Un sistema para ocultar la corrupci¨®n

El despliegue policial de agentes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) que detuvo el jueves, por orden de la juez Nieves Molina, a cinco personas persegu¨ªa a los factureros de la trama que capt¨® al menos seis millones de euros de las ayudas a pa¨ªses del tercer mundo otorgadas por la Generalitat. El objetivo eran las personas encargadas de confeccionar las facturas falsas que serv¨ªan para desviar los fondos p¨²blicos otorgados a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el caso de la cooperaci¨®n.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Valencia, que investiga el saqueo de las ayudas a la cooperaci¨®n articulado en torno a la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa que dirig¨ªa el exconsejero Rafael Blasco, ahora portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, elev¨® durante la madrugada de este viernes el n¨²mero de imputados a 27. Cinco personas fueron detenidas el jueves por la ma?ana, con registros en viviendas y sedes de empresas ficticias. Pasaron a disposici¨®n judicial a partir de las seis de la tarde. Y pasadas la una y media de la madrugada del viernes, los cinco nuevos detenidos quedaron en libertad pero imputados en la causa, cuatro de ellos con medidas provisionales, como la de comparecer una vez al mes ante los juzgados. Fuentes del caso explican que todos ellos, administradores de empresas sin actividad, eran factureros.

La trama tejida en torno a la consejer¨ªa de Blasco, una organizaci¨®n de empresas y ONG creada ex profeso a la llegada del pol¨ªtico del PP a finales de 2007 en torno a la Fundaci¨®n Solidaridad entre Pueblos, que luego cambi¨® el nombre a Fundaci¨®n Hemisferio, no invent¨® ning¨²n sistema nuevo. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, despu¨¦s de destaparse la trama de ONG que captaban los fondos de la Generalitat con la ayuda de la c¨²pula de la consejer¨ªa (seis de los imputados trabajaban en la Administraci¨®n), y la de las empresas m¨¢s importantes que desviaban el dinero a empresas de Estados Unidos y Espa?a, faltaba todav¨ªa cerrar el c¨ªrculo con los supuestos empresarios que colaboraban aportando las facturas falsas.

El fraude de los fondos de la cooperaci¨®n ya suma 27 imputados

Los cinco detenidos el jueves, y desde este viernes nuevos imputados, ser¨ªan eso, siempre seg¨²n la investigaci¨®n, en su mayor¨ªa administradores de empresas con nula o escasa actividad que hinchaban los recibos de peque?os trabajos realizados o que facturaban por algo nunca ejecutado o jam¨¢s suministrado. De hecho, los registros se realizaron en tres domicilios particulares y en la sede de dos supuestas empresas, entre Alzira, La Pobla de Vallbona y Valencia. ¡°Ninguna ten¨ªa actividad¡±, aseguran las mismas fuentes, ¡°y el material incautado en los registros es ¨ªnfimo¡±. Cobraban cantidades que de media oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros por cada factura.

Entre los nombres que han trascendido figura F¨¦lix Sanz Pardo, apoderado en las cuentas de Monribar-CAF, una firma que se constituy¨® para montar, explotar y administrar locales de hosteler¨ªa, y Carlos Andr¨¦s Chust. Este ¨²ltimo es administrador de la firma Chust Alzira, que factur¨® durante dos ejercicios cantidades importantes a Esperanza sin Fronteras, la ONG que iba a construir el hospital de Hait¨ª tras el terremoto que asol¨® el pa¨ªs caribe?o. En 2010, a?o en el que la organizaci¨®n logr¨® dos subvenciones de la Generalitat por 579.846 euros, factur¨® 120.011 euros. Y en 2011, cuando logr¨® otros 274.205 en ayudas, Chust Alzira cobr¨® otros 72.798 euros.

La corrupci¨®n ha sobrevivido en los ¨²ltimos lustros en la Comunidad Valenciana a base de facturas falsas. Ha habido numerosas sospechas sobre adjudicaciones de concursos p¨²blicos lubricadas a base de comisiones ilegales. Las denuncias de clientelismo en la contrataci¨®n de personas afines en las Administraciones, en las fundaciones y en las empresas p¨²blicas tambi¨¦n est¨¢n a la orden del d¨ªa. Los jueces tambi¨¦n se las han visto con casos de financiaci¨®n irregular de los partidos pol¨ªticos. Incluso se puede beneficiar a una empresa, que tenga capacidad para sobornar con generosidad, mediante una declaraci¨®n de inter¨¦s comunitario que le ahorre millones de euros en comprar suelo apto para levantar una industria.

Pero el sistema m¨¢s repetido y sencillo para sustraer fondos en las arcas p¨²blicas es el desv¨ªo de dinero mediante facturas de servicios que no se han realizado o productos que no se han suministrado. Y causas abiertas no faltan. Un caso paradigm¨¢tico fue el del parque tem¨¢tico de Benidorm. El caso Terra M¨ªtica, abierto todav¨ªa m¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s de construido el ruinoso parque que impuls¨® el expresidente Eduardo Zaplana. La investigaci¨®n judicial puso el foco sobre una trama empresarial de facturas fraudulentas que supuestamente sirvieron para defraudar 4,4 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA. La denuncia inicial, que data de 2005, destapaba la supuesta falsificaci¨®n de recibos por trabajos no realizados en el entorno de Benidorm. Seg¨²n la fiscal¨ªa, estar¨ªan implicadas 20 empresas, incluida la propia Terra M¨ªtica, y habr¨ªa 32 personas imputadas.

El juez cree que en Emarsa se robaron al menos 25 millones de euros

Otro esc¨¢ndalo similar, aunque m¨¢s reciente, es el del caso Emarsa, la empresa p¨²blica que gestionaba la depuradora de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana, hasta que quebr¨® con un agujero de 17 millones de euros. El juez que investiga el caso cifra el saqueo en m¨¢s de 25 millones. Y la empresa p¨²blica due?a de Emarsa, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidr¨¢ulicos (Emshi), integrada por 51 municipios del ¨¢rea de Valencia, que interpuso una denuncia tras destaparse el caso, concluy¨® su escrito ante el juez asegurando: ¡°Parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena¡±.

La investigaci¨®n ha desvelado que para exprimir la empresa p¨²blica (hasta 40 millones de euros se sustrajeron, seg¨²n la oposici¨®n socialista) se hincharon sobre todo las facturas del tratamiento de los lodos de la depuraci¨®n. As¨ª, hab¨ªa firmas que cobraban 18 euros por tonelada, pero empresas intermediarias facturaron 42 euros a Emarsa. Tambi¨¦n hubo cursos de formaci¨®n con m¨¢s asistentes de los que concurrieron. Y suministradores de material inform¨¢tico que cobraron millones de euros por, supuestamente, vender muchos m¨¢s elementos que puestos de trabajo informatizados ten¨ªa Emarsa. El caso Emarsa acumula ya 32 imputados en la trama.