabilidad, pero la justicia ha sido ineficaz; o de otros m¨¢s hay fundadas sospechas, muchos terceros civiles, con o sin fuero, siguen sin ser investigados. La impunidad de la que gozan y el silencio en el que permanecen es una victoria para ellos y una derrota para la justicia.

En varios eventos de reconocimiento p¨²blicos y privados propiciados por la Comisi¨®n de la Verdad, o en audiencias de la JEP, las v¨ªctimas han exigido ¡ªcon el dolor a¨²n vivo, sin importar cu¨¢ntos a?os pasen¡ª que los involucrados de todos los bandos acepten su responsabilidad sin medias tintas, digan realmente toda la verdad, y den los nombres de quienes ordenaron cometer los cr¨ªmenes y de sus colaboradores. La demanda de verdad es acuciante y es un derecho, sobre todo, de ellas; pero toda la sociedad tiene derecho a saber.

Si la identidad plena de los responsables se mantiene en secreto, como es la pretensi¨®n de los descendientes de los perpetradores y colaboradores de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Espa?ola, as¨ª como de los testaferros de los paramilitares que pagaron a Eliminalia por borrar su huella, estar¨ªan en grave riesgo el derecho de las v¨ªctimas y de la sociedad a la verdad, y la memoria hist¨®rica. Saber qu¨¦ pas¨®, por qu¨¦ pas¨® y qui¨¦n lo hizo, entre muchas otras preguntas, es necesario para impartir justicia y reparar las heridas infligidas en la medida de lo posible. Conocer el pasado de la guerra e identificar a quienes participaron en ella ¡ªincluyendo a los civiles¡ª es crucial para construir, en el presente, las condiciones para que no haya m¨¢s v¨ªctimas en el futuro, para que la crueldad no se repita. Es y deber¨ªa ser, adem¨¢s ¡ªcomo dijo la Audiencia Nacional de Espa?a¡ª, un asunto de p¨²blico inter¨¦s. Es, ni m¨¢s ni menos, una parte importante de la lucha de la verdad contra el olvido.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.