La juez archiva por segunda vez el caso del espionaje a rivales de Aguirre

La juez que instruye el caso del espionaje pol¨ªtico en la Comunidad de Madrid pagado con fondos p¨²blicos ha archivado este martes por segunda vez el caso. La Audiencia Provincial de Madrid hab¨ªa ordenado en marzo de 2011 reabrir la causa de los seguimientos a rivales pol¨ªticos de la presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio partido. Durante dos meses (abril y mayo de 2008), tres ex guardias civiles y un ex polic¨ªa nacional siguieron al vicepresidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituy¨® solo unos meses despu¨¦s de esos seguimientos; y al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Las llamadas telef¨®nicas de los tres ex guardias civiles y del ex polic¨ªa probaron que desde primera hora de la ma?ana hasta ¨²ltima de la tarde segu¨ªan a Prada a todos lados. Adem¨¢s, unos partes mecanografiados con anotaciones manuscritas obra de un empleado de la direcci¨®n general de Seguridad, seg¨²n un peritaje de la propia polic¨ªa, apuntalaba que se hab¨ªa producido espionaje pol¨ªtico pagado con fondos p¨²blicos.

La juez que instruy¨® este caso entendi¨® que no hab¨ªa quedado suficientemente probado que los esp¨ªas auton¨®micos, todos ellos fichados a dedo por los dirigentes del PP con un sueldo que doblaba el de los trabajadores de la direcci¨®n general de Seguridad, destinaran bienes p¨²blicos (tel¨¦fonos, coches, gasolinas, sus propios salarios) ¡°de forma principal a actividades ajenas a la funci¨®n p¨²blica¡±, ni que se hubieran lucrado con ello. Y adem¨¢s, a?ad¨ªa la juez en el auto donde archivaba el caso tras m¨¢s de un a?o de instrucci¨®n, era ¡°imposible determinar la cuant¨ªa que se habr¨ªa destinado indebidamente¡±. La Audiencia Provincial, tras estudiar la causa, entendi¨® que ¡°a t¨ªtulo indiciario se hab¨ªan utilizado varios funcionarios a los que se estaba pagando una n¨®mina a fines ajenos a la causa p¨²blica. Esos funcionarios habr¨ªan destinado jornadas enteras durante muchos d¨ªas al mes, los especificados en los partes, y al menos durante tres meses a fines ajenos a la funci¨®n encomendada estatutariamente¡±. La Audiencia Provincial afe¨® tambi¨¦n a la juez que dijera en su auto que no era posible fijar el importe de lo defraudado. ¡°Con los datos que venimos adelantando¡±, se?alaron los tres magistrados que firmaron la resoluci¨®n, ¡°no es en absoluto descartable el grave perjuicio para la causa p¨²blica, como tampoco es descartable hacer evaluaci¨®n del perjuicio a trav¨¦s de las n¨®minas abonadas en los d¨ªas acreditados de los seguimientos, los veh¨ªculos usados en esos d¨ªas, el combustible reportado, los consumos de m¨®viles con sus correspondientes facturas¡±. ¡°La complejidad¡±, concluy¨® la Audiencia Provincial, ¡°no puede ser sin¨®nimo de impunidad. Adem¨¢s, el bien jur¨ªdico de estos delitos no tiene solo un contenido puramente econ¨®mico, sino que incluye la garant¨ªa de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administraci¨®n p¨²blica y en la legalidad de su actuaci¨®n¡±.

La juez reabri¨® el caso, pidi¨® los datos sobre coches (los cuatro esp¨ªas usaron tres veh¨ªculos propiedad de la Comunidad), tel¨¦fonos, gasolina y otros gastos de los esp¨ªas auton¨®micos, pero volvi¨® a archivar con la excusa de que, pese a tener los datos de lo supuestamente malversado, ¡°no era posible concluir que los veh¨ªculos o tel¨¦fonos relacionados hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos objeto de las actuaciones, ni por tanto consumos telef¨®nicos o de combustible puedan estar vinculados con los hechos imputados, ni como consecuencia de lo anterior se haya producido un destino de los mismos ajeno a la funci¨®n p¨²blica. Tampoco la prueba practicada ha permitido concretar el importe de la defraudaci¨®n y, por ella, si ha existido¡±. La juez mantiene los mismos argumentos que ya fueron tumbados por tres jueces de la Audiencia Provincial.

En la instrucci¨®n del caso, los propios agentes auton¨®micos reconocieron en los interrogatorios que hab¨ªan estado varios meses siguiendo a todos los sitios al entonces vicepresidente Alfredo Prada, aunque alegaron que lo hac¨ªan para prestarle un servicio de contravigilancia para el que carec¨ªan de competencias.

La juez ha desestimado la petici¨®n del PSOE, que ejerce de acusaci¨®n popular en el caso, para que se identifiquen algunas de las llamadas hechas por el supuesto jefe de los esp¨ªas, Sergio Gam¨®n, ex director general de Seguridad al que fich¨® Esperanza Aguirre.