El resguardo ind¨ªgena que vendi¨® bonos de carbono sin que sus habitantes lo supieran

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El 7 de diciembre de 2022, Diana Puenguenan vio un mensaje que la alarm¨®. Un exgobernador del resguardo ind¨ªgena de Cumbal, donde ella vive, hab¨ªa compartido en su estado de Whatsapp la foto de un documento legal que anunciaba el cierre de una venta de bonos de carbono en esa comunidad. ¡°?Alguien sabe de esto?¡±, preguntaba ¨¦l. Esa fue la primera noticia que tuvo esta soci¨®loga, administradora p¨²blica e ind¨ªgena pasto de 25 a?os de que se estaba llevando a cabo un ambicioso proyecto de pago por servicios ambientales en su territorio ind¨ªgena, enclavado entre p¨¢ramos y volcanes en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador.

Empez¨® a comprender que su resguardo, una unidad con la que se organiza el territorio en Colombia, albergaba un proyecto del mercado voluntario de carbono. Se trata de un negocio que enlaza a comunidades locales que cuidan bosques estrat¨¦gicos para mitigar la crisis clim¨¢tica global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles f¨®siles. Cada uno de esos bonos o cr¨¦ditos generados por un proyecto llamado REDD+ equivale a una tonelada de di¨®xido de carbono ¡ªuno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio clim¨¢tico¡ª que ya no sube a la atm¨®sfera producto de ese esfuerzo de conservaci¨®n.

Era una iniciativa interesante para su regi¨®n, que conserva unas 49.000 hect¨¢reas de p¨¢ramos, un ecosistema de alta monta?a que s¨®lo existe en un pu?ado de pa¨ªses tropicales y que es considerado estrat¨¦gico por su riqueza h¨ªdrica. Hab¨ªa, sin embargo, un problema. Pese a que este tipo de iniciativas requieren una socializaci¨®n amplia y la participaci¨®n de toda la comunidad, ella s¨®lo se enter¨® cuando ya era un hecho.

No s¨®lo ella lo ignoraba. En los d¨ªas siguientes, varios compa?eros que, como Diana, eran ind¨ªgenas pasto, profesionales universitarios y habitantes del resguardo de Cumbal, se declararon igual de perplejos. Formaron un grupo de trabajo para indagar m¨¢s que, en las semanas siguientes y a medida en que profundizaban en sus hallazgos, se convirti¨® en el Colectivo Ambiental Cumbal. Desde hace cinco meses, han intentado obtener sin mucho ¨¦xito m¨¢s informaci¨®n del proyecto. Escribieron a su gobernador, a la empresa desarrolladora y a la certificadora. Ninguno les ha respondido.

El proyecto, sin embargo, iba m¨¢s avanzado de lo que ellos sab¨ªan. Impulsado por la empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y por su filial colombiana SPV Business S.A.S., el Proyecto Ambiental Redd+ de Protecci¨®n Pachamama Cumbal aparece registrado en la plataforma del est¨¢ndar de certificaci¨®n colombiano ColCX desde el 25 de mayo de 2022. Adem¨¢s del suyo, aglutina a otros tres resguardos ind¨ªgenas vecinos y toma su nombre del vocablo incaico que significa ¡°madre del mundo¡±.

Cinco meses despu¨¦s, el 14 de octubre, la primera cosecha de 315.000 bonos del proyecto Pachamama fue canjeada por la petrolera Chevron, seg¨²n muestra la plataforma de la certificadora ColCX. En otras palabras, una empresa reclam¨® los resultados de conservaci¨®n del resguardo de Cumbal ocho semanas antes de que muchos de sus habitantes se enteraran siquiera de la existencia del proyecto.

El caso del resguardo volc¨¢nico de Diana Puenguenan es ilustrativo de un problema m¨¢s amplio: pese a su potencial para traer recursos invaluables a quienes cuidan a la madre tierra, muchos proyectos Redd+ en Colombia est¨¢n siendo socializados apenas con una parte de las comunidades, no son transparentes ni rinden cuentas a la mayor¨ªa de sus beneficiarios y est¨¢n propiciando fracturas sociales. El de Cumbal parece un caso extremo: hasta hoy sus habitantes no saben casi nada del proyecto que alberga su territorio colectivo y que ya ha cerrado cinco transacciones que suman casi un mill¨®n de bonos.

No es la ¨²nica peculiaridad del proyecto. La empresa que lo audit¨® y le dio v¨ªa libre para vender bonos de carbono, Deutsche Certification Body S.A.S., fue cofundada por B¨¢rbara Lara Escoto, quien es gerente de una de las dos empresas que promueven el proyecto Pachamama y representante legal de la otra, seg¨²n muestran registros de C¨¢mara de Comercio de las dos empresas colombianas. Su representante legal suplente de la filial colombiana SPV Business, Diana Carolina Avella Ostos, tambi¨¦n fue representante legal de esa misma auditora hasta un mes antes de firmar el contrato con el entonces gobernador de Cumbal, seg¨²n muestran actas de esa empresa. Ese doble papel muestra que quienes deb¨ªan evaluar de manera independiente el proyecto en los bosques y p¨¢ramos de Cumbal, no ten¨ªan tal independencia.

Estos son algunos de los hallazgos de una investigaci¨®n del Centro Latinoamericano de Investigaci¨®n Period¨ªstica (CLIP), en alianza con Mongabay Latam, La Silla Vac¨ªa y EL PA?S Am¨¦rica, y con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer. Esta colaboraci¨®n hace parte de Carbono Gris, una serie period¨ªstica que viene arrojando luz sobre c¨®mo se est¨¢ dando en la pr¨¢ctica el mercado de carbono en Am¨¦rica Latina.

Un proyecto nebuloso en el p¨¢ramo

Desde que los integrantes del Colectivo Ambiental Cumbal se enteraron a inicios de diciembre del proyecto Pachamama, han ido reuniendo informaci¨®n a cuentagotas.

El 10 de diciembre de 2022, tres d¨ªas despu¨¦s de que Diana Puenguenan dio el campanazo de alerta, su colega Miguel ?ngel Quilismal logr¨® conseguir un primer documento. Era una carta, fechada el 29 de junio de 2022 y con sellos de notar¨ªa, la empresa SPV Business informaba al gobernador Ponciano Yam¨¢ Chiran ¡ªdistinto al que hab¨ªa alertado de la oferta en su estado de WhatsApp¡ª de que ten¨ªa un ¡°potencial comprador¡±, a quien no identificaba, interesado en adquirir todos los bonos que emitiera el resguardo entre enero de 2018 y mediados de 2022. En el mismo pdf hab¨ªa una segunda carta m¨¢s escueta, en la que el entonces gobernador aceptaba la oferta comercial ese mismo d¨ªa. Ese era el documento que ellos hab¨ªan visto en el estado de Whatsapp del ex gobernador.

Esas dos cartas les permitieron conocer mejor las dimensiones del proyecto: abarcaba no s¨®lo su territorio, sino tambi¨¦n los vecinos resguardos pastos de Chiles, Pan¨¢n y Mayasquer, que forman parte del mismo municipio y del mismo complejo de p¨¢ramos en el Nudo de los Pastos. A Cumbal le correspond¨ªan, seg¨²n el documento, poco menos de la mitad de los 1,6 millones de bonos vendidos, por ser el territorio m¨¢s grande.

La noticia cundi¨® como la niebla por este pueblo lechero a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Una semana despu¨¦s, durante la asamblea del 18 de diciembre en que el gobernador Yam¨¢ deb¨ªa rendir cuentas sobre su gesti¨®n, en la casa del cabildo llovieron preguntas sobre el proyecto Pachamama. Que explicara el acuerdo e hiciera p¨²blicos los documentos, reclam¨® la comunidad. ¡°Nunca fue claro ni explic¨® c¨®mo empez¨® el proceso. S¨®lo habl¨® de las necesidades del resguardo y c¨®mo la plata de las transferencias [del Estado colombiano] no alcanza para cubrirlas¡±, dice Diana Puenguenan. Tambi¨¦n recuerda que, como respuesta, les acusaron de oponerse al desarrollo y a la inversi¨®n en el bienestar de la comunidad.

Frustrados por la falta de informaci¨®n, al d¨ªa siguiente los integrantes del colectivo redactaron un derecho de petici¨®n formal con cinco demandas y el respaldo de 270 firmas. Adem¨¢s de entregarlo en la casa del cabildo, lo publicaron en un activo grupo de Facebook sobre la cultura pasto que lleva Miguel ?ngel Quilismal. Ese cuestionario tampoco vio respuestas pero, tres d¨ªas despu¨¦s, un dirigente del resguardo les entreg¨® un segundo documento. Lo hizo tras un intercambio inicialmente tenso, que se calm¨® cuando Miguel ?ngel ¡ªingeniero civil de 38 a?os que lleva una d¨¦cada estudiando la historia de los pastos e intentando recuperar su lengua casi extinta¡ª le dijo que ellos, como profesionales en ¨¢reas afines a lo ambiental y cultural, pod¨ªan apoyar a las autoridades para que el proyecto sea m¨¢s robusto. Al final de cuentas, dijeron, el resguardo de 23.000 habitantes tiene entre 400 y 600 profesionales universitarios. S¨®lo entre los integrantes del colectivo, hay ingenieros ambientales, abogados y ge¨®grafos.

Ese segundo documento result¨® siendo el contrato de mandato que hab¨ªa firmado, el 5 abril de 2022, el entonces gobernador Ponciano Yam¨¢ con la empresa SPV Business para ¡°originar un proyecto de reducci¨®n de emisiones derivado de la evitaci¨®n de la deforestaci¨®n y degradaci¨®n de bosques, de tipo Redd+, a ser implementado en la totalidad de la extensi¨®n del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal¡±. El documento legal, notariado en Bogot¨¢, describe algunos de los t¨¦rminos del acuerdo: durar¨¢ 30 a?os ¡ªprorrogables hasta un siglo¡ª y sus ingresos se dividir¨¢n entre los promotores, correspondiendo el 60% a los cuatro resguardos ind¨ªgenas y un 40% al desarrollador.

Con el cambio de a?o lleg¨® tambi¨¦n un nuevo gobernador, pero pocos detalles sobre el nebuloso proyecto de carbono o en qu¨¦ se ha invertido el dinero que trajo. Ante la reiterada falta de respuestas, desde finales de enero y durante dos meses, los miembros del colectivo organizaron reuniones informativas en ocho de las nueve veredas rurales que conforman el resguardo. ¡°Nos dimos cuenta que en ninguna vereda fue socializado¡±, dice John Fredy Alpala, un ingeniero ambiental y sanitario de 31 a?os y otro de los fundadores del Colectivo Ambiental Cumbal.

Ni el anterior gobernador Ponciano Yam¨¢ ¡ªque firm¨® el contrato¡ª ni su sucesor H¨¦ctor Villacriz ¡ªque lo est¨¢ ejecutando¡ª respondieron a solicitudes de entrevista de esta alianza period¨ªstica sobre el proyecto y en qu¨¦ se est¨¢n invirtiendo los recursos que ha dejado.

Carbono entre p¨¢ramos y volcanes

Global Consulting y SPV Business son dos de los actores m¨¢s nuevos en el creciente mercado de carbono en Colombia.

En los ¨²ltimos seis a?os han aparecido m¨¢s de un centenar de proyectos privados de este tipo en todo el pa¨ªs. Estos esquemas fueron incorporados a la Convenci¨®n de Naciones Unidas de Cambio Clim¨¢tico para conectar a gobiernos nacionales que est¨¢n frenando la deforestaci¨®n con otros que quieren pagar por esos resultados, pero Colombia decidi¨® ampliarlos para incluir tambi¨¦n proyectos privados del mercado voluntario de carbono. Desde entonces, los proyectos Redd+ se han expandido por los bosques tropicales de la Amazonia y del Pac¨ªfico colombianos, pero tambi¨¦n por los manglares caribe?os, las sabanas de la Orinoquia y los p¨¢ramos andinos como ¨¦stos en el sur de Nari?o.

Tres razones explican esta bonanza. La primera es que el Gobierno colombiano cre¨® en 2017 un incentivo tributario que permite a las empresas que usan combustibles f¨®siles reducir o no pagar el impuesto al carbono si compran estos bonos. La segunda es que gran parte de las selvas y bosques de Colombia ¡ªque suman 600 mil kil¨®metros cuadrados, el equivalente al ¨¢rea de Ucrania¡ª est¨¢ custodiada por comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, raz¨®n por la cual muchas empresas empezaron a buscarlas para impulsar proyectos privados de carbono. A eso se suma una tercera: la posibilidad de obtener una alta rentabilidad, sin mayor supervisi¨®n estatal de los proyectos en lo t¨¦cnico, lo social y lo ambiental.

Aunque los p¨¢ramos contienen muchos menos ¨¢rboles que una selva tropical o un bosque, son ecosistemas fundamentales en la lucha contra el cambio clim¨¢tico por otra raz¨®n. Sus suelos ricos en materia org¨¢nica retienen altas cantidades de carbono, y si se remueve la capa vegetal m¨¢s superficial, ¨¦ste se libera a la atm¨®sfera. Por ese motivo, los proyectos del mercado de carbono en p¨¢ramos buscan desincentivar cambios dr¨¢sticos en el uso de esos fr¨¢giles suelos, sobre todo su quema y reconversi¨®n para agricultura o ganader¨ªa que demorar¨ªan cientos de a?os en revertirse.

En teor¨ªa, todos los proyectos deben cumplir con principios globales que buscan garantizar que las iniciativas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero por deforestaci¨®n o degradaci¨®n de bosques funcionen bien y realmente protejan a las comunidades locales y a la biodiversidad. Una de esas salvaguardas sociales y ambientales ¡ªque Colombia convirti¨® en una lista de 15 reglas de juego detalladas¡ª es que las comunidades interesadas cuenten con informaci¨®n clara y de f¨¢cil acceso sobre las iniciativas.

En Cumbal, esa situaci¨®n no mejor¨® ni cuando hablaron con la empresa a cargo del proyecto. A mediados de febrero, el ingeniero Alpala, del colectivo, logr¨® entrar a una reuni¨®n de Global Consulting y SPV con dirigentes del resguardo, en la que ¡ªtras una petici¨®n suya¡ª la gerente B¨¢rbara Lara Escoto prometi¨® que les compartir¨ªa un drive (una carpeta digital) con todos los documentos del proyecto Pachamama. Tres meses despu¨¦s, Alpala dice no tener ninguna noticia de ese drive.

Sobre todo hay dos documentos fundacionales de todo proyecto Redd+ que Alpala y los otros integrantes del colectivo a¨²n no han podido consultar: el documento de dise?o de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) y el informe del auditor externo que lo evalu¨®. Usualmente est¨¢n disponibles en el Renare, la plataforma del Gobierno colombiano que lista todas las iniciativas de mitigaci¨®n, pero que est¨¢ fuera de servicio desde agosto pasado. Tampoco est¨¢n publicados en la plataforma de la certificadora que otorg¨® su sello de calidad al proyecto.

Como ninguno de los gobernadores les ha respondido y B¨¢rbara Lara no ha cumplido su promesa de hacerlos p¨²blicos, el 9 de marzo escribieron desde el correo del colectivo ambiental a la certificadora colombiana ColCX, una de las cuatro que operan en el pa¨ªs. Tras presentarse como ¡°parte de la comunidad del resguardo ind¨ªgena del Gran Cumbal¡±, le pidieron compartir ambos documentos, explicando que el gobernador no se los ha compartido y aduciendo que consultarlos es un derecho. ¡°La no entrega de esta informaci¨®n ha generado una divisi¨®n y conflicto social entre la comunidad, puesto que no se sabe sobre la formulaci¨®n, ejecuci¨®n, indicadores ni metas a desarrollar en el proyecto¡±, escribieron.

ColCX ¡ªcuya empresa matriz Canal Clima forma parte de Valorem, el holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las m¨¢s ricas y poderosas del pa¨ªs¡ª les respondi¨® al d¨ªa siguiente. Lo hizo neg¨¢ndoles acceso a los informes. ¡°Siguiendo el debido proceso, debe ser solicitada a los titulares y/o al gobernador¡±, dijo escuetamente su gerente t¨¦cnica Catalina Fandi?o. Omiti¨® que, justamente, el problema es que ni las empresas titulares ni el gobernador les dan respuesta.

Desde enero, esta alianza period¨ªstica solicit¨® a ColCX acceso a los documentos del proyecto, dado que ¡ªa diferencia de sus competidoras, la estadounidense Verra y las colombianas Cercarbono y BioCarbon Registry (antes llamada ProClima)¡ª esta certificadora no los hace p¨²blicos en su registro de proyectos. En una primera respuesta en enero, Fandi?o dijo que ¡°el documento de dise?o de cada uno de los proyectos es de car¨¢cter confidencial y es propiedad de la comunidad y/o desarrollador¡±, pero que los solicitar¨ªa al desarrollador. Ante nuevas solicitudes, en marzo respondi¨®: ¡°No obtuvimos aprobaci¨®n para compartir la informaci¨®n solicitada¡±.

En entrevista el 30 de mayo, ColCX explic¨® que conf¨ªa en el rigor de los documentos presentados por los desarrolladores y auditores, pero que no pueden compartirlos porque sus contratos con desarrolladores ¡ªincluida Global Consulting¡ª incluyen una cl¨¢usula de confidencialidad. ¡°Nosotros desafortunadamente estamos atados contractualmente y el ¨²nico que nos podr¨ªa autorizar es el desarrollador¡±, dijo su director Mario Cuasquen, a?adiendo que no sab¨ªan del conflicto en la comunidad a ra¨ªz del proyecto de carbono pero que, como certificadores, no pueden cumplir ning¨²n rol en su implementaci¨®n.

Cuasquen, sin embargo, reconoci¨® que hay una diferencia en el est¨¢ndar de transparencia frente al de sus competidores y que este episodio gener¨® autocr¨ªtica al interior de ColCX. ¡°Nos dimos cuenta que, por un tema administrativo, tal vez ese aspecto estaba quedado [era insuficiente] y no era la mejor pr¨¢ctica¡±, dijo Cuasquen. Una de las decisiones que tomaron, fruto de una consultor¨ªa que contrataron, cont¨®, fue eliminar la cl¨¢usula de confidencialidad de los contratos a partir de ahora, de manera que en los nuevos proyectos har¨¢n p¨²blicos sus documentos. En los ya vigentes, como Pachamama, se ir¨ªa haciendo gradualmente a medida que renuevan sus contratos con ColCX.

El 14 de mayo, el colectivo ambiental de Cumbal volvi¨® a escribir a Global Consulting y a SPV, insistiendo en su derecho a consultar dichos documentos. De nuevo, s¨®lo hubo silencio.

Los promotores de Pachamama

Los titulares del proyecto Pachamama a los que se refiere la certificadora ColCX son, adem¨¢s de los gobernadores de los cuatro resguardos, dos empresas vinculadas entre s¨ª. Una de ellas, la colombiana SPV Business, firm¨® el contrato de mandato con el resguardo de Cumbal, mientras la otra, la mexicana Global Consulting and Assessment Services, es la que ha impulsado la iniciativa ante los organismos de certificaci¨®n y validaci¨®n.

SPV Business, creada en Bogot¨¢ en septiembre de 2020, lista a Global Consulting and Assessment Services ¡ªrepresentada por Yolanda Escoto Torales¡ª como accionista ¨²nica desde agosto de 2022, seg¨²n consta en actas de C¨¢mara de Comercio. A su vez, Global Consulting es una empresa que tiene su direcci¨®n en la ciudad mexicana de Quer¨¦taro.

La cabeza visible de ambas empresas desarrolladoras es B¨¢rbara Lara Escoto, una ingeniera qu¨ªmica e industrial mexicana que trabaj¨® en la auditora noruega Det Norske Veritas. Desde 2008 es la fundadora y gerente de Global Consulting, empresa que ¡ªseg¨²n su propia descripci¨®n¡ª ha ayudado a registrar ¡°m¨¢s de 1650 proyectos de diferentes sectores productivos en los est¨¢ndares de carbono de mayor reconocimiento internacional¡±. Es tambi¨¦n, desde marzo de 2021, la representante legal de SPV Business. En Colombia fue invitada del gremio de palma aceitera Fedepalma a su congreso internacional en septiembre pasado, donde habl¨® sobre los bonos de carbono como ¡°posibilidad de generar ingresos adicionales en la agroindustria de la palma¡±.

Esta alianza period¨ªstica solicit¨® entrevistas a B¨¢rbara Lara, de Global Consulting, y a Diana Carolina Avella, de SPV Business, desde el 20 de mayo, tanto por correo electr¨®nico como por tel¨¦fono. Ninguna de ellas respondi¨®.

Una auditora no tan independiente

En el esquema de funcionamiento del mercado de carbono, un proyecto Redd+ es presentado por sus desarrolladores a un est¨¢ndar de certificaci¨®n como lo es ColCX. Para que este ¨²ltimo le otorgue su sello de calidad y le permita emitir cr¨¦ditos, eval¨²a los informes en los que un auditor externo valida el proyecto y verifica la deforestaci¨®n que ¨¦ste ha evitado. El trabajo de ese auditor, que suele ser pagado por el desarrollador, debe ¡°permanecer imparcial con respecto a la actividad validada o verificada, as¨ª como libre de sesgos y conflictos de intereses¡±, seg¨²n se?ala una de las normas internacionales que regulan su trabajo y que rige en Colombia.

Sin embargo, en el caso de Pachamama, esa distancia entre desarrolladores y auditor es menos clara. En lo que podr¨ªa constituir un conflicto de inter¨¦s, la gerente de Global y representante legal de SPV fue tambi¨¦n socia accionista de la auditora que lo valid¨® en octubre de 2022 y verific¨® su remoci¨®n de 2,6 millones de toneladas de di¨®xido de carbono (CO2) que le permitieron vender igual n¨²mero de bonos.

En efecto, B¨¢rbara Lara Escoto, gerente de Global Consulting y representante legal de SPV Business, figura en actas de c¨¢mara de comercio como una de las socias fundadoras de Deutsche Certification Body S.A.S. Creada en junio de 2019 para prestar servicios de ¡°pruebas, inspecciones, supervisiones, certificaciones, investigaci¨®n y evaluaci¨®n¡± de ¡°proyectos de reducci¨®n, mitigaci¨®n, captura, secuestro y almacenaje de emisiones de gases de efecto invernadero¡±, la auditora basada en Bogot¨¢ tuvo tres socios fundadores, todos ellos de nacionalidad mexicana: Ra¨²l Gonz¨¢lez Mitre contaba con la mitad de las acciones, mientras ?scar Gaspar Negrete y Lara Escoto ten¨ªan una cuarta parte cada uno.

Lara figur¨® como accionista de Deutsche Certification Body al menos hasta marzo de 2021, seg¨²n documentos oficiales de la C¨¢mara de Comercio. Un a?o despu¨¦s, en marzo de 2022, ya figuraba como ¨²nico accionista de la auditora ?scar Gaspar. Fue justamente ¨¦l quien firm¨®, en octubre de 2022, las declaraciones de validaci¨®n y de verificaci¨®n del proyecto Pachamama Cumbal que aparecen en la plataforma de ColCX, en tanto representante legal de Deutsche Certification Body.

No es el ¨²nico v¨ªnculo entre desarrolladores y auditores. Diana Carolina Avella Ostos, quien figura desde marzo de 2021 hasta la actualidad como representante legal suplente de SPV Business, ocup¨® ese mismo cargo en Deutsche Certification Body entre marzo de 2021 y marzo de 2022, seg¨²n consta en actas dela auditora inscritas ante C¨¢mara de Comercio. Avella, una ingeniera qu¨ªmica que trabaj¨® en Fedepalma, fue la persona que firm¨® el contrato con el gobernador de Cumbal en abril de 2022 y la oferta comercial de compra de bonos en junio de 2022.

Dado que los informes completos de auditor¨ªa no son p¨²blicos y que ColCX neg¨® acceso a ellos, esta alianza period¨ªstica no pudo comprobar si esas conexiones empresariales y personales fueron hechas p¨²blicas.

Esta alianza period¨ªstica busc¨® a las tres empresas involucradas en el proceso de auditor¨ªa para escuchar su visi¨®n sobre esas relaciones entre ellas y entender c¨®mo gestionan potenciales conflictos de inter¨¦s. Al igual que Global Consulting y que SPV Business, Deutsche Certification Body no respondi¨® a una solicitud de entrevista hecha por correo electr¨®nico el 20 de mayo.

La certificadora ColCX dijo a esta alianza period¨ªstica que no ten¨ªa noticia de esos v¨ªnculos. ¡°No hab¨ªa escuchado. Es un tema de alarma y habr¨ªa que evaluar el tema de conflicto de inter¨¦s¡±, dijo su gerente t¨¦cnica Catalina Fandi?o, a?adiendo que el procedimiento ser¨ªa reportar los hechos al Organismo Nacional de Acreditaci¨®n de Colombia (ONAC) que supervisa a los auditores en el pa¨ªs. El director de ColCX, Mario Cuasquen, explic¨® que la empresa y el grupo Valorem tienen un riguroso proceso de debida diligencia de sus proveedores, que verifican que los auditores est¨¦n acreditados ante la ONAC y que conf¨ªan en el monitoreo que hace dicho ente mixto, pero reconoci¨® que no revisan los documentos corporativos en detalle. Tambi¨¦n admiti¨® que ColCX no tiene hoy un procedimiento de gesti¨®n de conflictos de inter¨¦s, pero que en la actualizaci¨®n que est¨¢ haciendo de su protocolo incluir¨¢ una obligaci¨®n a los desarrolladores de declarar posibles conflictos de inter¨¦s. ¡°Nuestro objetivo es subsanar las debilidades que el est¨¢ndar puede tener, en un proceso de mejoramiento continuo¡±, dijo Cuasquen.

La cliente petrolera

En sus seis meses de vida, el proyecto Redd+ de Cumbal ha registrado la venta de 849.000 bonos de carbono. Lo ha hecho a un ¨²nico comprador: la petrolera estadounidense Chevron.

Desde esa primera transacci¨®n de 315.000 bonos en octubre de 2022, Chevron ha canjeado cr¨¦ditos del proyecto en los p¨¢ramos de Cumbal en cinco ocasiones, seg¨²n consta en la plataforma de ColCX. A esa compra inicial siguieron una de 160 mil bonos en diciembre de 2022, otra de 194 mil en febrero de este a?o y una m¨¢s de 180 mil en abril pasado. En todos los casos, su objetivo fue ¡ªseg¨²n informa ColCX¡ª demostrar carbono neutralidad para ser eximido del pago del impuesto al carbono al Gobierno colombiano.

Consultado si sab¨ªa que los bonos que compr¨® y canje¨® provienen de un proyecto que gran parte de los habitantes del resguardo que lo alberga desconocen, Chevron respondi¨® a esta alianza period¨ªstica que ¡°de acuerdo con los informes de auditor¨ªa, se cuentan con los permisos y aprobaciones de la respectiva autoridad de Gobierno ind¨ªgena y tambi¨¦n se realizaron los procesos de socializaci¨®n respectivos¡±. La sucursal de la petrolera en Colombia a?adi¨® que tiene ¡°una continua comunicaci¨®n¡± con los desarrolladores, que ¨¦stos no les han ¡°reportado y/o notificado sobre la existencia de alg¨²n conflicto o eventualidades¡± y que incluso les consultaron de nuevo a ra¨ªz de este reportaje.

Chevron tambi¨¦n explic¨® que su pol¨ªtica para respaldar lo que considera ¡°un importante enfoque basado en el mercado para lograr reducciones eficientes de carbono¡± es establecer ¡°alianzas estrat¨¦gicas que nos permiten alcanzar est¨¢ndares de cumplimiento¡±. Su proceso de debida diligencia de los bonos que compra, detall¨®, consiste en revisar que los organismos de verificaci¨®n que eval¨²an los proyectos est¨¦n acreditados en Colombia o por el Foro Internacional de Acreditaci¨®n, y examinar los informes de auditor¨ªa de los proyectos. Declin¨® responder, por ¡°pol¨ªticas corporativas de confidencialidad de la informaci¨®n¡±, a qu¨¦ empresa compr¨® dichos montos y el monto que pag¨® por ellos. ¡°Nuestras compensaciones tienen un grado de cumplimiento aceptadas por los gobiernos en las regiones donde operamos¡±, a?adi¨®. (Aqu¨ª se puede leer la respuesta completa de Chevron).

No es la primera vez que Chevron ha sido cuestionada por su esquema de compensaci¨®n ambiental. Hace una semana, un informe de la organizaci¨®n no gubernamental Corporate Accountability se?al¨® que un 93% de los bonos de carbono que Chevron compr¨® y utiliz¨® a nivel global entre 2020 y 2022 son ambientalmente problem¨¢ticos. La petrolera rechaz¨® las conclusiones de ese informe, argumentando que tiene un sesgo contra la industria y que pinta una imagen incompleta de sus esfuerzos por reducir su huella de carbono.

El asesor de carbono sancionado e inhabilitado

La falta de transparencia en torno al proyecto Pachamama no es lo ¨²nico que preocupa a los habitantes del resguardo de Cumbal. Tambi¨¦n se ha convertido en un factor de alarma el nombre ¡ªy m¨¢s concretamente el historial¡ª de quien aparece en la carta de aceptaci¨®n de la oferta comercial de compra de bonos del proyecto Redd+ como ¡°testigo¡±.

Se trata de Jorge Luis Tipas Colimba, un habitante del resguardo que fue regidor en la vereda de Cuaspud, trabaj¨® como funcionario p¨²blico en la alcald¨ªa de Cumbal y fue diputado departamental. Su carrera pol¨ªtica se vio truncada cuando, a finales de 2015, la Contralor¨ªa departamental de Nari?o lo hall¨® responsable por mal manejo administrativo en dos procesos distintos ligados a contratos que ¨¦l hab¨ªa supervisado durante su paso como secretario municipal de planeaci¨®n de Cumbal en 2012.

En un primer proceso, en noviembre de 2015, la Contralor¨ªa hall¨® a Tipas responsable por la ¡°p¨¦rdida injustificada de recursos p¨²blicos¡± en un contrato de suministro de gasolina para una volqueta destinada al mantenimiento de v¨ªas en el resguardo de Chiles que estaba en reparaciones en Pasto. Seg¨²n el ente departamental de veedur¨ªa a los recursos p¨²blicos, Tipas no supervis¨® ese contrato y ¡°faltando a la verdad certific¨® que el combustible y lubricantes fueron utilizados en un veh¨ªculo que no estaba siendo utilizado a favor de la comunidad¡±. Un mes despu¨¦s, la misma Contralor¨ªa departamental lo declar¨® responsable fiscal por no haber supervisado diez contratos para la adecuaci¨®n de la casa cultural de Chiles, no monitorear el uso de materiales y no darse cuenta que se usaron en obras distintas a la contratada. En ambos casos, la Contralor¨ªa determin¨® que hubo ¡°un da?o al patrimonio p¨²blico¡± por cuenta del ¡°actuar negliglente¡± de Tipas, que calific¨® como ¡°culpa grave de car¨¢cter omisivo¡±. La suma de esas p¨¦rdidas, seg¨²n la Contralor¨ªa, fue de 102,3 millones de pesos (unos 31.000 d¨®lares al tipo de cambio en esa fecha).

Esos fallos le acarrearon dos de las sanciones disciplinarias m¨¢s duras que hay en Colombia: en abril de 2016, la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n registr¨® una inhabilidad para desempe?ar cargos p¨²blicos por diez a?os y otra id¨¦ntica para contratar con el Estado. Ambas est¨¢n vigentes hasta abril de 2026. (Varios de los documentos escriben Tipas con ¡®s¡¯ y otros con ¡®z¡¯, pero se refieren al mismo n¨²mero de c¨¦dula).

Seis a?os despu¨¦s, en marzo de 2022, un mes antes de la firma del contrato para el proyecto de carbono, la Contralor¨ªa de Nari?o volvi¨® a fallar en contra de Tipas en otro proceso distinto tambi¨¦n ligado a su paso por la alcald¨ªa de Cumbal. Seg¨²n el ente departamental, no se encontr¨® ¡°vestigio alguno (¡­) que permita establecer la ejecuci¨®n¡± de un proyecto de restauraci¨®n ambiental en el resguardo de Cumbal y nunca se plantaron 46.000 pl¨¢ntulas de ¨¢rboles nativos que fueron pagadas. Tipas argument¨® que no fue designado supervisor de esos contratos, pero la Contralor¨ªa fall¨® en su contra aduciendo que ¡°no puede minimizarse¡± que no verific¨® las actividades y a¨²n as¨ª certific¨® su cumplimiento. En esa ocasi¨®n no le endilg¨® responsabilidad fiscal y aclar¨® que ¡°no participa en el enga?o para la obtenci¨®n de los recursos de manera intencional¡±.

Tipas no respondi¨® a una solicitud de entrevista de esta alianza period¨ªstica sobre su rol en el proyecto de carbono y sus sanciones vigentes.

Problemas para la ¡°madre tierra¡±

Para los habitantes del resguardo en las faldas del volc¨¢n Cumbal, la mayor iron¨ªa es que el proyecto que promete cuidar ¡°la totalidad de la extensi¨®n del territorio comprendido en el Resguardo del Gran Cumbal¡±, como dice su contrato, los ha excluido del todo.

¡°La obligaci¨®n de la autoridad es hacer conocer cualquier proyecto: con perifoneo invitar y reunir a la comunidad, presentarle el proyecto y preguntarle c¨®mo se siente. Si la comunidad est¨¢ de acuerdo, se hace. Pero calladamente no se puede¡±, dice Gilberto Valenzuela, de 74 a?os, quien fue regidor de la vereda de Cuaical cuatro veces.

La suma de peculiaridades ¡ªun proyecto desconocido por sus beneficiarios, documentos que no son p¨²blicos, vasos comunicantes no declarados entre desarrolladores y auditores, un certificador que niega informaci¨®n a la comunidad y un asesor del proyecto sancionado e inhabilitado¡ª han sembrado dudas entre ellos sobre su legitimidad. A eso se suma que podr¨ªa estar incumpliendo varias de las salvaguardas sociales y ambientales para este tipo de iniciativas, incluyendo la transparencia en su informaci¨®n, el consentimiento y la participaci¨®n plena de sus beneficiarios, y la rendici¨®n de cuentas de sus resultados.

¡°Todo debe hacerse con participaci¨®n y di¨¢logo. El c¨²mulo de conocimiento de la comunidad, de los mayores, las mujeres, los j¨®venes profesionales y las organizaciones ambientales no se tom¨® en cuenta, sino que la negociaci¨®n se hizo en Bogot¨¢ a puerta cerrada¡±, dice Omar Chiran, abogado y miembro del colectivo. A su juicio, el proyecto ha sido ¡°totalmente lesivo de los derechos, procesos y cosmovisi¨®n de los pueblos ind¨ªgenas¡±, por lo que est¨¢n considerando interponer una acci¨®n judicial, emulando la de los ind¨ªgenas del Pir¨¢ Paran¨¢ que fue seleccionada para revisi¨®n por la Corte Constitucional.

Eso les permitir¨ªa corregir, como m¨ªnimo, que el proyecto beneficie a quienes ya est¨¢n protegiendo a la ¡°madre tierra¡± en Cumbal. ¡°No estamos beneficiados en ning¨²n momento las comunidades que de verdad cuidamos los p¨¢ramos y los bosques¡±, dice Mar¨ªa Jael Cuaical, una ind¨ªgena de 50 a?os que lidera un vivero de plantas nativas en la vereda de Guan. En los semilleros de su asociaci¨®n Sinchimaki, donde trabajan once familias, crecen cientos de ¨¢rboles propios de los bosques altoandinos ¡ªpumamaquis, caspimotes, capul¨ªes, chilcuaros y charmelanes¡ª que siembran en los bordes de las quebradas que bajan del p¨¢ramo.

Pero, dice Cuaical, ¡°somos invisibles¡±.