Un informe de Human Rights Watch alerta de las amenazas de las ¡®leyes mordaza¡¯ de Bukele en El Salvador

La organizaci¨®n de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha alertado en un informe publicado este jueves del peligro que representan para libertad de prensa y el derecho a la privacidad la aprobaci¨®n en el Parlamento de El Salvador de dos leyes sobre ciberseguridad y protecci¨®n de datos impulsadas por el Gobierno de corte autoritario del presidente Nayib Bukele. ¡°Estas nuevas leyes podr¨ªan utilizarse para eliminar publicaciones cr¨ªticas contra el Gobierno con el pretexto de estar protegiendo datos personales¡±, ha explicado Juanita Goebertus, directora para las Am¨¦ricas del organismo con sede en Washington D. C. ¡°Estas leyes son una f¨®rmula ideal para aumentar la censura y la opacidad¡±, ha agregado.

Este organismo ha explicado en su informe de que la llamada Ley de ciberseguridad ordena la creaci¨®n de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director ser¨¢ nombrado de forma directa por el mandatario. ¡°Esta agencia tendr¨¢ la doble responsabilidad de desarrollar e implementar la normativa relacionada con la ciberseguridad nacional, as¨ª como de supervisar y regular los mecanismos de protecci¨®n de datos¡±, se?ala el informe. ¡°Tal y como est¨¢ redactado el reglamento, otorga a la ACE amplias facultades para ordenar la eliminaci¨®n de informaci¨®n sobre individuos en plataformas y sitios web¡±, alertan desde HRW.

A la organizaci¨®n le preocupa en particular que la Ley de protecci¨®n, aprobada tambi¨¦n por una Asamblea Legislativa bajo el control de Bukele, que reconoce el ¡°derecho al olvido¡±, lo que ¡°permite a los individuos solicitar la eliminaci¨®n de sus datos de internet, incluyendo motores de b¨²squeda y hasta medios de comunicaci¨®n, cuando consideren que estos datos son ¡°inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos¡±, seg¨²n HRW. Los activistas resaltan que aunque la ley excluye la eliminaci¨®n de datos personales cuando sean ¡°necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresi¨®n, de informaci¨®n y prensa, esta excepci¨®n est¨¢ condicionada a que los datos publicados cumplan con el ¡°principio de exactitud¡± ¡ªes decir, no pueden publicarse si son ¡°inexactos, incompletos o desactualizados¡±. El otro problema es que los medios de comunicaci¨®n y motores de b¨²squeda que incumplan estos requisitos podr¨ªan ser sancionados con multas de hasta 40 salarios m¨ªnimos mensuales.

Estas leyes se asemejan a un cargamento legal aprobado por el r¨¦gimen de Daniel Ortega, que ha sido un duro golpe para la libertad de prensa y de expresi¨®n en Nicaragua, pa¨ªs donde hay condena y persecuci¨®n por los llamados ciberdelitos, que la dictadura nicarag¨¹ense implementa con amplia mano dura y una laxitud enorme sobre lo que se puede considerar un delito en Internet, incluyendo publicaciones contrarias a Ortega, su esposa y copresidenta, Rosario Murilo, sus hijos o allegados. Las leyes mordazas de Nicaragua han sido ampliamente condenadas por organismos de derechos humanos, porque representan v¨ªa libre al r¨¦gimen para mantener su escandalosa persecuci¨®n pol¨ªtica y represi¨®n contra las voces disidentes, inclusive fuera del pa¨ªs.

Para HRW tambi¨¦n es preocupante que la ley de protecci¨®n de datos salvadore?a excluye de su competencia los datos o actividades relacionados con la ¡°seguridad p¨²blica, la defensa, la seguridad del Estado, prevenci¨®n, investigaci¨®n, detecci¨®n y represi¨®n del delito¡±. El Salvador vive en un permanente estado de excepci¨®n ordenado por Bukele bajo la justificaci¨®n de una guerra abierta contra las pandillas y el crimen organizado, lo que le ha dado a las fuerzas de seguridad amplias facultades en su actuaci¨®n, pero ha derivado en denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el pa¨ªs centroamericano. Aunque la ofensiva de Bukele ha disminuido el n¨²mero de homicidios en el que era considerado uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos del mundo, ha habido denuncias de detenciones forzosas, desapariciones, torturas en las prisiones del Estado y violaciones al debido proceso en los juicios contra las decenas de miles de acusados de pertenecer a las llamadas maras.

¡°Aunque la disposici¨®n incluye una cl¨¢usula que exige el respeto al ¡°debido proceso y los derechos humanos¡±, esta excepci¨®n definida de forma imprecisa otorga a las agencias gubernamentales una amplia discrecionalidad para publicar datos personales bajo justificaciones generales de seguridad y prevenci¨®n del delito, poniendo en riesgo la privacidad de los individuos¡±, alerta el informe de HRW. ¡°En el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, existe un grave riesgo de que estas leyes puedan ser utilizadas como un instrumento para amenazar, silenciar o obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n¡±, ha advertido Goebertus.