Hacinados y sin el debido proceso: la filtraci¨®n de una base de datos muestra los abusos a presos en El Salvador de Bukele

Hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garant¨ªas, detenciones masivas y muertes bajo custodia. El reverso de la moneda en la estrategia de Nayib Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador ha quedado expuesto en la filtraci¨®n de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW). Los registros muestran ¡°abusos a gran escala¡± en los centros penitenciarios del pa¨ªs centroamericano bajo el r¨¦gimen de excepci¨®n decretado en marzo de 2022. Esa medida ha llevado al arresto de m¨¢s de 60.000 personas en los ¨²ltimos 10 meses y el presidente ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, se han multiplicado las denuncias de atropellos a los derechos humanos.

Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadore?a Cristosal. La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad P¨²blica, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del a?o pasado. La primera conclusi¨®n, seg¨²n un comunicado difundido este viernes, es que ¡°miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garant¨ªas b¨¢sicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las v¨ªctimas de la violencia de las pandillas¡±.

La documentaci¨®n, que fue cotejada por HRW con otras fuentes, registra hasta agosto la muerte de 32 personas, en su mayor¨ªa en los penales de Mariona e Izalco. Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, m¨¢s de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a ¡°agrupaciones il¨ªcitas¡± y m¨¢s de 8.000 a ¡°organizaci¨®n terrorista¡±. En cambio, se?ala la organizaci¨®n en defensa de los derechos humanos, ¡°muchas menos personas hab¨ªan sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3% de los detenidos) o agresi¨®n sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)¡±. El delito de ¡°agrupaciones il¨ªcitas¡± en El Salvador alcanza tambi¨¦n a quienes obtienen ¡°provecho¡± de forma indirecta de las relaciones ¡°de cualquier naturaleza¡± con las pandillas. ¡°El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexi¨®n relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales¡±, apunta HRW.

Seg¨²n datos oficiales, las autoridades salvadore?as han detenido desde marzo a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 han quedado en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas. A finales de agosto, un total de 1.082 menores hab¨ªan sido enviados a prisi¨®n provisional, de los que 21 ten¨ªan 12 o 13 a?os. Una ley aprobada cuando entr¨® en vigor el r¨¦gimen de excepci¨®n rebaj¨® de 16 a 12 a?os la edad para imputar delitos penales en el caso de ni?os vinculados a las pandillas.

¡°Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r¨¦gimen de excepci¨®n¡±, manifiesta Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Am¨¦ricas de HRW. ¡°Los datos revelan que las autoridades salvadore?as han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de ni?os, a un hacinamiento extremo en centros de detenci¨®n abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las v¨ªctimas de los graves abusos cometidos por pandillas¡±. Este ¨²ltimo dato es sangrante. Hasta agosto de 2022 las c¨¢rceles de El Salvador aumentaron su poblaci¨®n en 50.000 personas. En febrero de 2021, el sistema penitenciario del pa¨ªs, seg¨²n informaci¨®n oficial, ten¨ªa capacidad para 30.000 personas. La filtraci¨®n de la base de datos acredita tambi¨¦n ¡°que m¨¢s de 7.900 mujeres hab¨ªan sido enviadas a detenci¨®n provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021¡å.

A esta situaci¨®n se suman las pobres condiciones de fiscalizaci¨®n del Gobierno de Bukele, el acoso y los se?alamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obst¨¢culos para acceder a la informaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico. Con estas premisas, HRW vuelve a solicitar al Ejecutivo ¡°reemplazar el r¨¦gimen de excepci¨®n con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la poblaci¨®n de los abusos que estas cometen¡±. Empezando, por ejemplo, por abordar el problema a partir de sus causas estructurales ¡°como los niveles elevados de pobreza y exclusi¨®n social e impulsar procesos penales estrat¨¦gicos enfocados en juzgar a los l¨ªderes de pandillas¡±.

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