Nari?o vive una crisis de violencia en plena paz total

Nari?o, el departamento del suroccidente de Colombia que le apost¨® al Gobierno de Gustavo Petro con el 81% de los votos en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mostraba la esperanza de que el nuevo mandatario lograra disminuir la violencia que afecta a esa regi¨®n. Pero, tras un a?o de administraci¨®n, los grupos ilegales siguen haciendo presencia y enfrent¨¢ndose por el control territorial en el departamento con m¨¢s cultivos de coca de Colombia con ...

Nari?o, el departamento del suroccidente de Colombia que le apost¨® al Gobierno de Gustavo Petro con el 81% de los votos en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, mostraba la esperanza de que el nuevo mandatario lograra disminuir la violencia que afecta a esa regi¨®n. Pero, tras un a?o de administraci¨®n, los grupos ilegales siguen haciendo presencia y enfrent¨¢ndose por el control territorial en el departamento con m¨¢s cultivos de coca de Colombia con 59.746 hect¨¢reas, seg¨²n el informe de 2022 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Il¨ªcitos de Naciones Unidas (Simci).

El gobernador del departamento, Jhon Rojas, ha emitido varias alertas por la crisis humanitaria que produce esa guerra, y exige la presencia del presidente y de la c¨²pula de la Fuerza P¨²blica en la regi¨®n. ¡±Consideramos que la crisis humanitaria y el recrudecimiento del conflicto en Nari?o es muy grave¡±, dijo en un comunicado p¨²blico a mediados de agosto.

Seg¨²n datos del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer semestre de 2023 aumentaron los desplazamientos individuales en Nari?o en un 33%, con 4.788 v¨ªctimas, y los masivos en un 17%, hasta llegar a 16.137 afectados. Adem¨¢s, los casos de impacto por artefactos explosivos como minas han cobrado la vida de 55 v¨ªctimas en esos seis meses, frente a las 50 que hubo en todo 2022. El CICR tambi¨¦n ha documentado 44 casos de desapariciones en lo que va de este a?o.

Ese deterioro sigue en aumento y se debe a por lo menos dos conflictos entre grupos armados ilegales. De un lado, en las regiones de Los Abades y Guambuyaco, en la zona andina, hay enfrentamientos entre el grupo armado conocido como Frente Franco Benavides, que forma parte de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iv¨¢n Mordisco, y la guerrilla del ELN, que ha permanecido ah¨ª por muchos a?os. As¨ª lo explica el investigador y analista Kyle Johnson, de la Fundaci¨®n Conflict Responses. Una alerta temprana de la Defensor¨ªa del Pueblo de este a?o y una organizaci¨®n humanitaria consultada coinciden en el diagn¨®stico.

Ese choque dispar¨® los desplazamientos masivos en Los Abades y especialmente en el municipio de Samaniego, que al d¨ªa de hoy tiene m¨¢s de 1.000 desplazados. Tambi¨¦n tiene atemorizada a la poblaci¨®n de Guambuyaco, y especialmente en los municipios de Los Andes y La Llanada. El Frente busca expandir el control que tiene en municipios cercanos como Policarpa, El Rosario, Leiva, Taminango y Cumbitara. All¨ª imponen reglamentos de convivencia, aplican justicia y controlan la movilidad. Incluso, exigen a las personas que quieran ingresar a sus zonas que presenten un certificado m¨¦dico que certifique que est¨¢n libres de enfermedades de transmisi¨®n sexual.

M¨¢s hacia el litoral Pac¨ªfico, el conflicto es entre otros grupos del EMC y la otra gran disidencia, la Segunda Marquetalia que lidera el exjefe negociador de las extintas FARC y luego desertor Iv¨¢n M¨¢rquez. El EMC domina la parte norte de la costa, pero desde Tumaco ¨Del segundo puerto m¨¢s grande de Colombia en el Pac¨ªfico y el segundo municipio con m¨¢s cultivos de coca del pa¨ªs, con 20.720 hect¨¢reas¨D hasta la frontera con Ecuador, la mayor fuerza es de sus rivales.

Ese choque ha producido hechos de violencia recientes en la carretera que conduce de Pasto a Tumaco, como la quema de un bus y el secuestro de dos polic¨ªas el 17 de agosto, o el homicidio, a finales de ese mismo mes, de Carlos Pai Pai, un ind¨ªgena aw¨¢ de 20 a?os cuyo cuerpo apareci¨® descuartizado a la orilla de la carretera.

No se conoce al responsable del crimen, que ning¨²n grupo se ha atribuido ni ha sido aclarado por la justicia. La organizaci¨®n ind¨ªgena Unipa denunci¨® el hecho en un comunicado: ¡°Nos est¨¢n obligando a salir del territorio ancestral, perder nuestras pr¨¢cticas culturales y formas de vida (...), lo cual est¨¢ produciendo un etnocidio contra nuestro pueblo aw¨¢¡±. Tambi¨¦n ha habido desplazamientos, confinamientos, homicidios y reclutamiento forzado en la costa. Aura L¨®pez Garc¨ªa, lideresa aw¨¢, asegur¨® en una entrevista con este diario: ¡°Para nosotros no ha habido paz despu¨¦s de los acuerdos de 2016¡å.

La situaci¨®n de Nari?o es similar a la de otras de las regiones m¨¢s conflictivas en Colombia, que, seg¨²n el CICR, suman siete conflictos entre diferentes actores, de los que el Estado es tan solo uno. Aquellos en los que participan solo grupos ilegales son los que suelen tener m¨¢s impacto en la poblaci¨®n civil. Por eso, el cese el fuego entre el Gobierno y el ELN no ha tenido mayor efecto en Nari?o, donde hay poca esperanza de que el posible cese con el EMC implique un alivio humanitario.

Lo que piden en los territorios

Los habitantes de la zona tienen tres pedidos urgentes: el primero, la firma de unos acuerdos humanitarios con todos los grupos para prevenir m¨¢s ataques a la poblaci¨®n civil. Exigen que el Gobierno incluya en las conversaciones de la paz total a todas las estructuras, para llegar a una paz completa como la propone el presidente. ¡°Desde el Pacto Local de Paz de Samaniego, se sigue solicitando el cese el fuego multilateral¡±, dice el l¨ªder local Harold Montufar.

La petici¨®n es complicada en la medida en que grupos como la Segunda Marquetalia apenas tienen acercamientos con el Gobierno. En el caso de esa gran federaci¨®n de disidencias, no existe un marco legal para sus l¨ªderes y buena parte de sus miembros, ya que abandonaron el Acuerdo de Paz con las FARC y existe un debate sobre la posibilidad de que accedan a beneficios por segunda vez.

En todo caso, las voces del territorio insisten en que de nada servir¨¢n negociaciones y acuerdos con el Gobierno si no hay pactos entre los grupos para dejar de agredirse y de afectar a la poblaci¨®n civil. De hecho, la sociedad civil pide ser incluida en las negociaciones. Juan Carlos Angulo, l¨ªder afro e integrante de la Red de Consejos Comunitarios (Recompas), explica: ¡°Las comunidades conocen, saben muy bien c¨®mo actuar en un proceso de di¨¢logo, se las debe reconocer porque somos quienes hemos vivido el conflicto¡±.

El segundo pedido urgente es que el Gobierno acelere el funcionamiento de proyectos econ¨®micos alternativos a los cultivos il¨ªcitos en estas regiones. En Tumaco, por ejemplo, ya hay cultivos de cacao y las comunidades afro piden apoyo para poder procesarlo, darle valor agregado y as¨ª construir una econom¨ªa alterna a la de la coca. Montufar considera necesario apostarle al turismo y a cultivos con alto potencial como el caf¨¦, la granadilla y el aguacate.

La tercera solicitud es que se implemente a fondo el Acuerdo de Paz con las FARC. Al respecto, hay molestias que vienen desde el Gobierno del expresidente Iv¨¢n Duque debido a la lentitud de su puesta en marcha, especialmente en la sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos, seg¨²n explica el secretario de Gobierno de Nari?o, Jos¨¦ Obreg¨®n.

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