La tolerancia cero de Fabra con los imputados choca con la realidad

La Generalitat emiti¨® hace meses un mensaje que no logra materializar: la ¨¦poca de tolerancia con los implicados en casos de corrupci¨®n, que lleg¨® a su c¨¦nit en los ¨²ltimos a?os de presidencia de Francisco Camps, se hab¨ªa acabado. La posici¨®n sintonizaba con la de la calle G¨¦nova. La direcci¨®n nacional del PP ya hab¨ªa impulsado una pol¨ªtica de limpieza en Baleares, la otra autonom¨ªa gobernada por los populares que presentaba un nivel de esc¨¢ndalos comparable al valenciano. El motivo de fondo part¨ªa de un c¨¢lculo. Resistir en el poder con una perspectiva de crisis econ¨®mica, recortes y altas tasas de paro es muy dif¨ªcil. Lograrlo pidiendo sacrificios a los ciudadanos para salir del t¨²nel mientras no cesan de conocerse desmanes en el manejo de dinero p¨²blico de cargos en ejercicio, se antoja a¨²n m¨¢s complicado.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha dado pasos en ese camino. El mismo plazo ha puesto de relieve, sin embargo, por imposibilidad o falta de determinaci¨®n, un margen de maniobra limitado. El resultado es incoherente: se ha destituido a cargos justo despu¨¦s de saberse que hab¨ªan sido imputados y al mismo tiempo se ha mantenido a otros en iguales circunstancias.

Fabra ha destituido o suspendido de militancia a cuatro cargos implicados en corrupci¨®n: el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; el exjefe de la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar) Ignacio Bern¨¢cer; el exdirector general de Cooperaci¨®n Josep Maria Felip, y el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catal¨¢. Adem¨¢s, ha anunciado que depurar¨¢ de imputados la direcci¨®n regional en el congreso del PPCV que se celebrar¨¢ en mayo.

Solo en las Cortes, el PP tiene siete imputados, que pueden llegar a 10

Al mismo tiempo, mantiene a una docena de cargos p¨²blicos o del partido que se encuentran en la misma situaci¨®n. El caso de las Cortes es especialmente chocante. El grupo popular tiene nada menos que siete imputados: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda Garc¨ªa, Milagrosa Mart¨ªnez y Ang¨¦lica Such por la supuesta financiaci¨®n ilegal del caso G¨¹rtel; y Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis D¨ªaz Alperi, han sido acusados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el caso Brugal y sus imputaciones parecen inminentes. Si finalmente se une a ellos el portavoz parlamentario, Rafael Blasco, por el esc¨¢ndalo de cooperaci¨®n, en el grupo popular estar¨ªan imputados 10 de los 55 diputados, casi el 20%.

Las Cortes Valencianas son un espacio especialmente delicado porque el acta de diputado es personal. Y para que alguien deje de serlo lo m¨¢s que puede hacerse es invitarle a devolverla. Se les puede expulsar del grupo, pero esa v¨ªa podr¨ªa afectar a la holgada mayor¨ªa del PP en la C¨¢mara.

El presidente ha actuado de forma diferente ante situaciones iguales

Tambi¨¦n hay causas judiciales especialmente peligrosas. La de financiaci¨®n ilegal ¡ªt¨¦cnicamente, delito electoral¡ª por ejemplo, porque afecta a la esencia de la competencia entre las fuerzas pol¨ªticas. Quiz¨¢ por ello Fabra fulmin¨® al director general Felip cuando estall¨® el supuesto fraude en ayudas a pa¨ªses pobres, pero no ha tomado medidas contra Dora Ibars, directora general de Promoci¨®n Institucional en Presidencia de la Generalitat, imputada en una de las piezas de la causa de financiaci¨®n ilegal. Ni contra Isaac Vidal, implicado en el mismo caso, que despu¨¦s de abandonar la Agencia Valenciana de Turismo ha encontrado acomodo como gerente en el Instituto de Turismo de Elche. Tampoco ha sido apartado Jorge Vela de la direcci¨®n del Instituto Valenciano de Finanzas pese a estar imputado en el caso Urdangarin por haber participado en los pagos supuestamente fraudulentos del evento Summit Valencia, en su ¨¦poca de director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por la que el Instituto N¨®os del duque de Palma recibi¨® 3,7 millones de euros.

Del mismo modo, hay cargos y cargos. El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, suspendi¨® al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, que era presidente del partido en el distrito de Poblats de l¡¯Oest de la ciudad de Valencia a una semana de las elecciones general del 20-N. Pero no actu¨® igual con otro de los principales imputados en la causa, Enrique Crespo, que resisti¨® tres meses m¨¢s en sus cargos de vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, alcalde de Manises y presidente del PP en ese municipio, hasta que decidi¨® dimitir.

Uno de los mayores obst¨¢culos para la regeneraci¨®n radica en el partido

El caso Emarsa ofrece m¨¢s incongruencias llamativas: Bern¨¢cer fue destituido de Epsar horas despu¨¦s de ser imputado. Pero otras dos personas que se encuentran en la misma condici¨®n contin¨²an siendo aparentemente inmunes. Son Luis Botella, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Moncada, de quien el juez sospecha que cobr¨® durante a?os de Emarsa a pesar de no hacer ning¨²n trabajo para la sociedad. Y de Jos¨¦ Alc¨¢cer, portavoz popular en el Ayuntamiento de Albuixech, que habr¨ªa defraudado a la empresa p¨²blica a trav¨¦s del transporte de lodos.

Uno de los mayores obst¨¢culos para llevar a la pr¨¢ctica el mensaje de regeneraci¨®n lo representan las resistencias internas en el partido. El PP valenciano ha pasado meses desorientado por el descabezamiento que supuso la ca¨ªda de Camps, y atenazado por la crudeza de la crisis, que mantiene a la Generalitat en un estado parecido al de la intervenci¨®n por el Gobierno.

La suspensi¨®n de militancia de Cuesta la hizo la direcci¨®n regional ante la pasividad del PP de la ciudad de Valencia. El exgerente hab¨ªa sido nombrado alcalde de la pedan¨ªa de Benim¨¤met por la alcaldesa Rita Barber¨¢, que sigui¨® pag¨¢ndole varios a?os por ello a pesar de que ya no ten¨ªa derecho a ello.

Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de Valencia, ha empa?ado esta semana el mensaje de Fabra de cero imputados en la direcci¨®n del partido al decir que se trata de una simple una cuesti¨®n de imagen y que al fin y al cabo ¡°cualquiera¡± puede ser imputado. La supuesta firmeza del jefe del Consell queda tambi¨¦n en entredicho con el trato que depara a Carlos Fabra, presidente del PP en la provincia de Castell¨®n, al que solo le falta conocer la fecha en que ser¨¢ juzgado por cohecho, tr¨¢fico de influencias y delitos fiscales. Aunque seg¨²n la normativa del partido deber¨ªa estar expedientado, el presidente parece dispuesto a que Fabra deje el cargo entre homenajes en el congreso provincial del partido, que tendr¨¢ lugar despu¨¦s del regional.