Ortega y Murillo acompa?an el redise?o del Estado de Nicaragua a su medida con una veintena de arrestos

El neum¨®logo Pablo Amaya estaba atendiendo a un paciente en la ciudad de Le¨®n, en el occidente de Nicaragua, cuando un grupo de polic¨ªas del r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo irrumpi¨® en su consultorio privado para arrestarlo este martes. Los oficiales dirigidos por el comisionado Fidel Dom¨ªnguez, uno de los polic¨ªas de alto rango m¨¢s fieles a la pareja presidencial, no presentaron ninguna orden de detenci¨®n en contra del m¨¦dico. Usaron ¨²nicamente la fuerza y lo trasladaron a una prisi¨®n indeterminada, pero fuentes sandinistas aseguran a EL PA?S que fue llevado a El Chipote.

Las celdas de El Chipote son temidas en Nicaragua: en ellas, denuncian organismos de derechos humanos, se practican torturas. El doctor Amaya ¨Cquien en 2019 ya hab¨ªa sido detenido tambi¨¦n por motivos pol¨ªticos¨C se uni¨® a otras 21 personas que han sido ¡°detenidas arbitrariamente¡± desde el 22 de noviembre, en medio de profundas reformas legales ordenadas por Ortega y Murillo. Estos cambios afectan a la Constituci¨®n Pol¨ªtica, el C¨®digo Militar, la ley de la Polic¨ªa Nacional, la ley de Migraci¨®n, y suponen adem¨¢s la creaci¨®n de una nueva normativa que obliga a la banca nicarag¨¹ense a proteger a quienes han sido sancionados por la comunidad internacional. Por otra parte, este martes se conoci¨® una propuesta de ley para regular el funcionamiento de los organismos, agencias de cooperaci¨®n y misiones diplom¨¢ticas en Nicaragua.

Todos estos cambios, empezando por la reforma tect¨®nica de m¨¢s de 100 art¨ªculos de la Constituci¨®n Pol¨ªtica, blindan la perpetuaci¨®n de la dinast¨ªa familiar, entierra la separaci¨®n de poderes, y legaliza lo que suced¨ªa de facto desde las protestas sociales de 2018: la sumisi¨®n total de las fuerzas armadas al Ejecutivo y la imposici¨®n de un Estado represivo catalogado por organismos de derechos humanos y opositores como ¡°totalitario¡±. Esta vor¨¢gine legislativa fue ejecutada por la Asamblea Nacional oficialista. Los fieles diputados ni siquiera cambiaron una coma a las propuestas ordenadas por el Ejecutivo.

Las detenciones de los ¨²ltimos d¨ªas han sido denunciadas por Monitoreo Azul y Blanco, una organizaci¨®n de la sociedad civil en el exilio que se ocupa de inventariar los arrestos de car¨¢cter pol¨ªtico en Nicaragua. Y si bien han reportado arrestos en al menos diez departamentos del pa¨ªs, Le¨®n ha sido uno de los m¨¢s afectados. Desde la noche del viernes 22 inici¨® la cacer¨ªa de personas, eminentemente activistas, acad¨¦micos y periodistas. Entre los primeros detenidos en Le¨®n sobresalen el periodista Leo Catalino C¨¢rcamo y Arnoldo Toru?o, un respetable m¨¦dico y especialista en salud p¨²blica de 78 a?os. Toru?o estaba jubilado y retirado de la vida p¨²blica desde hace varios a?os.

Alerta por los adultos mayores

El Monitoreo Azul y Blanco califica como ¡°alarmante¡± el registro de familias completas detenidas, ¡°incluidos ni?os menores de edad y 10 adultos mayores en estado vulnerable, cuyos paraderos tambi¨¦n son desconocidos¡±. Tambi¨¦n se conoci¨® del arresto del periodista y empresario Henry Brice?o, de 75 a?os, en el municipio de San Rafael del Sur.

Como sucedi¨® con el neum¨®logo Amaya, los oficiales no les revelan el paradero de los detenidos a sus familiares, quienes se encuentran en un estado de conmoci¨®n, desespero y terror.

¡°Adem¨¢s de las detenciones injustas, las autoridades tratan con sa?a a los familiares, les niegan informaci¨®n sobre el paradero de las personas detenidas y las desaparecen por d¨ªas. Esta estrategia alimenta la desinformaci¨®n, creando un ambiente de angustia y zozobra¡±, resalta el comunicado del Monitoreo Azul y Blanco. ¡°Esta situaci¨®n evidencia la falta de respeto por los derechos humanos b¨¢sicos y refuerza un clima de miedo e incertidumbre en el pa¨ªs¡±.

Reducen magistrados y eliminan contralores

Mientras el operativo de captura se realizaba en Le¨®n, el Ejecutivo sandinista reform¨® por completo la composici¨®n de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contralor¨ªa General de la Rep¨²blica. Eliminaron 25 cargos, entre magistrados y contralores propietarios y suplentes.

De los 42 cargos que hab¨ªa en la anterior Constituci¨®n Pol¨ªtica, pasaron a 17 con la reforma. La nueva legislatura elimina cualquier vestigio del pacto pol¨ªtico que hicieron el expresidente Arnoldo Alem¨¢n (procesado por corrupci¨®n) y Daniel Ortega, por la que ambos se repartieron cargos en diferentes poderes del Estado en el a?o 2000. Aunque en la pr¨¢ctica los magistrados de Alem¨¢n respond¨ªan desde hace a?os al sandinismo, ahora Ortega y Murillo los desechan.

El art¨ªculo 157 de la Constituci¨®n establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ahora estar¨¢ integrada por nueve magistrados, de los cuales al menos cinco ser¨¢n mujeres. Antes, el Poder Judicial estaba integrado por 16 magistrados y el per¨ªodo de estos aument¨® de cinco a seis a?os en el cargo, como hizo este lunes la pareja presidencial para extender los tiempos presidenciales y los titulares del Ej¨¦rcito de Nicaragua y la Polic¨ªa Nacional.

Ante todos estos cambios legales, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas que observa la situaci¨®n en Nicaragua expres¨® ¡°su profunda preocupaci¨®n por una amplia enmienda a la Constituci¨®n del pa¨ªs aprobada, la cual otorga al Gobierno del Presidente Daniel Ortega un poder pr¨¢cticamente ilimitado sobre la poblaci¨®n de la naci¨®n¡±.

¡°Con esta reforma ¨Cla duod¨¦cima desde que Daniel Ortega volvi¨® a la presidencia en 2007¨C, el Gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones¡±, afirm¨® Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.

¡°Al adoptar un lenguaje impreciso, esta reforma parece perseguir la formalizaci¨®n de la disoluci¨®n de facto de la separaci¨®n, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado¡±, agreg¨® Simon. ¡°El nuevo texto ya no se refiere expl¨ªcitamente a ¡®poderes¡¯, sino simplemente a ¡®¨®rganos¡¯, y afirma que estos ser¨¢n coordinados por la Presidencia¡±.

La enmienda, concluyen los expertos de Naciones Unidas, ampl¨ªa el mandato presidencial de cinco a seis a?os, eleva el papel de la vicepresidencia ¨Cque actualmente ocupa la esposa de Ortega¨C al de copresidenta, y elimina la prohibici¨®n constitucional de censurar a la prensa. ¡°Tambi¨¦n establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervenci¨®n del ej¨¦rcito en la acci¨®n policial interna, que ahora puede ser solicitada por el Gobierno siempre que lo exija la ¡®estabilidad¡¯ del Estado¡±, enumeran.