M¨¢s de 3.000 menores detenidos y sometidos a violaciones de derechos humanos durante el estado de excepci¨®n de Bukele
Un informe de Human Rights Watch se?ala al Gobierno de El Salvador de detenciones arbitrarias, juicios espurios, torturas y agresiones sexuales contra ni?os y adolescentes en su guerra contra las pandillas
El estado de excepci¨®n impuesto desde marzo de 2022 por el controvertido presidente Nayib Bukele en El Salvador ha dejado m¨¢s de 3.000 menores detenidos de forma arbitraria y sometidos a juicios con violaciones al debido proceso, revela un informe publicado este martes por el organismo de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). La investigaci¨®n evidencia de que tambi¨¦n han sido condenados m¨¢s de 1.000 menores, acusado de pertenecer a pandillas o maras, las agrupaciones criminales contra las que Bukele ha desatado una feroz persecuci¨®n, con graves abusos contra miles de detenidos. ¡°Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos de estos ni?os, ni?as y adolescentes a graves violaciones de derechos humanos durante el arresto, la detenci¨®n e incluso despu¨¦s de su liberaci¨®n¡±, acusa HRW en su informe.
El documento de 114 p¨¢ginas, titulado ¡®Su hijo no existe aqu¨ª': Violaciones de derechos humanos de ni?os, ni?as y adolescentes durante el r¨¦gimen de excepci¨®n en El Salvador¡¯, se basa en m¨¢s de 90 entrevistas con v¨ªctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos, jueces, agentes de polic¨ªa, expertos en seguridad, maestros, exfuncionarios gubernamentales, periodistas y miembros de la sociedad civil. Desde HRW tambi¨¦n explican que solicitaron informaci¨®n a varias instituciones gubernamentales y que sus expertos revisaron expedientes judiciales, as¨ª como historiales m¨¦dicos, educativos y penales. ¡°Muchos ni?os, ni?as y adolescentes que han sido detenidos y encarcelados no ten¨ªan ninguna conexi¨®n aparente con las actividades abusivas de las pandillas¡±, denuncian en el informe.
HRW asegura de que las autoridades sometieron a los menores detenidos ¡°a malos tratos durante la detenci¨®n que, en ciertos casos, constituyeron actos de tortura. Los menores fueron recluidos en condiciones deplorables, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentaci¨®n y atenci¨®n m¨¦dica adecuados y contacto familiar. Algunos han sido detenidos con adultos, en violaci¨®n de los est¨¢ndares internacionales de derechos humanos y de la legislaci¨®n salvadore?a¡±, agrega. HRW pone hincapi¨¦ en que ¡°las autoridades salvadore?as han tomado pocas, si es que alguna, medida para proteger a los ni?os, ni?as y adolescentes de violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y agresiones sexuales¡±.
Las autoridades han acusado a los menores en muchos casos de pertenecer a ¡°agrupaciones il¨ªcitas¡± y las condenas, afirman desde la organizaci¨®n, ¡°tienen definiciones excesivamente amplias y prev¨¦n penas m¨¢ximas que oscilan entre los 10 y los 20 a?os de prisi¨®n¡±. Los expertos de HRW advierten de que estas condenas se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios. ¡°En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinaci¨®n de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura. Jueces y fiscales han mantenido rutinariamente a los ni?os en detenci¨®n provisional prolongada, una pr¨¢ctica que, dadas las p¨¦simas condiciones de los centros de detenci¨®n de menores, ha expuesto a ni?os, ni?as y adolescentes a mayores riesgos de abuso¡±, revela el informe.
El organismo defensor de derechos humanos se hace eco de testimonios aportados por las v¨ªctimas de estos abusos cometidos por el Estado salvadore?o. Es el caso de Nicol¨¢s (los nombres de las v¨ªctimas han sido cambiados para proteger su identidad), un estudiante de 16 a?os detenido el 10 de julio de 2022 en su escuela localizada en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachap¨¢n, en el occidente de ese peque?o pa¨ªs de poco m¨¢s de 21.000 kil¨®metros cuadrados. Un familiar relat¨® a HRW que las fuerzas de seguridad ingresaron en la escuela y se llevaron al menor. ¡°Las fuerzas de seguridad le dijeron a su padre que se lo llevaban a una delegaci¨®n policial ¡°para una entrevista¡± y que ¡°lo liberar¨ªan pronto¡±. Dos a?os despu¨¦s, Nicol¨¢s sigue detenido¡±, denuncia HRW. El menor fue sometido a un juicio bajo la acusaci¨®n de pertenecer a agrupaciones il¨ªcitas. Su padre pidi¨® a un polic¨ªa ver a su hijo durante una de las audiencias, pero el oficial le respondi¨®: ¡°Su hijo no existe aqu¨ª¡±. Un juez conden¨® al adolescente a dos a?os y seis meses de prisi¨®n en enero de 2023.
Otra de las v¨ªctimas de la violencia estatal ha sido ?scar, de 17 a?os y tambi¨¦n estudiante. El muchacho fue detenido en una comunidad rural de Apopa, en el departamento de San Salvador, que incluye la capital. Tambi¨¦n fue acusado, sin pruebas, de pertenecer a agrupaciones il¨ªcitas. ¡°Durante cinco meses, las autoridades lo mantuvieron detenido en un centro de detenci¨®n de menores llamado ¡®El Espino¡¯, hasta que un juez orden¨® su liberaci¨®n en agosto de 2022. ?scar cont¨® a HRW que muchas veces los custodios lo golpearon con macanas durante requisas de las celdas. Dijo que en varias ocasiones ¨¦l y otros detenidos fueron obligados a arrodillarse durante tres horas, desnudos, o bajo el agua al amanecer. A veces, los guardias no les proporcionaban comida en todo el d¨ªa¡±, se?ala la organizaci¨®n en su informe.
Las ni?as tambi¨¦n han sido v¨ªctimas de estos abusos. HRW recoge el testimonio de Carolina, de 17 a?os y detenida el 1 de julio de 2022 por polic¨ªas y soldados un pueblo rural del departamento de Sonsonate. ¡°No le mostraron una orden de detenci¨®n. La acusaron de colaborar con las pandillas. Seg¨²n Carolina, la llevaron a una delegaci¨®n policial donde estuvo detenida durante siete d¨ªas con mujeres adultas. Un agente de la polic¨ªa intent¨® coaccionarla para que identificara a un miembro de una pandilla, a quien ella no conoc¨ªa, a cambio de ser liberada¡±, denuncia HRW. La joven fue trasladada a un centro de detenci¨®n juvenil, donde estuvo recluida en una celda peque?a e insalubre junto con otras 25 ni?as y adolescentes. ¡°Meses despu¨¦s, un juez presion¨® a Carolina y a otros siete menores para que conjuntamente se declararan culpables de colaborar con la pandilla MS-13, lo que ella niega¡±, ahonda HRW.
La MS-13, o Mara Salvatrucha, es una de las organizaciones de pandillas m¨¢s temidas en El Salvador por el salvajismo con el que comet¨ªan sus cr¨ªmenes, que incluyen violaci¨®n, contrabando de armas, secuestros, asesinatos y v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico y el crimen organizado internacional. Algunas organizaciones estiman que este grupo ha llegado a contar con m¨¢s de 25.000 integrantes. Carolina cont¨® a HRW que el juez que la proces¨® la amenaz¨® a ella y otros tres menores con penas el doble de largas si rechazaban el acuerdo en el que declaraban su culpabilidad. Todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un a?o de prisi¨®n. ¡°No ten¨ªamos opci¨®n¡±, dijo Carolina. ¡°Todos quer¨ªamos estar con nuestra mam¨¢¡±, agreg¨®.
Bukele impuso su r¨¦gimen de excepci¨®n en marzo de 2022 como respuesta a la violencia descarnada que sufr¨ªa el pa¨ªs centroamericano, sometido a las leyes impuestas por las pandillas, que controlaban amplios territorios y somet¨ªan a la poblaci¨®n a un ambiente de terror y extorsiones. Hasta las fechas han sido detenidas m¨¢s de 80.000 personas y organizaciones internacionales denuncian abusos, torturas, detenciones arbitrarias, juicios espurios y otras crueles violaciones a los derechos humanos. HRW revela que los menores detenidos han sido sometidos a condiciones deplorables en detenci¨®n incluyendo, en ocasiones, hacinamiento, y falta de alimentaci¨®n y atenci¨®n m¨¦dica adecuados, as¨ª como contacto con abogados y familiares. ¡°Los ni?os, ni?as y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el Gobierno¡±, alerta Juanita Goebertus, directora de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch. ¡°El Gobierno deber¨ªa implementar una pol¨ªtica de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de ni?os y les proporcione protecci¨®n y oportunidades¡±, recomienda la experta.
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