Relojes perdidos, taxis desaparecidos e intereses por pagar tarde las deudas: el caos en el manejo de los bienes de la mafia

Una decena de lingotes de oro perdidos, 31 taxis que sencillamente desaparecen y 69 relojes de lujo refundidos. Esos son solo algunos de los hechos m¨¢s graves de un problema muy amplio. El mal manejo de bienes y dineros que est¨¢n en poder de la estatal Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, levant¨® esta semana las alarmas de la Contralor¨ªa General de la Naci¨®n.

Como resultado de una auditor¨ªa sobre 60 casos graves de malos manejos, el ente encargado del control fiscal en el Estado se?al¨® la posible p¨¦rdida de hasta 28.000 millones de pesos, sumando problemas que vienen de d¨¦cadas anteriores, y cuatro casos que podr¨ªan tener una repercusi¨®n penal. EL PA?S tuvo acceso a un documento de 308 p¨¢ginas en el que el ente de control advierte de esas irregularidades, la mayor¨ªa cometidas en Gobiernos anteriores, como ha se?alado el actual director, Daniel Rojas. Pero en algunos de los hallazgos su administraci¨®n tiene responsabilidad.

En el caso de los relojes, los lingotes y los taxis es conocido. En noviembre pasado, varios medios revelaron un documento de la Fiscal¨ªa que advert¨ªa a la SAE de ¡°un caso de connotaci¨®n nacional el cual requiere especial atenci¨®n¡±. El documento judicial se?alaba que la entidad entreg¨® a dos privados los lingotes y relojes para que los administrara, como suele hacer mientras se define el destino de los bienes incautados, pero nunca los registr¨® correctamente ni obtuvo el dictamen de un perito que los avaluara. La Fiscal¨ªa advert¨ªa que, tras un cambio de fiscal en el caso, se determin¨® que los relojes en poder de los depositarios eran copias falsas, y los lingotes eran barras de hierro pintadas. Desde ese momento, abri¨® otro frente de investigaci¨®n para determinar si alguien cambi¨® los bienes originales por imitaciones.

El informe de la Contralor¨ªa a?ade un nuevo episodio a ese follet¨ªn. Despu¨¦s de las alertas de la Fiscal¨ªa, el 8 de abril de 2022 varios funcionarios de la SAE se desplazaron hasta el lugar en el que deb¨ªan estar los bienes y no los encontraron. ¡°Se corrobor¨® la p¨¦rdida¡±, afirma, tajante, el documento. La entidad, que depende del ministerio de Justicia y cuyo director ha hecho pol¨ªtica por m¨¢s de una d¨¦cada con el presidente Gustavo Petro, ha respondido que viene adelantando gestiones para instaurar acciones legales contra el depositario al que le hab¨ªa entregado los relojes y el metal, precioso o no, en custodia. Es decir, los bienes ya ni siquiera aparecen.

Otro proceso notorio viene de a?os atr¨¢s, pero salpica a la administraci¨®n actual. En 2017, la Sociedad entreg¨® en arriendo 31 taxis, con un contrato que iba hasta 2022. Pero en 2018 el arrendatario pidi¨® terminarlo. La SAE explica que suspendi¨® el cobro, pero nunca recuper¨® los veh¨ªculos. Y tan solo a inicios de 2024 inici¨® un proceso ante un juez para que le restituyan esos bienes, al estilo de los que realiza un arrendador de un inmueble ante un arrendatario que no paga. ¡°Al 31 de diciembre de 2023 no se hab¨ªa adelantando ese proceso¡±, dice la Contralor¨ªa.

No todos los hallazgos son de vieja data. El ente de control puso la lupa sobre el contrato que firm¨® la SAE en 2023 para arrendar nuevas oficinas para su sede en Bogot¨¢. La Contralor¨ªa advierte que la entidad cambi¨® un espacio por el que pagaba poco m¨¢s de 400 millones de pesos mensuales por otro que costaba m¨¢s de 646 millones de pesos. Por ello, la Contralor¨ªa se?ala un presunto da?o patrimonial al Estado de poco m¨¢s de 2.400 millones de pesos, por los 10 meses del contrato. Adem¨¢s, seg¨²n confirm¨® este diario, el ente de control elev¨® peticiones a la Fiscal¨ªa para abrir una investigaci¨®n penal y a la Procuradur¨ªa para que lo haga con una disciplinaria.

En respuesta a la Contralor¨ªa, la SAE justific¨® el incremento del valor en dos hechos: aument¨® su planta de personal y abri¨® una nueva sede en el pa¨ªs. Sin embargo, el ente de control alega que ¡°el n¨²mero de funcionarios reportados no coincide con la informaci¨®n presentada por la entidad¡± y que no presentaron esa justificaci¨®n al momento de contratar las nuevas sedes.

La oficina de prensa de la SAE ha respondido a este diario que ese hallazgo ¡°corresponde a este Gobierno y lo asumimos¡±. Explica que en 2022 la SAE ten¨ªa 600 funcionarios repartidos en tres edificios cerca al Parque de la 93 de Bogot¨¢, una zona comercial y de oficinas de alto nivel. Narran que desde entonces, con el Gobierno de Gustavo Petro, la planta ha crecido a ¡°casi 927 personas¡±, ¡°por lo que necesit¨¢bamos ampliar y unificar las oficinas con mejores condiciones en espacio, bienestar y ubicaci¨®n para los trabajadores y trabajadoras de la entidad¡±.

Otro proceso que recae sobre la administraci¨®n actual, aunque solo de manera parcial, es el costo de tener seis bienes inmuebles que no han sido arrendados por estar inhabitables. La SAE usualmente arrienda este tipo de bienes para as¨ª tener recursos con los cuales pagar sus gastos y mantenimiento, o los entrega a depositarios para que asuman los costos. Una de las propiedades es un apartamento en el norte de Barranquilla que complet¨® 312 meses (26 a?os, desde 1998) sin ser arrendado. Entre varios apartamentos en esa regi¨®n las deudas superan los 300 millones de pesos a la copropiedad.

En respuesta a este diario, una fuente de la SAE contest¨® que, al igual que los inmuebles ocupados irregularmente, este es un problema heredado. ¡°En el 2022 la contralor¨ªa reporto a nivel nacional 30,8 % de los inmuebles desocupados y ahora en el informe de 2023 reporta 28,77% (baj¨® el porcentaje)¡±. De hecho, explicaron que los pagos de las cuotas de administraci¨®n de inmuebles desocupados no las asume la SAE porque la ley respalda que los inmuebles en extinci¨®n de dominio improductivos no deben asumir cuotas de administraci¨®n o impuestos.

La Contralor¨ªa tambi¨¦n encontr¨® que la SAE ha debido asumir intereses moratorios por tardar en el pago de sentencias. De acuerdo con el informe, un fallo del 26 de enero de 2023 oblig¨® a la entidad a pagar m¨¢s de 1.100 millones de pesos, pero solo los desembols¨® el 10 de enero de 2024. Esa tardanza le cost¨® 58 millones de pesos en intereses. ¡°La situaci¨®n evidenciada obedece a deficiencias en el seguimiento de las actuaciones adelantadas por los apoderados a cargo de los procesos judiciales¡±, se?ala el informe. El otro caso es m¨¢s singular. En 2017 un juez orden¨® a la entidad pagar 33 millones de pesos a una asociaci¨®n de copropietarios en la ciudad de Santa Marta; el pago se realiz¨® solo en enero de 2024, y los intereses sumaron m¨¢s de 300 millones de pesos. La SAE explic¨® a la Contralor¨ªa que adelanta procesos judiciales contra los funcionarios que no han realizado los pagos a tiempo, para as¨ª recuperar el dinero perdido.

Un ¨²ltimo asunto, de particular inter¨¦s por la apuesta del Estado en implementar el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, es que la SAE est¨¢ incumpliendo un requisito para administrar los inmuebles que entreg¨® esa guerrilla para resarcir a sus v¨ªctimas. La ley exige que el dinero que produzcan esos bienes permanezca en una fiducia, administrada por una entidad financiera y que permite asegurar que los recursos se mantengan separados de los dem¨¢s de la SAE, dado su destino especial. La Contralor¨ªa alerta que el contrato de la fiducia venci¨® en 2023 y ¡°los recursos ingresan a una cuenta bancaria ordinaria administrada por entidad¡±. La SAE contesta que es un arreglo temporal, mientras licita una nueva fiducia.

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