El juez del ¡®caso Palma Arena¡¯ pide las cuentas de CACSA
El magistrado investiga los contratos firmados en 2004 y 2005 para el evento Valencia Summit
El juez instructor del caso Palma Arena, Jos¨¦ Castro, ha librado mandamento al Registro Mercantil Provincial de Valencia a fin de recabar datos en torno a las cuentas anuales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), entidad que se encuentra bajo la lupa judicial por las contrataciones que llev¨® a cabo con el Instituto N¨®os cuando ¨¦ste estaba presidido por el Duque de Palma, I?aki Urdangarin.
As¨ª consta en una providencia dictada por el magistrado en la que acuerda recabar testimonio de las cuentas, tanto individuales como consolidadas, correspondientes en concreto a los a?os 2004, 2005 y 2006, con el objetivo de ahondar en la vinculaci¨®n que tuvo Cacsa con el Instituto presidido por el yerno del Rey Don Juan Carlos entre 2004 y 2006.
En concreto, en el marco de esta pieza del caso Palma Arena, la n¨²mero 25, se encuentran imputados entre otros la directora de gesti¨®n de CACSA entre los a?os 2003 y 2008, Elisa Maldonado; quienes fueran directores generales de la instituci¨®n Jos¨¦ Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela, que lo relev¨® en el cargo hasta 2009, y el empresario valenciano Miguel Zor¨ªo.
Asimismo, tambi¨¦n han sido encausados el exsecretario auton¨®mico de Turismo y Proyectos Estrat¨¦gicos de la Generalitat, Luis Lob¨®n, quien anteriormente ocup¨® el cargo de responsable de Grandes Eventos del Consejo, y la que fuera t¨¦cnica del departamento jur¨ªdico en 2004 y posteriormente m¨¢xima responsable de esta secci¨®n en CACSA, Mar¨ªa ?ngeles Mallent.
Y es que la relaci¨®n de CACSA con las investigaciones sobre N¨®os se ci?e a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 con la sociedad que fund¨® y presidi¨® el Duque de Palma. Uno de ellos iba dirigido a la celebraci¨®n del evento Valencia Summit, en el que tambi¨¦n particip¨® el Ayuntamiento de Valencia, y el otro fue suscrito por la Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Comunitat, entonces presidida por el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban Gonz¨¢lez Pons.
De hecho, el propio Gonz¨¢lez Pons fue citado como testigo para ser interrogado en esta causa si bien finalmente fue suspendida su declaraci¨®n, sin que hasta el momento se haya fijado nueva fecha para su comparecencia. Mientras tanto, los investigadores han tomado declaraci¨®n hasta ahora a exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento por los pagos realizados a N¨®os.
En el marco de estas pesquisas, las acusaciones consideran a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres responsables de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de N¨®os con el fin de apoderarse de los fondos p¨²blicos y privados que recib¨ªa la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administraci¨®n y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercaniles del entramado societario de N¨®os. Cantidades que acababan presuntamente as¨ª en manos de empresas controladas por los dos imputados.
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