Soto propone el uso ciudadano del patrimonio de la Iglesia rehabilitado

¡°Un acuerdo equilibrado¡± en virtud del cual las inversiones p¨²blicas en rehabilitaci¨®n del patrimonio de la Iglesia reviertan en el ¡°uso c¨ªvico y cultural¡± de bienes eclesi¨¢sticos no dedicados al culto. El diputado socialista en las Cortes Valencianas Juan Soto ha formulado esta propuesta, que describi¨® ayer como ¡°una nueva desamortizaci¨®n c¨ªvica¡±.

Soto record¨® que se han invertido m¨¢s de 150 millones de euros de la Generalitat en las rehabilitaciones de bienes de la Iglesia en los ¨²ltimos 12 a?os, 93 de ellos procedentes de la Fundaci¨®n La Luz de las Im¨¢genes. El diputado se?al¨® que esa fundaci¨®n se cre¨® con participaci¨®n mayoritaria de la Generalitat, y una presencia testimonial de la Iglesia, que aport¨® seis euros a su constituci¨®n.

El diputado socialista dijo que ¡°es sensato y de sentido com¨²n que la Iglesia entregue y compense, con el destino para uso p¨²blico y disfrute de los ciudadanos, el dinero recibido de los impuestos de todos los valencianos". Soto afirm¨® que La Luz de las Im¨¢genes, que ha restaurado o rehabilitado 2.680 obras y 52 edificios, se ha convertido en un agujero econ¨®mico para la Administraci¨®n auton¨®mica, ya que tiene p¨¦rdidas acumuladas de m¨¢s de 17 millones de euros.

A?adi¨® el parlamentario que los gastos financieros de La Luz de las Im¨¢genes se incrementaron un 91%, respecto al presupuesto inicial de 2011, y que los intereses de demora aumentaron hasta los 457.000 euros, 217.000 euros m¨¢s de lo previsto. Un hecho del que hizo resposnable a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, por no dotar en los presupuestos esos pr¨¦stamos.

Certificaciones privadas

Por otra parte, el diputado socialista Rafael Rubio explic¨® que su grupo ha presentado diversas enmiendas al decreto ley que permite obviar la tramitaci¨®n de licencia municipal a establecimientos catalogados, como bares, pubs o discotecas, mediante la certificaic¨®n de organismo privado. Rubio critic¨® lo que calific¨® como ¡°una deconstrucci¨®n de la Administraci¨®n¡± porque deja a los vecinos afectados sin capacidad de alegar previamente a la apertura del establecimiento; implica que las denuncias acabar¨¢n en la justicia ordinaria civil y no en la contenciosa, lo que las dificultar¨¢ y encarecer¨¢; no aclara qui¨¦n se har¨¢ cargo de las indeminizaciones que no cubra el seguro de los organismos certificadores; no fija unas tasas y permite que tambi¨¦n los colegios profesionales, por ejemplo de ingenieros, puedan ejercer como organismos de certificaci¨®n administrativa.