El CNE insiste en que puede investigar la campa?a presidencial de Petro
El tribunal rechaza apartar del caso a tres de sus magistrados y trasladar el expediente a la Comisi¨®n de Acusaciones de la C¨¢mara de Representantes
La campa?a que llev¨® a Gustavo Petro a la Presidencia de la Rep¨²blica continuar¨¢ bajo el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante la ma?ana de este mi¨¦rcoles, la totalidad del tribunal se reuni¨® para estudiar las recusaciones presentadas en contra de tres de sus jueces, se?alados de tener amistad o animadversi¨®n contra el presidente. Tambi¨¦n evaluaron si pueden avanzar en el proceso o si deben enviarlo a la Comisi¨®n de Acusaci¨®n de la C¨¢mara de Representantes, encargada de iniciar los juicios pol¨ªticos contra los mandatarios. Decidieron dejar las cosas tal como estaban. Eso significa que ese tribunal, que no pertenece a la Rama Judicial y tiene magistrados elegidos en representaci¨®n de las bancadas del Congreso, no apartar¨¢ del caso a ninguno de sus miembros y lo mantendr¨¢ en sus manos.
A inicios de mayo se conoci¨® una ponencia de dos magistrados del CNE que deja mal parados al presidente Petro y a Ricardo Roa, gerente de su campa?a y actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol. El documento, pese a ser un borrador, revela una serie de indicios que demostrar¨ªan c¨®mo se ocultaron gastos y alteraron facturas para que la campa?a no superara los topes permitidos por ley. En aquellos comicios, el m¨¢ximo dinero que cada candidatura pod¨ªa desembolsar en la primera vuelta eran 28.536 millones de pesos (7,1 millones de d¨®lares), y de otros 13.375 millones (3,5 millones de d¨®lares) en la segunda. Los n¨²meros oficiales reportados por la campa?a de Petro indican que estuvo a menos del 0,01% de superar estos l¨ªmites, lo que despert¨® sospechas.
La ponencia presenta varios hallazgos que afectan a los encargados de la campa?a. Entre otros, unas donaciones hechas a la campa?a, que se habr¨ªan triangulado a trav¨¦s de partidos pol¨ªticos para ocultar su destinaci¨®n; los pagos a testigos electorales que no figuran en los registros contables; la falta de soportes del dinero que se pag¨® por el alquiler del Movistar Arena, un coliseo multiusos de Bogot¨¢, para celebrar la victoria de la segunda vuelta; y el uso de aportes en especie realizados por compa?¨ªas de aviaci¨®n para transportar a Petro y su equipo.
Una vez se volvieron p¨²blicas las posibles irregularidades, ninguna orilla fue indiferente. En medio de se?alamientos, incluyendo una declaraci¨®n del presidente que calific¨® la actuaci¨®n del CNE como ¡°una abierta ruptura constitucional¡±, las fuerzas pol¨ªticas intentaron incidir en cu¨¢les miembros del tribunal podr¨ªan interferir en la decisi¨®n. El congresista Hern¨¢n Cadavid, del opositor y uribista Centro Democr¨¢tico, recus¨® a las magistradas Fabiola M¨¢rquez y Alba Luc¨ªa Vel¨¢squez, del Pacto Hist¨®rico, la coalici¨®n de izquierda por la que fue elegido Petro. El legislador sosten¨ªa que ambas jueces, al pertenecer al movimiento del primer mandatario, no pod¨ªan ser objetivas.
Un camino id¨¦ntico tom¨® la bancada de congresistas del Pacto Hist¨®rico respecto al magistrado ?lvaro Hern¨¢n Prada, antiguo representante a la C¨¢mara del Centro Democr¨¢tico y quien enfrenta un juicio penal por sobornar testigos en beneficio del expresidente ?lvaro Uribe. Prada, junto con el magistrado liberal Benjam¨ªn Ortiz, fue el autor de la ponencia en cuesti¨®n. En un escrito que radicaron ante el CNE, los legisladores del Pacto argumentaron que sobre el magistrado existen ¡°claras evidencias que dan cuenta de los impedimentos de inter¨¦s indebido y animadversi¨®n¡± que tiene en contra de Petro y, en consecuencia, deb¨ªa ser obligado a dar un paso al costado.
Ninguna de las dos peticiones tuvo ¨¦xito. M¨¢rquez, Vel¨¢squez y Prada seguir¨¢n conociendo del caso. Una suerte similar corri¨® una solicitud hecha por la Comisi¨®n de Acusaciones para que el CNE le trasladara la investigaci¨®n a la campa?a, aduciendo que entre los involucrados estaba el presidente Petro. La determinaci¨®n del tribunal electoral fue de un rotundo rechazo. Frente a ese conflicto de competencia, le corresponder¨¢ al Consejo de Estado dirimirlo con la ¨²ltima palabra. Mientras tanto, el CNE sigue a cargo.
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