Dos intentos fallidos de Noboa por apartar a su vicepresidenta sumen al Gobierno de Ecuador en el desconcierto

A Daniel Noboa se le reducen las opciones para deshacerse de la vicepresidenta Ver¨®nica Abad antes de que inicie la campa?a para las elecciones de 2025. Los votos no le alcanzaron al partido del Gobierno en el Legislativo para autorizar un posible juicio penal contra la vicepresidenta Ver¨®nica Abad, por el presunto delito de concusi¨®n; es decir, por usar su cargo para exigir un pago a otra persona a cambio de un puesto de trabajo. En una sesi¨®n convocada de forma virtual por el presidente de la c¨¢mara el 14 de junio, la moci¨®n de autorizar el enjuiciamiento de la segunda mandataria alcanz¨® solo 47 votos, cuando requer¨ªa de m¨ªnimo 92 para dar paso al pedido de la Corte Nacional de Justicia.

Los legisladores realizaron una segunda moci¨®n, esta vez para votar que no se autorice el juicio penal contra Abad. Para eso solo se requer¨ªan de 70 votos y los consiguieron de sobra. La salvaron los partidos de Revoluci¨®n Ciudadana, de Rafael Correa, al que Abad ha criticado en el pasado con fiereza. Tambi¨¦n el bloque de Construye, que se ha declarado en oposici¨®n del Gobierno y el Partido Social Cristiano, que fue uno de sus ¨²ltimos aliados hasta el impase entre uno de los l¨ªderes del partido -que adem¨¢s es el presidente del Congreso- y el vocero del Gobierno.

Con esta resoluci¨®n del Parlamento, Abad no podr¨¢ ser vinculada en el proceso judicial llamado Nene, que investiga la Fiscal¨ªa ecuatoriana tras la denuncia de un extrabajador de la Vicepresidencia, Rommel P., quien asegura que el hijo de Abad y otra persona que se hac¨ªa pasar como asesor de la mandataria negociaron su contrataci¨®n como coordinador de comunicaci¨®n a cambio de una parte de su sueldo. Seg¨²n las investigaciones, el delito se llev¨® a cabo en noviembre de 2023 en la suite de un hotel de Quito. El denunciante hab¨ªa trabajado con Abad en las elecciones seccionales de 2022 y fue llamado a colaborar ad honorem en octubre de 2023, tras la victoria del binomio. A cambio se le ofreci¨® contratarlo cuando asumiera el poder. Para ese entonces, la relaci¨®n entre Abad y Noboa ya estaba rota, seg¨²n relat¨® en una entrevista a EL PA?S.

El denunciante acudi¨® a la cita convocada una noche. Seg¨²n su relato, lo esperaban Sebasti¨¢n Barreiro Abad y Daniel R., el asesor que acompa?a a la vicepresidenta en Israel, aunque no es parte de la plantilla de trabajadores de la instituci¨®n. En la reuni¨®n se negoci¨® el puesto de coordinador de comunicaci¨®n en la Vicepresidencia. El cargo tiene un salario de 3.200 d¨®lares, pero le ofrecieron ganar 1.200. Al final cerraron el negocio en 1.500 y la diferencia deb¨ªa entregarlo en efectivo y en las manos del hijo de la segunda mandataria. Para garantizar los pagos mensuales, seg¨²n el denunciante, lo obligaron a firmar una letra de cambio por 30.000 d¨®lares. Rommel firm¨®. Pero en diciembre y enero el Gobierno no pag¨® a tiempo los salarios de los funcionarios p¨²blicos por falta de dinero y el pago del diezmo se retras¨® dos meses.

El Gobierno calific¨® la votaci¨®n de los asamble¨ªstas como un ¡°sucio pacto pol¨ªtico¡± al referirse a sus antiguos aliados en el Congreso. ¡°La solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Ver¨®nica Abad era clara y motivada. Solo era cuesti¨®n de dejar que -como en cualquier democracia medianamente estable- los ¨®rganos de la funci¨®n judicial hagan su trabajo¡±, dice el comunicado de la Secretar¨ªa de Comunicaci¨®n de la Presidencia. El documento cierra con una sentencia: ¡°En este Gobierno estamos claros: la transparencia es nuestra principal bandera. Ning¨²n funcionario est¨¢ por encima de la ley¡±. Para fortuna del Gobierno, el delito de concusi¨®n por el que se quiere vincular a la vicepresidenta no prescribe. Si la Fiscal¨ªa quiere vincularla a la causa de nuevo, deber¨¢ hacerlo despu¨¦s del 24 de mayo de 2025, cuando se haya levantado la inmunidad que goza como segunda mandataria. Pero su problema son los tiempos. Es resolver el asunto antes del inicio de la campa?a electoral en enero.

El mandatario sufri¨® otro rev¨¦s con este asunto tras la respuesta del procurador del Estado, que se abstuvo de interpretar varios art¨ªculos de leyes y de la Constituci¨®n ecuatoriana que solicit¨® Noboa para ser presidente y candidato al mismo tiempo, sin necesidad de encargar el poder a la vicepresidenta. La ley se?ala que los dignatarios que opten por la reelecci¨®n inmediata al mismo cargo deber¨¢n hacer uso de una licencia sin remuneraci¨®n desde el inicio de la campa?a electoral. Pero el presidente consult¨® al abogado del Estado si esa norma aplicaba tambi¨¦n para ¨¦l porque se trata de un Gobierno de transici¨®n que no va a cumplir los cuatro a?os de periodo que dura un mandato y, por lo tanto, su participaci¨®n en las elecciones presidenciales de 2025 no se contabilizar¨¢ como una reelecci¨®n, porque as¨ª lo establece la ley. Pero el procurador, Juan Carlos Larrea, respondi¨® que la consulta requiere de una interpretaci¨®n constitucional, y esa no es su competencia.

¡°El esp¨ªritu de la ley es claro: que no haya una campa?a y un ejercicio de funciones al mismo tiempo¡±, explica Ximena Ron, abogada constitucionalista, quien considera que si el procurador hubiese fallado de otra manera, habr¨ªa marcado un mal precedente y dejar¨ªa abierta la posibilidad de que cualquier otro funcionario pueda incidir en unas elecciones a trav¨¦s de su cargo.

Al Gobierno le quedan pocas opciones para impedir que Abad asuma el poder cuando Daniel Noboa est¨¦ en campa?a para las elecciones presidenciales. Una de esas, pero m¨¢s d¨¦bil, es un posible juicio pol¨ªtico impulsado por el partido de Gobierno. Cuando la Fiscal¨ªa cambi¨® el tipo de delito a concusi¨®n, abri¨® tambi¨¦n la posibilidad a que Abad sea sentada en el banquillo del Legislativo, porque concusi¨®n es una de las causas estipuladas en la norma. Pero como el Gobierno fall¨® en conseguir los 92 votos para que sea investigada penalmente ser¨ªa una gesti¨®n in¨²til del Gobierno intentar abrirle un juicio pol¨ªtico. Otra de las cartas contra la vicepresidenta es una denuncia en el Tribunal Electoral, en la que se acusa de infracci¨®n electoral por campa?a anticipada en las elecciones seccionales de 2022. ¡°Esta opci¨®n es una infracci¨®n, donde la sanci¨®n no es la destituci¨®n per se, sino que va desde una multa pecuniaria hasta la destituci¨®n. Por proporcionalidad se entender¨ªa que la destituci¨®n es absolutamente exagerada¡±, dice Ron. Pero el Gobierno ha demostrado que lo impensable puede ser posible. Hasta ahora, esas son las dos cartas sobre la mesa para impedir que la vicepresidenta asuma el poder en menos de seis meses.

Siga toda la informaci¨®n de El PA?S Am¨¦rica en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.