El desangre de la casa del trueno
La regi¨®n del Catatumbo, al nororiente de Colombia, vuelve a escribir un cap¨ªtulo con cifras superiores a los peores momentos de la violencia paramilitar de la d¨¦cada de los noventa y principios de los dos mil
La palabra Catatumbo en lengua Bar¨ª significa ¡°casa del trueno¡±. Su nombre es acu?ado por ser el lugar con mayor concentraci¨®n de rayos en el mundo. Tras la masacre y la cadena de asesinatos que suman m¨¢s de 80 personas muertas y 32.000 desplazadas, esta regi¨®n del nororiente del pa¨ªs vuelve a escribir un cap¨ªtulo con cifras superiores a los peores momentos de la violencia paramilitar de la d¨¦cada de los noventa y principios del 2000. Aunque la violenci...
La palabra Catatumbo en lengua Bar¨ª significa ¡°casa del trueno¡±. Su nombre es acu?ado por ser el lugar con mayor concentraci¨®n de rayos en el mundo. Tras la masacre y la cadena de asesinatos que suman m¨¢s de 80 personas muertas y 32.000 desplazadas, esta regi¨®n del nororiente del pa¨ªs vuelve a escribir un cap¨ªtulo con cifras superiores a los peores momentos de la violencia paramilitar de la d¨¦cada de los noventa y principios del 2000. Aunque la violencia nunca se fue de estos territorios, los hechos marcan un retroceso con consecuencias humanitarias devastadoras que abren los ojos a una realidad latente en otras regiones del pa¨ªs.
El Catatumbo est¨¢ bajo fuego desde la ¡°guerra de colores¡±. El 16 de noviembre de 1949 este territorio se ba?¨® en sangre, cuando los chulavitas, un grupo paramilitar auspiciado por el Estado y el Partido Conservador, asesinaron a m¨¢s de 46 personas, saquearon locales comerciales y destruyeron la estatua del l¨ªder liberal Jorge Eli¨¦cer Gait¨¢n en el municipio de El Carmen. Los hechos recientes recuerdan el desangre que vivi¨® la regi¨®n tras el paso del paramilitarismo con masacres como La Gabarra (1999), la desaparici¨®n de civiles en hornos crematorios, los desplazamientos forzados y las comunidades confinadas.
A m¨¢s de 70 a?os de la primera masacre ¨Den la violencia reciente¨D, el pa¨ªs volvi¨® a ser testigo, a trav¨¦s de las redes sociales, de la magnitud y los impactos del conflicto armado. Cuerpos de combatientes por el piso, carros cargados con pilas de muertos, asesinatos y retenciones de l¨ªderes comunales, entre ellos varios de la Uni¨®n Patri¨®tica (UP), y combates a sangre fuego han marcado las ¨²ltimas noches de los catatumberos a causa de la guerra abierta entre la guerrilla del ELN y el frente 33 de las disidencias de las extintas FARC.
La particularidad de esta nueva guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias es que no son solamente los combatientes los que se est¨¢n en medio del fuego cruzado, sino que, adem¨¢s, la mira est¨¢ en contra de sus propias familias, poblaci¨®n civil, excombatientes firmantes de paz y a quienes desde bando y bando han se?alado de ser ¡°colaboradores¡±. A esto se suma la fortaleza que, d¨¦cadas atr¨¢s, el ELN encontr¨® en la frontera y su potencial como guerrilla binacional, donde su mando militar se ha fortalecido sin acciones militares ofensivas del Estado.
Andrey Avenda?o, comandante del Frente 33, hab¨ªa dicho desde el a?o pasado que una confrontaci¨®n en el Catatumbo ¡°ser¨ªa catastr¨®fica para todos porque todos nos conocemos¡±. Estamos viendo los devastadores resultados que se asemejan a la cruda guerra desatada en 2006 en Arauca entre las FARC y el ELN, en la cual, durante tres a?os se atacaron mutuamente a las bases sociales y sus familias, con un total de 50 asesinatos solamente a l¨ªderes de las Juntas de Acci¨®n Comunal.
Tanto el comunicado del ELN justificando el asesinato de los firmantes de paz como los v¨ªdeos de denuncia de la poblaci¨®n civil, donde se ve a sus integrantes ir ¨Dpuerta a puerta¨D buscando a supuestos colaboradores de las disidencias o familiares, evidencian la consolidaci¨®n de la hegemon¨ªa del grupo armado en la regi¨®n. Desde 2018 la guerrilla fij¨® parte de su expansi¨®n en el norte del departamento, gan¨® la guerra contra el frente Libardo Mora del EPL y se asent¨® como due?o del territorio en una confrontaci¨®n que terminar¨¢ el d¨ªa que copen toda la parte norte de Norte de Santander, Oca?a y el sur del Cesar, en cumplimiento de su plan de expansi¨®n y control territorial.
A diferencia de otras escaldas de violencia, la que est¨¢n viviendo los catatumberos estaba avisada, no solamente con la Alerta Temprana de la Defensor¨ªa del Pueblo del pasado mes de septiembre, sino desde finales del segundo Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando estall¨® una confrontaci¨®n armada entre las guerrillas del EPL y el ELN que dej¨® m¨¢s de 100 muertos y 40.000 personas desplazadas forzadamente. En su momento, Santos decidi¨® apostar a la implementaci¨®n de la reforma rural integral y del punto 4 del acuerdo de paz con las FARC, sobre soluci¨®n al problema de drogas il¨ªcitas, pensando que as¨ª llegar¨ªa la pacificaci¨®n de un territorio convulsionado. Con el tiempo, se esfumaron los anhelos de paz territorial. Eso deriv¨® en paros de las organizaciones campesinas, que exig¨ªan la implementaci¨®n de lo acordado, y en una intensificaci¨®n de la violencia.
Con el gobierno de Iv¨¢n Duque la situaci¨®n no cambi¨®. Su pol¨ªtica de defensa se concentr¨® en incrementar el pie de fuerza con el env¨ªo de una Fuerza de Despliegue R¨¢pido (Fudra), donde m¨¢s de 3.000 soldados se sumaron a los m¨¢s de 7.900 ya presentes en el territorio con la Fuerza de Tarea Vulcano. El resultado fue similar al de otras regiones en el pa¨ªs: desconfianza en la fuerza p¨²blica por su forma de operar desarticulada de las comunidades, deterioro de la seguridad en zonas rurales, consolidaci¨®n del poder de facciones de los grupos armados con l¨®gicas de control territorial local diferenciadas y degradaci¨®n de la violencia que, desde entonces, alertaban la crisis humanitaria que hoy estamos presenciando.
Resulta, entonces, errado culpar del todo a la pol¨ªtica de paz total del Gobierno Petro y al poco avance en la mesa de di¨¢logos ¨Dcongelada¨D con el ELN. El problema es m¨¢s longevo y responde a las fallas que tambi¨¦n han tenido las anteriores administraciones en la pol¨ªtica de seguridad. Pese a los cambios de estrategia, se ha dado el mismo resultado negativo en las zonas donde los grupos armados se han erigido y consolidado bajo las l¨®gicas de gobernanzas criminales armadas: el pie de fuerza no ha sido efectivo para contrarrestar el crimen y la desconfianza de las comunidades con el Ej¨¦rcito no ha cambiado.
La declaraci¨®n de estado de conmoci¨®n interior no solucionar¨¢ el acumulado hist¨®rico de inoperancia estatal en el Catatumbo, pero tiene el gran reto de devolver, en primera medida, la habitabilidad del territorio y volcar un cuerpo institucional ausente con medidas que salgan de la ret¨®rica y se apliquen de inmediato en beneficio de las comunidades. Los temas ¨¢lgidos ser¨¢n los que ninguna pol¨ªtica de paz ha podido subsanar: la coca, la frontera, el petr¨®leo y otras econom¨ªas de uso il¨ªcito. En el largo plazo, la apuesta debe ser por cimentar cambios estructurales que quiten peso a la gobernanza criminal armada, como la construcci¨®n de la Universidad del Catatumbo, de escuelas rurales y hospitales para las comunidades campesinas.
El derrame de sangre seguir¨¢ ocurriendo hasta que las acciones del Estado est¨¦n encaminadas en la v¨ªa preventiva y no en la mitigaci¨®n de los da?os causados. Que las y los habitantes sigan sintiendo la ausencia estatal solamente es el reflejo de pol¨ªticas que seguir¨¢n fracasando si no se escucha tanto a campesinos y campesinas como comunidades ind¨ªgenas. El desangre que vive la casa del trueno puede ocurrir en el Cauca, Guaviare o Putumayo¡