Un juez suspende el proyecto de carbono en Colombia hecho de espaldas a la comunidad

EL PA?S ofrece en abierto la secci¨®n Am¨¦rica Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscr¨ªbete aqu¨ª.

El 23 de agosto, una juez de segunda instancia orden¨® la suspensi¨®n de un proyecto de bonos de carbono en el sur de Colombia que, seg¨²n un grupo de ind¨ªgenas, se ha venido llevando a cabo de espaldas a su comunidad. Con esa decisi¨®n, dej¨® en firme un fallo similar al de un juez de primera instancia en julio pasado. Esta representa la actuaci¨®n m¨¢s dura de la justicia colombiana hasta ahora frente a este tipo de iniciativas ambientales.

Los proyectos REDD+ enlazan a comunidades locales que cuidan bosques estrat¨¦gicos para mitigar la crisis clim¨¢tica global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles f¨®siles. Cada bono o cr¨¦dito equivale a una tonelada de di¨®xido de carbono ¡ªuno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio clim¨¢tico¡ª que ya no subir¨ªa a la atm¨®sfera producto de ese esfuerzo de conservaci¨®n. Pero, como ha venido investigando esta alianza period¨ªstica desde hace dos a?os, muchos de estos proyectos en territorios ind¨ªgenas no siempre han sido transparentes, por lo que integrantes de esas comunidades est¨¢n recurriendo a la justicia para resolver los conflictos que han generado o incluso acrecentado.

A comienzos de junio, doce ind¨ªgenas del Gran Resguardo de Cumbal interpusieron un recurso judicial conocido como acci¨®n de tutela contra los promotores del proyecto REDD+ Pachamama Cumbal, en los p¨¢ramos y bosques altoandinos de su territorio cerca de la frontera con Ecuador.

Los demandantes aseguran que se enteraron de la existencia del proyecto cuando este incluso ya hab¨ªa vendido sus primeros bonos. En su visi¨®n, esto ocurri¨® porque ni el gobernador del resguardo ni las empresas que lo desarrollan, la mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y su filial colombiana SPV Business S.A.S., lo socializaron con su comunidad en Cumbal. Se?alaron adem¨¢s que les han negado acceso a los documentos que sustentan el proyecto. Tampoco, dicen, les han rendido cuentas sobre en qu¨¦ se han invertido los recursos generados por la venta de 849.000 bonos de carbono a la petrolera estadounidense Chevron, como revel¨® una investigaci¨®n liderada por el Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica (CLIP), en alianza con Mongabay Latam, El Pa¨ªs Am¨¦rica y La Silla Vac¨ªa. Por ese motivo, argumentaron que el proyecto viola sus derechos fundamentales a la consulta previa, la participaci¨®n efectiva y la propiedad colectiva.

En las dos instancias, los jueces les dieron la raz¨®n. ¡°Los miembros de la comunidad ind¨ªgena no pueden ser convidados de piedra en el momento de tomar decisiones que los involucren¡±, escribi¨® la juez Lorena P¨¦rez Rosero del juzgado tercero penal de Ipiales, confirmando el anterior fallo que hab¨ªa sido impugnado por varios de los implicados. ¡°Si bien delegan su representaci¨®n en un gobernador, aquel tampoco puede, so pretexto de haber sido elegido como tal, dejar de lado la intervenci¨®n de los dem¨¢s miembros del resguardo tanto para decidir el destino com¨²n, como para rendir cuentas acerca los dineros que llegan como pagos por contratos realizados¡±.

Cumbal visto por los jueces

En sus dos decisiones sobre el caso de Cumbal, los jueces pusieron la lupa en varios de los aspectos problem¨¢ticos del proyecto Pachamama Cumbal que se implementa en cuatro resguardos vecinos.

En el primer fallo, del 21 de julio, el juez Carlos Alexander Coral reconoci¨® que se trata de una iniciativa ben¨¦fica para la comunidad en t¨¦rminos generales, pero consider¨® que ¡°las falencias en la gesti¨®n del proyecto REDD+ Pachamama Cumbal afectaron a la comunidad ind¨ªgena, no a nivel f¨ªsico en el territorio como se podr¨ªa pensar, sino a nivel de la cohesi¨®n social, la equidad y el buen vivir¡±. En su visi¨®n, la iniciativa se ha llevado a cabo con un ¡°car¨¢cter meridianamente subrepticio¡± y ha tenido una ¡°m¨ªnima socializaci¨®n¡±.

Al hacerlo, el juez desestim¨® el argumento del ex gobernador Ponciano Yam¨¢ de que su rol como autoridad lo facultaba para celebrar ese tipo de contratos. Tambi¨¦n desestim¨® el argumento de la empresa Global Consulting ¨Cque devel¨® al juez que SPV le ¡°cedi¨® su posici¨®n contractual¡± en agosto de 2022, con conocimiento del entonces gobernador del resguardo- de que las comunidades han estado enteradas desde ¡°el inicio mismo del proyecto¡± y que su entonces gobernador lo acept¨® ¡°en su ejercicio de facultades legales¡±.

El juez promiscuo municipal de Cumbal fue especialmente cr¨ªtico frente a la ausencia de rendici¨®n de cuentas sobre los beneficios financieros que deber¨ªa dejar el proyecto al resguardo, aspecto en que lo secund¨® la juez de segunda instancia. ¡°Preocupa sobremanera a este despacho que incluso dentro del tr¨¢mite judicial del presente amparo constitucional no sea claro ¨Cni siquiera para esta autoridad- el destino actual de los recursos econ¨®micos generados por la venta de bonos de carbono¡±, escribi¨®. ¡°Surge la duda del paradero actual de dichos recursos y m¨¢s a¨²n de la finalidad que se le est¨¢ dando a tales fondos que en teor¨ªa estaban destinados a incentivar el cuidado de los ecosistemas y la fauna y la flora del territorio ind¨ªgena¡±.

Por ¨²ltimo, el juez Coral consider¨® que ¡°se inobservaron ampliamente¡± las salvaguardas sociales y ambientales obligatorias para los proyectos de carbono y justamente pensadas para proteger a comunidades locales, incluyendo las reglas sobre consentimiento, participaci¨®n efectiva y rendici¨®n de cuentas.

Por estos motivos, la juez de segunda instancia decidi¨® mantener la suspensi¨®n del proyecto y del contrato que lo sustenta que hab¨ªa decretado el primer juez, hasta tanto sus promotores soliciten al Ministerio del Interior un concepto sobre si se requiere un proceso de consulta libre, previa e informada con la comunidad y la lleven a cabo. Asimismo, mantuvo la orden del primer juez a los promotores del proyecto de presentar a la comunidad ¡°un informe claro y detallado de la gesti¨®n financiera¡±, que incluya la cuant¨ªa de los giros monetarios recibidos y la destinaci¨®n de esos recursos, en un plazo de m¨¢ximo de dos meses.

Por ¨²ltimo, en un rega?o al Gobierno colombiano, exhort¨® al Instituto de Hidrolog¨ªa, Meteorolog¨ªa y Estudios Ambientales (Ideam) a garantizar el funcionamiento de la plataforma estatal de iniciativas de mitigaci¨®n que lleva fuera de servicio desde agosto de 2022.

El expediente del caso tambi¨¦n confirm¨® varios hechos develados por esta alianza period¨ªstica. Nuestra investigaci¨®n mostr¨® que podr¨ªa existir un conflicto de inter¨¦s entre las dos empresas desarrolladoras y la auditora que contrataron para validar el proyecto, en tanto que la gerente de Global Consulting y representante legal de SPV Business fue tambi¨¦n cofundadora y accionista de la auditora Deutsche Certification Body S.A.S. Adem¨¢s, la representante legal suplente de SPV Business lo fue de esa misma firma auditora hasta un mes antes de firmar el contrato con el entonces gobernador de Cumbal. Ese doble papel pone en duda la independencia de quienes deb¨ªan evaluar objetivamente el proyecto en Cumbal.

Esa relaci¨®n entre auditores y desarrolladores, a su vez, no fue identificada por el certificador ColCX, parte del grupo empresarial de la familia Santo Domingo, que acept¨® a esta alianza period¨ªstica que no hac¨ªa p¨²blicos los documentos de los proyectos y que no ten¨ªa una pol¨ªtica de gesti¨®n de conflictos de inter¨¦s. Deutsche Certification Body se defendi¨® en el caso argumentando que no hubo un conflicto de inter¨¦s, pero confirm¨® que esa relaci¨®n s¨ª existi¨®. Su representante legal ?scar Gaspar respondi¨® al juez de primera instancia que ¡°la accionista (¡­) enajen¨® sus acciones antes de que se realizara la validaci¨®n y verificaci¨®n¡±.

El caso de Cumbal muestra que ¨Cen medio de los vac¨ªos del Gobierno para regular y supervisar este incipiente mercado- las comunidades ind¨ªgenas est¨¢n acudiendo cada vez m¨¢s a la justicia.

A las sentencias de los dos jueces de Nari?o se sumar¨¢ pronto otra. En estos momentos, la Corte Constitucional est¨¢ examinando por primera vez un caso del mercado voluntario de carbono relacionado con un conflicto similar en el Pir¨¢ Paran¨¢ en Vaup¨¦s. Su decisi¨®n podr¨ªa sentar precedentes para otras iniciativas similares de pago por servicios ambientales, trazando las l¨ªneas legales sobre lo que se puede y no se puede hacer en proyectos similares en territorios habitados por comunidades originarias. Aunque se esperaba un fallo pronto, el 10 de agosto la Corte anunci¨® que se demorar¨ªa m¨¢s en valorar las pruebas en lo que llam¨® ¡°un proceso complejo y novedoso en la jurisprudencia constitucional¡±.

De ese fallo y los correctivos dictados por los jueces depender¨¢ que una promisoria soluci¨®n clim¨¢tica no termine, como ocurri¨® en Cumbal, con territorios ind¨ªgenas vendiendo bonos sin que sus habitantes lo supieran.