La Lei de Vivenda permite reducir la reserva obligatoria de pisos protegidos
Los ayuntamientos podr¨¢n bajar los m¨ªnimos sin modificar su plan general La construcci¨®n de la protegida ya no se acompasar¨¢ con la de la libre
Ni reserva obligatoria de suelo en los planes sectoriales para destinarlo a viviendas protegidas, ni porcentajes m¨ªnimos en los ayuntamientos para este tipo de promociones inmobiliarias. El proyecto de Lei de Vivenda, que entr¨® en el Parlamento la pasada semana, relajar¨¢ las exigencias de los pisos a precio tasado, m¨¢s all¨¢ de la reducci¨®n del 40% que preve¨ªa la ley que impuls¨® el bipartito en 2008 para los ayuntamientos de m¨¢s de 20.000 habitantes al 30% que establece la nueva norma.
La herramienta que utiliza la ley para reducir los porcentajes es una excepcionalidad, incluida en su disposici¨®n adicional s¨¦ptima, que faculta a los ayuntamientos a descolgarse de ese 30% para adecuarse a la ¡°demanda potencial¡± utilizando el Registro de Demandantes de la Xunta. El m¨¦todo consiste en multiplicar el n¨²mero de inscritos por 10 y dividirlo por el total de habitantes. Convertido en porcentaje, en los 22 ayuntamientos con m¨¢s de 20.000 habitantes el m¨ªnimo obligatorio ser¨ªa del 14,41%, un 64% m¨¢s bajo que con la ley actual. La norma de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras abre incluso la posibilidad de rebajar esa tasa. Con la utilizaci¨®n de esta excepci¨®n, el ¨²nico ayuntamiento que se acercar¨ªa al 30% es el de Vigo, que estar¨ªa en el 29,10%. En Santiago se reducir¨ªa al 18,37% y en A Coru?a al 15,91%. Del resto de municipios de Galicia, solo Lugo y Ames superar¨ªan la barrera del 10% de viviendas protegidas sobre el total.
Las nuevas reservas de suelo para vivienda protegida podr¨¢n aplicarse incluso en ayuntamientos que ya tienen aprobado su plan general de ordenaci¨®n municipal. Para ello, bastar¨¢ con que la mayor¨ªa absoluta del pleno de la corporaci¨®n apoye el nuevo porcentaje de reserva, una vez que lo publique el Instituto Galego da Vivenda e Solo, sin necesidad de seguir el procedimiento de modificaci¨®n del plan. Los ayuntamientos que ya hayan aprobado inicialmente su planeamiento, mientras, podr¨¢n rectificarlo sin tener que someterlo de nuevo a informaci¨®n p¨²blica.
Las sanciones a los promotores se reducen hasta un 50%
Otra de las medidas que redundar¨¢ en una ca¨ªda de las viviendas de protecci¨®n oficial es la derogaci¨®n de varios art¨ªculos de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica, de la que tumba hasta 10 preceptos. Entre ellos, el que obligaba a establecer en los planes sectoriales una reserva de suelo para dotaci¨®n auton¨®mica para construcci¨®n de viviendas de promoci¨®n y titularidad p¨²blicas, destinadas a la poblaci¨®n con rentas m¨¢s bajas.
Desaparece tambi¨¦n de la ley otra de las medidas estrella introducidas por el bipartito en 2008, como es la de incluir en cada plan de sectorizaci¨®n una reserva m¨ªnima de vivienda a precio tasado, para evitar su concentraci¨®n en zonas degradadas de los municipios. Ahora se pasa a exigir que su localizaci¨®n ¡°evite la concentraci¨®n excesiva de viviendas de este tipo¡±, aunque los criterios de reparto establece como m¨ªnimo ¡°la mitad del porcentaje de reserva total del ayuntamiento¡±, excepto en los suelos urbanizables no delimitados.
El proyecto de la conseller¨ªa que dirige Agust¨ªn Hern¨¢ndez elimina otra disposici¨®n que la entonces conselleira de Vivenda, Teresa T¨¢boas, destacaba como de las m¨¢s sobresalientes de la ley a¨²n en vigor: la que obligaba a establecer unos plazos en los desarrollos de los planes parciales en los que las viviendas protegidas no pueden ser superiores a los de las libres. Esa disposici¨®n se borra de un plumazo. Algo similar ocurre con los planes generales, en los que adem¨¢s introduce la posibilidad de conceder pr¨®rrogas para los pisos con alg¨²n r¨¦gimen de protecci¨®n si ya se han otorgado licencias para vivienda libre en un mismo pol¨ªgono. ¡°Las viviendas protegidas que no se ejecuten con las libres¡±, a?ade, deber¨¢n edificarse ¡°en los plazos establecidos en el planeamiento general o de desarrollo¡±. La ley, adem¨¢s, rebaja los periodos de protecci¨®n y permite anticipar su descalificaci¨®n como tal, lo que autorizar¨ªa a su propietario a venderla en el mercado libre.
Como argumento para justificar el nuevo modelo de vivienda protegida, Agust¨ªn Hern¨¢ndez apunt¨® en la presentaci¨®n de la ley que, de los ¨²ltimos 10 a?os, solo en dos (2001 y 2005) el porcentaje de vivienda protegida terminada fue superior al 10%. ¡°De nada sirve establecer un porcentaje del 40% o del 30% si la realidad es muy diferente¡±, afirm¨® entonces el titular de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
El proyecto de ley, que aprob¨® el Consello de la Xunta el pasado 19 de abril, reduce hasta un 50% de las sanciones a los promotores por incumplir la ley. Con la justificaci¨®n de que se considera ¡°m¨¢s ajustada al resto de la normativa¡± de diferentes comunidades aut¨®nomas, la nueva tabla reduce los m¨¢ximos en las sanciones leves de 6.000 a 3.000 euros; las graves, de 60.000 a 30.000, y las muy graves, de un mill¨®n a 600.000 euros. Los m¨ªnimos se mantienen en las leves y se reducen de 6.000 a 3.000 en las graves y de 60.000 a 30.000 en las muy graves.
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