El Estado contra ¡®Villa Cannabis¡¯

Los poderes del Estado acechan a Rasquera, el peque?o pueblo de Tarragona que pretende alquilar terrenos a un club de fumadores para plantar cannabis. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado hoy que la Fiscal¨ªa Antidroga est¨¢ examinando ya la propuesta aprobada el mi¨¦rcoles por el pleno municipal. ¡°Se fijar¨¢n posiciones y se actuar¨¢ en consecuencia¡±, ha anunciado Torres-Dulce. En paralelo, la Fiscal¨ªa de Tarragona tambi¨¦n ha abierto diligencias, a pesar de que la plantaci¨®n a¨²n no existe.

No es el ¨²nico frente abierto para escudri?ar si el proyecto gestado durante meses por el alcalde republicano Bernat Pellisa ¡ªque ha generado divisi¨®n de opiniones entre los 900 vecinos¡ª se ajusta a la legalidad. La Abogac¨ªa del Estado, ¨®rgano adscrito al Ministerio de Justicia, anunci¨® tambi¨¦n hoy que estudiar¨¢ si impugna la decisi¨®n del Consistorio. El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de As¨ªs Bab¨ªn, acus¨® a los miembros del consistorio de ¡°pervertir el lenguaje¡± para justificar una actuaci¨®n que ¡°cumple desde todas las perspectivas la condici¨®n de un delito¡±.

El C¨®digo Penal castiga con penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel el cultivo de marihuana. Aun as¨ª, hay sentencias que han absuelto a due?os de plantaciones cuando se demuestra que cultivaban para el consumo propio, ya sea individual y colectivo. El consumo no est¨¢ perseguido por la ley, pero si se realiza en la v¨ªa p¨²blica puede ser objeto de una sanci¨®n administrativa. La iniciativa de Rasquera, sin embargo, genera dudas entre los juristas, ya que, al tratarse de una plantaci¨®n masiva, ser¨ªa m¨¢s dif¨ªcil justificar su uso ¨²nico para consumo propio. Esas dudas se extienden tambi¨¦n sobre el papel del Consistorio y de los empleados que trabajen esas tierras, puesto que no forman parte de ninguna asociaci¨®n de fumadores.

Aunque un informe jur¨ªdico avala la tesis del Ayuntamiento, Bab¨ªn alert¨® de que, en este caso no hay resquicios legales que valgan. No solo por la extensi¨®n del cultivo (siete hect¨¢reas) ni por la cantidad de personas afectadas (los 5.000 socios de la Asociaci¨®n Barcelonesa Cann¨¢bica de Autoconsumo), sino tambi¨¦n porque va a generar unos beneficios (de 1,3 millones de euros) para el Consistorio. ¡°No puede hablarse de uso privado en algo que va dirigido a miles de personas, con intento de distribuci¨®n y contratos millonarios¡±, dijo Bab¨ªn, que calific¨® el acuerdo de ¡°nulo de pleno derecho¡±.

La Generalitat ya anunci¨® el jueves que pedir¨¢ informes sobre la legalidad de la iniciativa. La Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a se sum¨® ayer a la ofensiva y requiri¨® al Ayuntamiento ¡°toda la informaci¨®n¡± sobre el acuerdo adoptado por el pleno. ¡°Ayudaremos en todo lo posible y con transparencia, para que no haya ninguna duda¡±, dijo Pellissa, que ve en el proyecto una oportunidad de crear 40 puestos de trabajo y paliar la deuda local.