Un goloso patrimonio en pugna

Un edificio de m¨¢s de 2.000 metros cuadrados en pleno casco hist¨®rico de Sevilla, otro de cinco plantas junto a la catedral de Ja¨¦n, u otro de de m¨¢s de 700 metros cuadrados en la c¨¦ntrica avenida de Andaluc¨ªa de M¨¢laga son solo algunos ejemplos del goloso patrimonio que la Junta de Andaluc¨ªa ha puesto en manos de las organizaciones m¨¢s representativas del campo andaluz. Pero esta cesi¨®n gratuita ha abierto la caja de los truenos y ha desatado una dura pugna entre las organizaciones agrarias que no esconde m¨¢s que la lucha por hacerse con el mayor bot¨ªn de un patrimonio millonario.

La consejer¨ªa de Agricultura ha traspasado la ¨²ltima semana las ocho c¨¢maras provinciales a Asaja, Coag y UPA, que asumen la propiedad a partes iguales y que ahora deber¨¢n decidir el reparto de funciones. Se trata de la primera fase de liquidaci¨®n de 127 inmuebles en toda Andaluc¨ªa (las c¨¢maras locales las asumir¨¢n los ayuntamientos para fines agrarios) con el que la Junta abol¨ªa estas corporaciones nacidas antes del franquismo y que hab¨ªan quedado sin uso al asumir la representaci¨®n del campo las organizaciones agrarias. La Junta renunci¨® a hacer caja con este patrimonio y decidi¨® traspasarlo para ahorrarse los 2,5 millones de euros anuales de su mantenimiento.

Sin embargo, Asaja ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA pidiendo la paralizaci¨®n cautelar del acto de entrega de las llaves y exigiendo que no se hagan las escrituras p¨²blicas para que las nuevas propiedades no sean registradas. El argumento que esgrime esta organizaci¨®n que es la mayoritaria en el sector es que el reparto se haga en funci¨®n de la representatividad de cada asociaci¨®n, postura que avala con un informe jur¨ªdico del catedr¨¢tico sevillano de Derecho Civil ?ngel Manuel L¨®pez. Asaja no descarta acudir a la v¨ªa penal.

La postura de Asaja ha sido duramente criticada por las otras organizaciones. Agust¨ªn Rodr¨ªguez, secretario general de UPA en Andaluc¨ªa, la considera "responsable e injusta" y sugiere si es que "estar¨¢ pensando en que puede haber un cambio de gobierno y quedarse con todo".

Miguel L¨®pez, secretario general de COAG, abunda y asegura que Asaja estar¨¢ esperando "una mejor coyuntura". "Es dif¨ªcil de explicar que Asaja critique un proceso que se ha realizado de forma transparente y democr¨¢tica, con una comisi¨®n liquidadora en la que todos han participado, mientras defiende el procedimiento caciquil de concesi¨®n a dedo", alega. L¨®pez ha anunciado una querella contra el asesor jur¨ªdico de Asaja, Emilio Viera, por cuestionar la independencia y solvencia de la Coag.

El pasado mes de noviembre un juzgado de Sevilla anul¨® la cesi¨®n gratuita por 50 a?os a Asaja del edificio de la C¨¢mara Agraria de Sevilla, en la c¨¦ntrica calle Amor de Dios. El fallo judicial, a ra¨ªz de un recurso de la Coag, entiende que se trata de una decisi¨®n "claramente contraria a derecho", puesto que ese patrimonio "pasaba a ser disfrutado por una sola organizaci¨®n, en perjuicio del conjunto del sector agrario". La falta de elecciones en el sector agrario dificulta que se pueda conocer con precisi¨®n la representatividad de cada organizaci¨®n.

Asaja impugna en el TSJA el traspaso y pide un reparto proporcional

La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha destacado que el traspaso de las c¨¢maras agrarias provinciales se caracteriza por un "reparto equitativo de los bienes muebles e inmuebles entre las tres organizaciones agrarias con un mismo nivel de representatividad institucional ante la Junta de Andaluc¨ªa". A su juicio, se culmina as¨ª un proceso "que supone la devoluci¨®n de una labor que siempre ha pertenecido al propio sector".

La extinci¨®n de las c¨¢maras agrarias era uno de los objetivos del decreto de medidas urgentes de reordenaci¨®n del sector p¨²blico de Andaluc¨ªa. La Junta no ha hecho una tasaci¨®n de estos inmuebles al no tener un valor comercial. Inicialmente, la consejer¨ªa de Agricultura vincul¨® el traspaso gratuito de estas sedes a que las organizaciones agrarias asumiesen los 70 empleados de las c¨¢maras, pero ante la negativa a hacerlo finalmente opt¨® por un ERE y el despido de estos trabajadores.

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