La juez imputa a 22 personas por el fraude de cooperaci¨®n

La magistrada Nieves Molina, que instruye la causa que investiga el fraude en las ayudas a la Cooperaci¨®n de la Generalitat, ha imputado a 22 personas por los supuestos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude de subvenci¨®n, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. La juez, titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21, ha levantado hoy el secreto de las diligencias previas de la causa, que persigue un supuesto fraude de las subvenciones concedidas por la entonces denominada Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa entre 2008 y 2011, cuando su titular era el popular Rafael Blasco.

La investigaci¨®n no ha podido precisar la cantidad de dinero sustra¨ªdo, aunque la din¨¢mica empleada era hinchar las facturas que justificaban el dinero concedido. Seg¨²n la juez, los imputados habr¨ªan desviado diversas cantidades concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias a trav¨¦s de fundaciones y empresas.

Entre las 22 personas imputadas, seis de ellas han sido cargos de la administraci¨®n. Adem¨¢s, hay personas implicadas que estaban integradas en al menos seis ONG, entre las que figura la Fundaci¨®n Hemisferio, que seg¨²n la investigaci¨®n ser¨ªa la matriz a ra¨ªz de la cual se orquest¨® el fraude. De hecho, la ¨²nica persona que permanece en prisi¨®n es Augusto C¨¦sar Tauroni, que seg¨²n la polic¨ªa es el presidente de Hemisferio, antes conocida como Fundaci¨®n Entre Pueblos hasta que tuvo que cambiar de nombre por coincidir con el de otra veterana ONG.

La investigaci¨®n, que arranc¨® en mayo de 2011 y ha sido llevada en secreto durante un a?o por Molina y el fiscal Anticorrupci¨®n Jes¨²s Carrasco, estrech¨® el cerco a la c¨²pula directiva de la consejer¨ªa que entonces dirig¨ªa Rafael Blasco, actual portavoz de las Cortes Valencianas. De hecho, en la operaci¨®n policial que desvel¨® el caso el pasado 23 de febrero, entre los detenidos figuraron varios cargos de la administraci¨®n.

La investigaci¨®n ha estrechado el

As¨ª, en la operaci¨®n han quedado imputados varios miembros de la administraci¨®n del PP, entre ellos Alexandre Catal¨¢, subsecretario de la consejer¨ªa de Blasco, y Josep Mar¨ªa Felip, que fue director general de Cooperaci¨®n al Desarrollo. En el momento de su detenci¨®n eran, respectivamente, subsecretario de Sanidad y director general de Cooperaci¨®n. Despu¨¦s de conocerse su detenci¨®n y, tras prestar declaraci¨®n ante Molina, su posterior imputaci¨®n, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, forz¨® su destituci¨®n inmediata.

Despu¨¦s se conoci¨® que tambi¨¦n estaban imputados Marc Llinares, que fue jefe de ¨¢rea de Cooperaci¨®n al Desarrollo y Solidaridad, y estaba destinado en el Servicio de Innovaci¨®n y Planificaci¨®n Estrat¨¦gica de la Consejer¨ªa de Hacienda.

D¨ªas m¨¢s tarde, tras regresar de Alemania, fue detenida Mar¨ªa Dolores Escandell, funcionaria del ¨¢rea de Justicia que fue jefa de servicio de Gesti¨®n de Programas de Cooperaci¨®n. Por ¨²ltimo, Molina tambi¨¦n ha imputado a la ex secretaria general administrativa de aquella consejer¨ªa, Tina Sanju¨¢n.

Seg¨²n informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, la instructora del caso ha decretado diversas medidas cautelares para todos los imputados que est¨¢n en libertad provisional, como la obligaci¨®n de presentarse peri¨®dicamente en los juzgados, la retirada del pasaporte o la obligaci¨®n de solicitar autorizaci¨®n para salir del pa¨ªs o cambiar de domicilio.

A tres de los imputados, seg¨²n el TSJ, no se les ha podido tomar declaraci¨®n. Durante las ¨²ltimas semanas ha trascendido la informaci¨®n de que al menos dos de ellos estaban fuera del pa¨ªs y se habr¨ªa dado orden a la polic¨ªa de localizarlos para? darles noticia de su imputaci¨®n.

Dos denuncias de diputadas de las Cortes Valencianas dieron origen hace a?o y medio a la investigaci¨®n de la trama de los fondos de cooperaci¨®n. Clara Tirado, del PSPV, y Mireia Moll¨¤, de Comprom¨ªs, detectaron algunas maniobras que le parecieron oscuras en la consejer¨ªa. Seg¨²n las diputadas el fraude en las subvenciones al desarrollo internacional podr¨ªa rondar entre los siete y los nueve millones de euros.