"Es il¨®gico que un juez vea en sus ratos libres los casos importantes"

El fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n (Badajoz, 1959) recibe a EL PA?S en su despacho de la Real Chanciller¨ªa de Granada tras participar en un coloquio en la Facultad de Derecho sobre el acoso moral en el trabajo. "Me preocupa enormemente que, por la crisis, los j¨®venes acepten como normales situaciones laborales indignas", afirma. Garc¨ªa Calder¨®n critica el "cuestionamiento sistem¨¢tico" del ministerio p¨²blico y de los jueces al mismo tiempo que reclama "el derecho de los ciudadanos a comprender" las resoluciones judiciales. "El uso correcto del lenguaje en los tribunales deber¨ªa ser una cuesti¨®n de Estado", afirma. El jefe de los fiscales andaluces se mueve entre dos tensiones. Una es la prudencia institucional, que le impide hablar de la posici¨®n de la Fiscal¨ªa ante el fin de ETA, las reformas judiciales que plantea el ministro Gallard¨®n, la decisi¨®n de la Junta de amnistiar decenas de miles de casas ilegales o los ERE fraudulentos. La otra es el gusto por hablar claro cuando cree que puede hacerlo. Ah¨ª se intuye quiz¨¢ su vocaci¨®n de poeta, avalada por 10 libros. La entrevista se celebr¨® el pasado martes a la misma hora que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expulsaba de la carrera al exjuez marbell¨ª Francisco de Urqu¨ªa tras su condena firme por cohecho y prevaricaci¨®n en un caso en el que Garc¨ªa Calder¨®n actu¨® como acusador.

Pregunta. Jueces, pol¨ªticos, empleados p¨²blicos, empresarios, miembros de la Casa Real... ?hay alg¨²n estamento que se libre de la corrupci¨®n?

Nunca he sido presionado en los procesos que he llevado. Es la verdad

Respuesta. No resulta f¨¢cil medir la corrupci¨®n. El problema es que permanezca oculta y no d¨¦ lugar a la exigencia de una responsabilidad. Es muy preocupante el n¨²mero de asuntos de corrupci¨®n vinculados a la Administraci¨®n p¨²blica que han aflorado y es algo que nos debe llevar a una reflexi¨®n profunda y rigurosa.

P. En la corrupci¨®n, la justicia siempre llega cuando es demasiado tarde. ?Por qu¨¦ esa lentitud?

R. Descubrir los casos de corrupci¨®n no compete a los jueces el problema judicial empieza cuando el caso es descubierto y se pone a disposici¨®n de los tribunales. Hay que extremar los controles previos de intervenci¨®n p¨²blica y crear cuerpos policiales especializados al servicio de la fiscal¨ªa y los tribunales, que colaboren con funcionarios de Hacienda y expertos en contrataci¨®n y que busquen los posibles delitos en las conductas sospechosas.

P. ?Existe alg¨²n dique que impide que se conozcan m¨¢s casos de comportamiento deshonesto?

R.Hay una confluencia de magnitudes: la descoordinaci¨®n institucional, la falta de una legislaci¨®n administrativa adecuada, la falta de medios t¨¦cnicos y humanos y tambi¨¦n la falta de una conciencia social acerca de lo vital que es combatir cualquier forma de corrupci¨®n. El C¨®digo Penal tiene respuestas suficientes para combatir la corrupci¨®n. El problema est¨¢ en la legislaci¨®n procesal ¡ªla Ley de Enjuiciamiento Criminal¡ª, que es del siglo XIX.

P. ?Qu¨¦ aspectos de esta ley habr¨ªa que poner al d¨ªa?

R. Es clave regular de forma clara la publicidad del proceso: no hay norma m¨¢s controvertida e incumplida que la del secreto sumarial. Tambi¨¦n hay que aclarar aspectos como las medidas cautelares sobre todo para la b¨²squeda de los efectos obtenidos por la actividad delictiva y las limitaciones de derechos fundamentales, singularmente la intervenci¨®n de las comunicaciones. Sigue siendo fundamental acotar temporalmente el proceso: no podemos permitir que la investigaci¨®n sea un fin en s¨ª misma, como a veces ocurre.

P. Una vieja reivindicaci¨®n de los fiscales es ser los encargados de la investigaci¨®n.

El cuestionamiento sistem¨¢tico ha hecho mucho da?o a la Justicia

R. Lo deseable es que esa capacidad para investigar del fiscal estuviese suficientemente contenida en la ley procesal, y que existiese una relaci¨®n mucho m¨¢s directa entre la polic¨ªa judicial y la fiscal¨ªa. Se trata de investigar pensando desde el primer momento en el juicio, porque Cuando desencadenamos un proceso de investigaci¨®n hay que empezar desde el primer momento a pensar en el juicio. Esto es algo que no debemos de olvidar porque luego todas las carencias de la instrucci¨®n acaban por impedir el aut¨¦ntico esclarecimiento de los hechos y su eventual castigo. Y eso genera insatisfacci¨®n social. Otra cuesti¨®n fundamental es que las investigaciones se dirijan a lo realmente importante: es absolutamente il¨®gico que un juzgado de instrucci¨®n de una localidad de la Costa del Sol tenga que dedicar centenares de horas de trabajo y la mayor parte de su tiempo a juicios de faltas y por la tarde, en sus horas libres, el juez se dedique a estudiar un informe policial sobre un delito grav¨ªsimo como la violaci¨®n de una menor, una trama de blanqueo o una mafia.

P. ?C¨®mo hace un fiscal para sustraerse a las presiones?

R. Yo personalmente no he sido presionado nunca ni desde fuera ni por ning¨²n fiscal general del Estado en procesos que pod¨ªan afectar a personalidades relevantes o p¨²blicas. Es la verdad, aunque habr¨¢ quien no lo crea. En cuanto a la presi¨®n ambiental, debemos distinguir bien entre una investigaci¨®n criminal y el ruido en torno a ella. Ese ruido tarde o temprano acabar¨¢ y entonces se queda el fiscal con sus carpetillas, con sus documentos y tendr¨¢ que ir a una sala de justicia a defender su postura. Ese es el momento que nos interesa

P. Pero sustraerse a esa presi¨®n no debe ser f¨¢cil.

Si hay algo que no nos resulta extra?o a jueces y fiscales es la crisis

R. Ni tampoco imposible. La soledad y el silencio siguen siendo posibles en la sociedad de nuestro tiempo.

R. ?Cu¨¢les son las necesidades m¨¢s acuciantes de la justicia en Andaluc¨ªa?

P. Ambientalmente tenemos el problema del cuestionamiento sistem¨¢tico, que ha hecho mucho da?o a las instituciones judiciales y en especial a la Fiscal¨ªa General.Aceptamos por supuesto la cr¨ªtica pero el cuestionamiento sistem¨¢tico deber¨ªa promover una reflexi¨®n Los mismos fiscales que pod¨ªan ser acusados de sicarios del poder hace seis meses ahora son personas conformes y rigurosas con el control de la legalidad. Esto es un atentado contra la inteligencia. En mi vida profesional he tenido que sostener acusaciones contra grupos y personas de signo pol¨ªtico completamente dispar y eso nunca me ha supuesto ning¨²n problema. S¨ª me han insultado, s¨ª me han descalificado p¨²blicamente, s¨ª me han injuriado, s¨ª me han calumniado ¡ªen alg¨²n caso ha habido proceso judicial¡ª.

El uso correcto del lenguaje en los tribunales deber¨ªa ser cuesti¨®n de Estado

P. ?Y en el aspecto material?

R. Las carencias tanto de personal como de espacio o tecnol¨®gicas son tan numerosas que resulta muy dif¨ªcil responder. Son tan continuas y numerosas que he llegado a hablar de la asombrosa lealtad de las carencias. Pero sobre todo falta un criterio racional en el gasto. Por ejemplo, no es normal que en Sevilla los fiscales trabajen en cinco o seis sedes. En algunos casos se ha corregido, como los dep¨®sitos judiciales de veh¨ªculos, que eran un desprop¨®sito.

P. ?Temen que sus peticiones hist¨®ricas queden relegadas por la crisis econ¨®mica?

R. Si hay algo que no nos resulta extra?o a nosotros es la crisis. Aprendimos a ser austeros desde que entramos en la Administraci¨®n de Justicia. De hecho, la austeridad, que deber¨ªa ser un principio fundamental, es una condici¨®n muy agradable que permite dedicar mucho m¨¢s tiempo al trabajo. Adem¨¢s, no todo es una cuesti¨®n presupuestaria: despenalizar las faltas permitir¨ªa ahorrar el dinero que cuesta atender estos se?alamientos. Mucho mejor que crear ¨®rganos judiciales nuevos que se saturan misteriosamente en seis meses ser¨ªa disminuir su carga de trabajo.

P. El caso Marta del Castillo ha sido la ¨²ltima de una larga serie de resoluciones judiciales que ha generado incomprensi¨®n. ?Es un problema de comunicaci¨®n?

R. Sobre el caso en concreto debo ser cauto porque la sentencia est¨¢ recurrida y no es firme. Un periodista hist¨®rico de tribunales, Bonifacio de la Cuadra, hablaba de la "desesperanza pasiva de los tribunales" que entienden que sus resoluciones no son comprendidas por los ciudadanos. Eso me lleva al tema de la modernizaci¨®n del lenguaje jur¨ªdico. Se habla ya de un nuevo derecho a comprender. Eso obliga a cambiar el paradigma del jurista, que no tiene por qu¨¦ ser una persona que escriba de forma oscura y que desconozca casi por completo las reglas de la filolog¨ªa. La justicia de nuestro tiempo es la que puede ser entendida por los ciudadanos, y eso no est¨¢ re?ido con el rigor, sino al contrario. La oscuridad del lenguaje es mayor cuanto mayor inter¨¦s material hay. Un ciudadano debe poder leer con perfecta claridad un Plan General urban¨ªstico, y si no puede hacerlo es porque el derecho urban¨ªstico es oscuro, y si es oscuro es porque lo rodean grandes intereses materiales. Se tendr¨ªan que recuperar las humanidades en los estudios de Derecho. Estas recomendaciones, de la comisi¨®n de modernizaci¨®n del lenguaje jur¨ªdico tienen una importancia mucho mayor de lo que parecen. El uso correcto del lenguaje en los tribunales deber¨ªa ser una cuesti¨®n de Estado.

P. El juicio del caso Malaya ha batido ya todos los r¨¦cords de procesados y duraci¨®n, ?qu¨¦ ense?anzas extrae de los macrojuicios?

R. Nos falta perspectiva y tiempo para analizarlos y tendremos que hacerlo en un futuro, sobre todo valorando las carencias procesales que hemos podido vislumbrar en su desarrollo. La verdad es que hay que valorar muy positivamente que se est¨¦n desarrollando esos juicios y que lo hagan con normalidad, porque no ha sido f¨¢cil ni mucho menos. Cuesti¨®n distinta es si en el futuro ser¨ªa deseable tender a juicios m¨¢s reducidos. Creo que aqu¨ª, citando a Ortega, se impone la realidad radical. A lo mejor es que no hay mas remedio que hacerlo de una forma tan extensa porque, si no, no podemos analizar el asunto en todas sus dimensiones.