El Gobierno no debe negociar con quienes han secuestrado la justicia en Guatemala
El grave error de la administraci¨®n de Bernardo Ar¨¦valo es tratar a la c¨¦lula criminal incrustada en el Ministerio P¨²blico y el Organismo Judicial como una entidad legal que opera bajo el Estado de Derecho
La administraci¨®n actual de Guatemala enfrenta un desaf¨ªo crucial: abordar de manera decidida y eficaz la amenaza que representa la c¨¦lula criminal incrustada en el Ministerio P¨²blico y el Organismo Judicial a trav¨¦s de una serie de jueces corruptos que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales. Esta red no solo socava la justicia, sino que tambi¨¦n persigue y criminaliza a voces cr¨ªticas y opositores del llamado pacto de corruptos. Es imperati...
La administraci¨®n actual de Guatemala enfrenta un desaf¨ªo crucial: abordar de manera decidida y eficaz la amenaza que representa la c¨¦lula criminal incrustada en el Ministerio P¨²blico y el Organismo Judicial a trav¨¦s de una serie de jueces corruptos que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales. Esta red no solo socava la justicia, sino que tambi¨¦n persigue y criminaliza a voces cr¨ªticas y opositores del llamado pacto de corruptos. Es imperativo reconocer que se trata de una organizaci¨®n criminal y actuar en consecuencia para desmantelarla.
En este entramado, el pacto de corruptos ha encontrado una herramienta ideal para silenciar y perseguir a quienes se interponen en su camino, incluyendo al presidente Bernardo Ar¨¦valo. Los esfuerzos para evitar su toma de posesi¨®n y la continua persecuci¨®n a su administraci¨®n son una clara muestra de la erosi¨®n sistem¨¢tica de la democracia en Guatemala. Esto no es un proceso que pueda abordarse con diplomacia o consenso; requiere la desarticulaci¨®n inmediata y completa de la organizaci¨®n criminal.
El grave error de la administraci¨®n es tratar a esta c¨¦lula criminal como una entidad legal que opera bajo el Estado de Derecho. Este enfoque equivocado permite que contin¨²en desmantelando la democracia y obstaculizando el trabajo para el cual fueron elegidos. Adem¨¢s, insistir en el cumplimiento del debido proceso resulta ineficaz cuando es evidente que dicho proceso no se respeta desde el inicio en los casos de persecuci¨®n pol¨ªtica, criminalizaci¨®n y detenciones arbitrarias.
Resulta desolador ver a figuras como Ligia Hern¨¢ndez ofrecerse a una justicia inexistente y al Gobierno pedir un debido proceso que no aplica a opositores y cr¨ªticos del pacto de corruptos. El patr¨®n se repite: fabricaci¨®n de casos espurios, ¨®rdenes de captura por parte del juez Fredy Orellana, arrestos escandalosos e innecesarios, violaciones procesales, hostigamiento a la defensa y detenciones arbitrarias.
La administraci¨®n debe abandonar la estrategia y las t¨¢cticas conciliadoras y confrontar a esta c¨¦lula criminal de manera contundente. Dispone de fundamentos legales y herramientas suficientes para hacerlo. Es hora de actuar o resignarse a ver c¨®mo cada miembro del gabinete, y eventualmente el presidente, es detenido arbitrariamente. No se puede ni se debe negociar con quienes tienen secuestrado el sistema de justicia. El futuro de la democracia en Guatemala est¨¢ en juego, y la acci¨®n firme y decidida es la ¨²nica v¨ªa para protegerla.
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