Las duplicidades siguen creciendo
Las Diputaciones ponen en marcha ¨®rganos y tribunales para los recursos contractuales, pese a que el Gobierno les ha invitado a utilizar el suyo propio


Euskadi cuenta con tres o cuatro ejemplos de casi todo en el sector p¨²blico. No sucede igual en las familias. En plena ¨¦poca de recortes, de ajuste de gastos, y de batalla abierta por la eficiencia, tambi¨¦n de esfuerzos para racionalizar la Administraci¨®n, las Diputaciones siguen creciendo, en este caso en instrumentos duplicados o triplicados, s¨ªmplemente por una cuesti¨®n de competencia.
Las Administraciones forales tiene ya operativos o en su ¨²ltima fase de creaci¨®n, antes de su puesta en marcha, sus propios tribunales de recursos contractuales, pese a que el Gobierno ya cre¨® uno, independiente del Ejecutivo, para dar cabida a todo el tr¨¢fico de recursos relacionados con la contrataci¨®n p¨²blica en Euskadi. Adem¨¢s, de paso unificaba el criterio en la resoluci¨®n de ese tipo de conflictos frente a sus proveedores.
Los ¨®rganos acogen los recursos relacionados con la contrataci¨®n p¨²blica
Con el anterior sistema, cuando un licitador cre¨ªa que la decisi¨®n en materia de contrataci¨®n no era ajustada ten¨ªa que acudir a la jurisdicci¨®n de lo Contencioso-administrativo con lo que, en muchos casos, la resoluci¨®n llegaba cuando el objeto de la contrataci¨®n ya se hab¨ªa ejecutado. Ahora, desde la entrada en vigor de la ley espa?ola de Contratos del Sector P¨²blico en agosto de 2010, el ¨®rgano paraliza de forma cautelar el desarrollo y sus resoluciones son mucho m¨¢s r¨¢pidas.
Se trata de instrumentos independientes de la Administraci¨®n para evitar que en ese tipo de conflictos la instituci¨®n que saca el concurso act¨²e como juez y parte. La ley autoriza a tener un ¨®rgano o tribunal propio ¡ªdependiendo de si es unipersonal o compuesto por tres personas¡ª al Gobierno, las tres Diputaciones y los Ayuntamientos que tienen m¨¢s de 50.000 habitantes.
Las tres capitales emplean los recursos del Ejecutivo aut¨®nomo
¡°Es absurdo que cada instituci¨®n foral tenga su propio ¨®rgano y m¨¢s en estos tiempos¡±, critica el director de Patrimonio y Contrataci¨®n del Gobierno, Ignacio Alday Ruiz. Seg¨²n su explicaci¨®n, pueden pasar dos cosas: que ese nuevo organo est¨¦ creando un gasto duplicado y evitable en estos tiempos, o que para evitar gastos esa Administraci¨®n no independice el ¨®rgano y comparta personal. ¡°En cualquier caso, es evitable, y si no es independiente tampoco cumple con su cometido¡±, indica.
Alday lamenta que se est¨¦ perdiendo una oportunidad para ¡°tener un criterio unificado en la materia. Iba a proporcionar m¨¢s seguridad a las empresas que contratan con el sector p¨²blico¡±. El Ayuntamiento de Bilbao, indica, lo ha entendido perfectamente y, pese a que inicialmente se mostr¨® dispuesto a crear un ¨®rgano de ese tipo, parece que finalmente utilizar¨¢ el central. Los consistorios de Vitoria y San Sebasti¨¢n tambi¨¦n lo emplean.
El ¨®rgano que el Ejecutivo cre¨® en mayo pasado es unipersonal, su titular lo acuerdan los consejeros de Econom¨ªa y Justicia y su salario anual se cifra en 67.000 euros brutos.
Las Diputaciones no han dado marcha atr¨¢s en la creaci¨®n de sus organismos, mientras el Parlamento analiza desde noviembre pasado en una ponencia las duplicidades de la arquitectura institucional vasca.
La ponencia se constituy¨® sobre la base del informe elaborado por dos consultoras para el Ejecutivo que cifra el coste de las duplicidades en 403 millones de euros. Este grupo de an¨¢lisis celebra hoy una nueva reuni¨®n en la C¨¢mara en la que escuchar¨¢ al exconsejero de Industria Jon Azua; el extitular de Justicia Juan Porrres y la expresidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas Milagros Garc¨ªa Crespo.
?lava y Gipuzkoa crearon sus respectivos tribunales mediante sendos decretos forales el mismo d¨ªa de 2010: el 28 de septiembre. Bizkaia lo hizo al d¨ªa siguiente.
La Diputaci¨®n alavesa entiende que no se trata de una duplicidad y que en ning¨²n caso supone un coste adicional para el contribuyente. En ?lava, tres de los letrados de la instituci¨®n tienen la responsabilidad de resolver los recursos que lleguen de los licitadores p¨²blicos.
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