Bernardo Ar¨¦valo supera los 100 d¨ªas de Gobierno con el campo minado

Esta semana, el presidente Bernardo Ar¨¦valo cumpli¨® 100 d¨ªas de gesti¨®n de Gobierno, y se autoimpuso la primera rendici¨®n de cuentas. No hubo logros sustantivos qu¨¦ reportar. Tampoco fue un desastre, aunque para las expectativas populares que despert¨® la derrota parcial del Pacto de Corruptos en las elecciones de 2023, hay deudas que el mandatario deber¨¢ saldar pronto, antes de que se conviertan en un itinerario hacia la ingobernabilidad.

La m¨¢s abultada -y quiz¨¢ urgente- de esas deudas es la destituci¨®n de la fiscal general Consuelo Porras, el ominoso s¨ªmbolo del golpismo, la impunidad de los grandes corruptos y la persecuci¨®n vengativa contra los operadores de justicia, quienes siguen impedidos de retornar del exilio. Por si fuera poco, la fiscal y sus principales piezas, como Rafael Curruchiche y su consejero ?ngel Pineda, han aquirido un protagnismo pol¨ªtico inusitado. Ella contradice abiertamente al presidente, se re¨²ne con diputados de oposici¨®n y alcaldes, mientras sus asistentes polemizan con los diplom¨¢ticos y ¡°analizan¡± los vaivenes preelectorales en Estados Unidos.

Hay una controversia entre los consejeros legales del presidente y los consejeros pol¨ªticos. Desde una lectura dogm¨¢tica de la ley, Ar¨¦valo tiene las manos atadas para sacar a la fiscal. Desde una estrategia jur¨ªdico-pol¨ªtica, se trata de garantizar que la Corte de Constitucionalidad respalde al mandatario despu¨¦s de que despida a la fiscal y ella busque la protecci¨®n de los magistrados. Consult¨¦ con los reformadores de la Constituci¨®n de 1994, que introdujeron la figura del Ministerio P¨²blico como poder independiente. Coinciden en que la facultad presidencial de destituir a la fiscal est¨¢ intacta y las causales son p¨²blicas y notorias, que el cambio en una ley menor que promovi¨® la CICIG (la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad de Guatemala) en 2016 para condicionar su destituci¨®n ¡°es una instrucci¨®n al juez y jam¨¢s al presidente, pues de lo contrario ser¨ªa inconstitucional¡±.

El impasse no es sin¨®nimo de quietud. Los poderosos grupos ultraconversadores, que se mueven en las sombras, siguen convencidos -sin evidencia alguna- de que el triunfo de Ar¨¦valo y del partido Semilla es producto de un fraude electoral. La permanencia de la fiscal es el certificado que requieren para convocar a nuevas elecciones este a?o, aunque suene a delirio de trasnochados. Lo cierto es que el Tribunal Electoral fue reconfigurado en las ¨²ltimas semanas; en el Congreso hay malestar porque Ar¨¦valo detuvo el engranaje de la corrupci¨®n a la que est¨¢ habituada la mayor¨ªa de diputados, y el sistema judicial es la serpiente venenosa que en cierto momento decisivo clava los colmillos.

La segunda deuda es la participaci¨®n de los pueblos ind¨ªgenas en el esquema de Gobierno. Ar¨¦valo les ha dedicado tiempo a las autoridades ancestrales. Se re¨²nen con frecuencia y dise?an planes de desarrollo, pero los tent¨¢culos de la corrupci¨®n que han penetrado en los tejidos de la sociedad civil en los territorios le han impedido al presidente nombrar a los dirigentes ind¨ªgenas y a otros representantes democr¨¢ticos como gobernadores en los departamentos. Las leyes de descentralizaci¨®n le otorgan al gobernador y a los consejos de desarrollo la capacidad de decidir la mayor parte de la inversi¨®n f¨ªsica a nivel local y regional, y por eso se han convertido en jugoso bot¨ªn de mafias y caciques; varios due?os de constructoras -conocidos narcotraficantes- usan los contratos p¨²blicos para lavar sus ganancias. Renovar los liderazgos territoriales ser¨¢ clave para la buena gobernanza.

Otro campo con saldo rojo y que se antoja pantanoso es el de la burocracia acostumbrada a operar con opacidad. El presidente Ar¨¦valo no cuenta con los funcionarios suficientes para cubrir todas las ¨¢reas de gesti¨®n estrat¨¦gica. Seg¨²n mis c¨¢lculos, requiere un elenco de no menos de 600 cuadros de alto nivel pol¨ªtico y t¨¦cnico para abreviar la curva de aprendizaje, que est¨¦n firmemente comprometidos con la agenda anticorrupci¨®n. Si hasta ac¨¢ la tarea es compleja, el expresidente Alejandro Giammattei se encarg¨® de minar el terreno: despidi¨® de manera irregular a miles de empleados que ahora tramitan indemnizaciones millonarias en los tribunales de trabajo, y a la vez amarr¨® contratos de inamovilidad laboral para sus bases partidarias.

Donde Ar¨¦valo se mueve como pez en el agua es en la arena internacional. Es la divisa dura que puede traducir en capital pol¨ªtico interno para ampliar los espacios de maniobra donde lo atenazan los poderes oscuros.