Siete a?os y cero sentencias: crece la presi¨®n sobre la JEP

En los siete a?os que lleva funcionando, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) ha abierto once frentes de investigaci¨®n sobre los patrones de delitos cometidos en el conflicto en Colombia. Los secuestros, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, los cr¨ªmenes cometidos por la Fuerza P¨²blica o las particularidades en la violencia contra los grupos ¨¦tnicos, son algunos de los macrocasos que ha abierto la justicia transicional pactada en los Acuerdos de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Todos buscan cumplir con una de las promesas del Acuerdo: qu...

En los siete a?os que lleva funcionando, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) ha abierto once frentes de investigaci¨®n sobre los patrones de delitos cometidos en el conflicto en Colombia. Los secuestros, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, los cr¨ªmenes cometidos por la Fuerza P¨²blica o las particularidades en la violencia contra los grupos ¨¦tnicos, son algunos de los macrocasos que ha abierto la justicia transicional pactada en los Acuerdos de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC. Todos buscan cumplir con una de las promesas del Acuerdo: que los m¨¢ximos responsables del conflicto salden sus deudas con la justicia. Sin embargo, han pasado siete a?os desde que inici¨® su funcionamiento y no ha producido ninguna sentencia. Eso solo aumenta una presi¨®n que viene desde varios lados y se suma a las viejas cr¨ªticas de la oposici¨®n uribista, a la que se han ido sumando voces m¨¢s defensoras del pacto que puso fin a la que fue la guerrilla m¨¢s vieja del continente.

Este a?o, varios de ellos comenzaron a poner sobre la mesa la idea de consolidar un ¡°tribunal de cierre¡± diferente a la JEP, y encargado de agilizar los procesos judiciales y darle un vuelco a la justicia transicional. La discusi¨®n lleg¨® a la mesa, inicialmente, por el descontento de excombatientes como Rodrigo Londo?o, su jefe en armas y persona decisiva para la firma de la paz. El antes conocido como Timochenko ha calificado el trabajo de la JEP, encargada de juzgarlo a ¨¦l, como ¡°lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista¡±. Recuerda que, aunque esa justicia est¨¢ cerca de completar la mitad de su mandato de 15 a?os, no ha producido ninguna sentencia en los 11 macrocasos. ¡°Como signatario del Acuerdo de Paz he expresado que la JEP decidi¨®, por voluntad de sus magistrados, tomar distancia de la ¨²nica y principal tarea que se les encomend¨®: constituirse en tribunal de cierre para la construcci¨®n de una paz estable y duradera¡±, escribi¨® este jueves en su cuenta de X. En otras palabras, cuando se acerca la que ser¨ªa la primera sanci¨®n contra los firmantes que han aceptado haber sido los m¨¢ximos responsables de centenares de secuestros, el m¨¢s visible de ellos pide celeridad y una visi¨®n m¨¢s restaurativa que castigadora.

Pero no se trata solo de una parte interesada. Paola Molano, la coordinadora de la l¨ªnea de justicia de la reputada oeneg¨¦ Dejusticia y quien trabaj¨® en la oficina del alto comisionado de Paz de Juan Manuel Santos durante la negociaci¨®n, se suma a las cr¨ªticas. La experta ha expresado su preocupaci¨®n se?alando un caso particularmente notorio. En octubre de 2022, esa justicia imput¨® cargos a 11 militares por los asesinatos de civiles mal llamados falsos positivos, uno de los cr¨ªmenes que m¨¢s sacudieron a una sociedad que ha vivido d¨¦cadas de conflicto. Casi dos a?os despu¨¦s, ni ha sancionado a los responsables ni ha reparado a las v¨ªctimas. Recuerda que lo algo similar ha sucedido con el antiguo secretariado de las FARC, a cuyos miembros les imput¨® los delitos de secuestro y esclavitud en abril de este a?o, pero sobre quienes tampoco se conoce qu¨¦ sanciones deber¨¢n cumplir. ¡°Es importante que asuman un enfoque que opte por decisiones colectivas, en lugar de la f¨®rmula caso a caso¡±, se?ala Molano. Justamente, ante el incontable n¨²mero de delitos cometidos en d¨¦cadas del conflicto, el Acuerdo prev¨¦ que la JEP seleccione los casos m¨¢s graves de los delitos m¨¢s representativos, y procese a sus m¨¢ximos responsables.

La abogada pone el dedo sobre un procedimiento que parece usual, pero que es objeto de pol¨¦mica porque parece abrir un boquete al dique de la priorizaci¨®n. En una sentencia de mayo de 2023, el tribunal especific¨® las reglas que se deben aplicar para determinar qui¨¦nes son los m¨¢ximos responsables de los delitos. Yesid Reyes, ministro de Justicia del Gobierno Santos y defensor del Acuerdo, le explic¨® a este diario que ese asunto interno podr¨ªa dilatar a¨²n m¨¢s las decisiones del Tribunal de Paz. ¡°Le autorizan a la Sala de Definici¨®n de Situaciones Jur¨ªdicas propone hacer una segunda selecci¨®n de qui¨¦nes son los m¨¢ximos responsables del conflicto, de acuerdo a si esa persona ha contado o no toda la verdad¡±, se?ala el penalista, quien de hecho fue elegido magistrado del tribunal, pero prefiri¨® no asumir el cargo. Explica que eso significa que la JEP valorar¨ªa las versiones y declaraciones que han entregado los excombatientes para luego determinar su nivel de responsabilidad y definir si los procesa o no, duplicando el filtro de qui¨¦n es m¨¢ximo responsable y agravando la situaci¨®n los procesados. ¡°En t¨¦rminos pr¨¢cticos, eso significa que, a trav¨¦s de esa sentencia, la JEP va terminar llamando otra vez a todos los reincorporados para exigirles verdad y al que no la d¨¦, lo calificar¨¢n como m¨¢ximo responsable¡±, explica.

Seg¨²n Reyes, si la JEP contin¨²a con esa metodolog¨ªa, no le alcanzar¨¢ el tiempo que le queda para tomar decisiones de fondo. Por ello, demand¨® ante la Corte Constitucional. Un informe de Dejusticia alerta que el asunto va m¨¢s all¨¢ de un problema de normas, pues podr¨ªa afectar a las v¨ªctimas del conflicto que esperan respuestas y reparaci¨®n. ¡°Las demoras y la falta de decisiones definitivas sobre los comparecientes no solo los afecta a ellos, sino tambi¨¦n a las v¨ªctimas, que no han podido acceder a los aportes de verdad de los comparecientes y tampoco a las medidas restaurativas¡±, se lee en el documento.

El expresidente Juan Manuel Santos se sum¨® a las cr¨ªticas contra la JEP y se pronunci¨® en un encuentro de la jurisdicci¨®n constitucional. Este jueves, en su intervenci¨®n, pidi¨® a la Corte Constitucional que revise la demanda de Reyes. ¡°Necesita que le den instrucciones para que [La JEP] no contin¨²e con una actitud maximalista. Si contin¨²a con esa actitud, la JEP no va a cumplir con los t¨¦rminos, va a terminar su per¨ªodo sin haber resuelto el tema de la justicia¡±, dijo en su intervenci¨®n.

A esas cr¨ªticas se ha sumado el alto comisionado de Paz del Gobierno de Gustavo Petro, Otty Pati?o. ¡°Tenemos otros frentes de trabajo como el cierre del proceso de Justicia y Paz [la justicia transicional pactada en 2005 con los extintos paramilitares de las AUC] y el mismo cierre de la JEP¡± dijo en una entrevista a El Espectador, para luego afirmar que piensan en un posible tribunal ¨²nico de cierre de esos dos procesos y un eventual acuerdo con la guerrilla del ELN. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, respondi¨® recordando que cerrar la JEP ser¨ªa una violaci¨®n a acuerdos internacionales que podr¨ªa activar la presencia de la Corte Penal Internacional en Colombia. Ante eso, el funcionario aclar¨® que el Ejecutivo no pretende acabar con la Jurisdicci¨®n antes de tiempo, pero afirm¨® que su lento funcionamiento ¡°genera inseguridad jur¨ªdica para el pa¨ªs¡± y que ¡°deben ir cerrando casos¡±. Lo mismo que dicen Santos, Londo?o, Reyes o los observadores expertos, y algo que, por ahora, parece lejos de ocurrir.