El PP propone que las industrias con licencias ilegales sigan operando

El veloz camino de la Lei de Vivenda en el Parlamento no ser¨¢ impedimento para introducir una modificaci¨®n sustancial, a propuesta del Grupo Popular. Se trata de una enmienda, la n¨²mero 7 de las 14 presentadas por el PP, que permitir¨¢ que todas las industrias y comercios ubicados en naves o edificios declarados ilegales por sentencia firme puedan seguir operando. La propuesta extiende a las edificaciones destinadas a actividades comerciales o industriales una disposici¨®n de la futura ley, la que paraliza la ejecuci¨®n de las sentencias que anulan licencias y conllevan la demolici¨®n de lo construido hasta que el titular del inmueble sea indemnizado.

PSOE y BNG apoyar¨¢n la moratoria durante el tr¨¢mite parlamentario de la ley, ya que ni socialistas ni nacionalistas han pedido en sus enmiendas suprimir o alterar en lo fundamental la propuesta de la Conseller¨ªa de Territorio, que dirige Agust¨ªn Hern¨¢ndez. El principal cambio ser¨¢ consecuencia de las aportaciones del PP, que propone blindar la actividad de industrias y establecimientos comerciales declarados ilegales. La enmienda es tan escueta como ambigua, ya que se limita a se?alar que ¡°el r¨¦gimen previsto¡± en la pol¨¦mica disposici¨®n adicional sexta ¡°ser¨¢ de aplicaci¨®n a las edificaciones destinadas a actividades comerciales o industriales¡± construidas con una licencia ¡°anulada¡±.

Otro cambio permitir¨¢ conceder al instante licencias de obra menor

La simple apelaci¨®n al ¡°r¨¦gimen previsto¡± en una disposici¨®n tan compleja como la que se modifica abre la enmienda del PP a m¨²ltiples interpretaciones. El ponente del Grupo Popular para la nueva norma, el diputado Jaime Casti?eira, sostiene que el objetivo de la propuesta consiste simplemente en evitar la desaparici¨®n de industrias ¡°que dan trabajo¡± como consecuencia de una sentencia judicial de derribo. ¡°Tal y como esta la ley en la actualidad, tienen que cerrar y despedir¡±, apunta.

La moratoria para los derribos, que obliga a indemnizar a los titulares de las viviendas declaradas ilegales antes de efectuar la demolici¨®n, es muy similar a la aprobada por el Gobierno c¨¢ntabro, que motiv¨® un recurso de anticonstitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitido a tr¨¢mite por el Tribunal Constitucional. La disposici¨®n fue duramente criticada por el Colegio de Arquitectos de Galicia, mientras que la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de la Xunta dedic¨® 14 folios de su informe sobre la ley a advertir de los ¡°problemas de encaje en el ordenamiento jur¨ªdico¡± de la medida y del ¡°evidente riesgo¡± de que corra la misma suerte que la de Cantabria: el Tribunal Constitucional.

Como advirti¨® la asesor¨ªa, la moratoria puede ser inaplicable, ya que el procedimiento de responsabilidad patrimonial puede interponerse en el plazo de un a?o desde la producci¨®n del da?o efectivo, y este no se produce hasta el momento de la demolici¨®n.

Otra de las enmiendas del Partido Popular a la Lei de Vivenda contempla la concesi¨®n de licencias expr¨¦s por los ayuntamientos para proyectos de obra menor. La propuesta a?ade un punto al art¨ªculo 195 de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de 2002, el que regula la concesi¨®n de licencias, de forma que el mes de plazo con que cuenta la Administraci¨®n local para conceder una licencia de obra menor se pueda eliminar, y los permisos se concedan ¡°en el mismo momento de la solicitud¡±.