La Junta eleva a 85 millones el dinero defraudado con los ERE

La Junta estima que concedi¨® de manera irregular 85 millones en ayudas directas a empresas y falsas prejubilaciones gracias al fondo para compa?¨ªas en crisis que subvencion¨® los ERE (expedientes de regulaci¨®n de empleo) entre 2001 y 2010. La cifra incluye 73,8 millones que el Gobierno andaluz reclama ahora a trav¨¦s de 189 procedimientos de reintegro a las empresas y 11,2 millones dados ilegalmente a los 126 intrusos (personas que nunca trabajaron en las firmas beneficiadas).

Despu¨¦s de 14 meses de trabajo, los auditores de la C¨¢mara de Cuentas han culminado un anteproyecto de informe que relata el caos que rein¨® durante una d¨¦cada en la Direcci¨®n General de Trabajo. Y las cifras disparan todo lo conocido hasta ahora sobre el pol¨¦mico fondo. Este ha costado a las arcas p¨²blicas nada menos que 1.217 millones, incluidos la refinanciaci¨®n de la deuda y los intereses de demora acumulados. Los intrusos se elevan hasta 126 (la Junta hab¨ªa identificado 72 hace un a?o) y en total Empleo ha analizado las p¨®lizas de 323 personas, 141 de ellas est¨¢n a¨²n siendo investigadas por la Administraci¨®n y 56 casos cumpl¨ªan los requisitos para cobrar las ayudas p¨²blicas. La Junta ha iniciado hasta ahora 99 expedientes de reintegro a los intrusos que suman 11,2 millones.

El Parlamento encarg¨® en abril de 2011 la exhaustiva auditor¨ªa, que supone el mejor mapa realizado hasta ahora sobre el caso de los ERE al margen del farragoso sumario. A pesar de que la investigaci¨®n judicial avanza con paso firme y la Consejer¨ªa de Empleo prosigue con su reclamaci¨®n de las ayudas mal dadas, el mutismo administrativo de meses que impusieron las elecciones auton¨®micas, se ha roto: al margen de los 73,8 millones que entregaron a los empresarios, los 126 intrusos detectados percibieron hasta 12,3 millones y habr¨ªan cobrado otros 15,2 millones de no haberse detectado a tiempo el fraude.

El caos era ley en la Direcci¨®n General de Trabajo: ¡°No ha contado con un sistema de informaci¨®n que permita conocer el n¨²mero de solicitudes de ayudas presentadas, las desestimadas, las concedidas, su seguimiento y justificaci¨®n, as¨ª como el control de beneficiarios¡±, revela el borrador del informe. Y las ayudas nacieron viciadas, puesto que el convenio que las autoriz¨® en 2001 no fue prorrogado ¡°ni expresa ni t¨¢citamente¡± y careci¨® de previsi¨®n para tramitar pagos. A pesar de ello, Empleo firm¨® cientos de convenios con cientos de empresas, instituciones, Ayuntamientos y fundaciones privadas.

La fiscalizaci¨®n de los ERE confirma que las ayudas carecieron ¡°del control previo exigible¡± y que ignoraron el procedimiento administrativo preceptivo. Los auditores se alinean as¨ª con la polic¨ªa, la Guardia Civil, la fiscal¨ªa y la juez, y censuran las transferencias de financiaci¨®n que utiliz¨® Empleo para pagar los ERE porque contravienen hasta cuatro leyes: ¡°Se ha realizado una clasificaci¨®n econ¨®mica de los cr¨¦ditos inadecuada, consignando como transferencias de financiaci¨®n lo que en realidad eran cr¨¦ditos destinados a subvenciones que se iban a conceder¡±.

Respecto a las modificaciones presupuestarias que autoriz¨® el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, durante su etapa como consejero de Hacienda, los auditores censuran que no se ajustaron a las previsiones normativas en materia presupuestaria, ya que no se adecuaron ¡°a la naturaleza del gasto¡± aprobado. Es decir, el dinero se utiliz¨® para otros fines distintos de los presupuestados. La auditor¨ªa analiza 14 expedientes de modificaciones presupuestarias por 101 millones, de un total de 125 millones que autorizaron tanto Gri?¨¢n como el Consejo de Gobierno. Los informes contaron con la conformidad de la Direcci¨®n General de Presupuestos y el informe favorable de la Intervenci¨®n General, pero seg¨²n los auditores, esto no representaba una garant¨ªa. ?Por qu¨¦? Los auditores se alinean con la tesis de la juez Mercedes Alaya: dadas las irregularidades detectadas, la Intervenci¨®n General debi¨® haber emitido informes de actuaci¨®n que alertaran del menoscabo de fondos p¨²blicos. Y esta no lo hizo.

¡°La Intervenci¨®n debi¨® emitir el informe de actuaci¨®n por haber constatado que los gestores de Idea no adoptaban las medidas necesarias para solventar las deficiencias detectadas a lo largo de los ejercicios 2003 a 2008 y haber apreciado circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los fondos p¨²blicos¡±, subraya la auditor¨ªa. As¨ª la teor¨ªa de la juez de que la Intervenci¨®n General ignor¨® su obligaci¨®n de ¡°examinar y hacer un juicio cr¨ªtico de la gesti¨®n realizada de los programas presupuestarios, en t¨¦rminos de econom¨ªa, eficacia y eficiencia¡±, en palabras de los auditores, cobra fuerza. Y ah¨ª radica la madre del cordero del devenir del caso, que aclarar¨¢ el ex interventor general Manuel G¨®mez entre otros. Mientras, el borrador de auditor¨ªa a¨²n debe incorporar las alegaciones de Empleo y ser modificado por el pleno de la C¨¢mara de Cuentas antes de su entrega al Parlamento y al Tribunal de Cuentas. Pero su cualificaci¨®n t¨¦cnica ante el devenir del caso es indudable.