El Palau de les Arts y la Ciudad de la Luz hicieron contratos irregulares
RTVV compr¨® documentales que no ha emitido sin justificar los elevados precios
Las empresas y fundaciones de la Generalitat Valenciana, actualmente en proceso de reconversi¨®n por parte del Gobierno del presidente Alberto Fabra, no solo registraron unas p¨¦rdidas de 845 millones de euros en 2011, contribuyendo a lastrar una situaci¨®n de la Administraci¨®n valenciana que ha exigido su rescate en 2012. Tambi¨¦n fueron el escenario de una buena parte de las irregularidades, o "incidencias", en la contrataci¨®n que recoge el informe correspondiente a 2011 de la Sindicatura de Comptes, el organismo fiscalizador de cuentas valenciano. El informe, que se present¨® el viernes, detecta incidencias de cierto relieve en pr¨¢cticamente la mitad de los contratos que revis¨® el organismo auditor. Y dedica una atenci¨®n especial, entre otros, a contratos efectuados por la Ciudad de la Luz, en Alicante y la Fundaci¨®n Palau de les Arts, en Valencia, as¨ª como por la cadena auton¨®mica R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV).
En el caso de la Fundaci¨®n Palau de les Arts, que gestiona el edificio de la ¨®pera, la pieza m¨¢s emblem¨¢tica del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otras irregularidades, la Sindicatura de Comptes se?ala que se contrat¨® a alguno de los integrantes de su patronato o alg¨²n familiar sin las preceptivas autorizaciones. El Protectorado de Fundaciones debi¨® conocer el caso para dar la autorizaci¨®n y aprobar la retribuci¨®n, pero no lo hizo, seg¨²n recoge el informe. Una reuni¨®n posterior del patronato de la Fundaci¨®n Palau de les Arts, en junio de 2012, acord¨® iniciar los tr¨¢mites para subsanar la incidencia, pero la irregularidad ha sido constatada por el organismo auditor.
El informe tambi¨¦n indica que deben establecerse controles de la emisi¨®n de entradas gratuitas y entradas para patrocinadores ¡°dado que actualmente la Fundaci¨®n asume el IVA de todas las invitaciones independientemente de si se asiste o no¡±. La Sindicatura recuerda que compete a la Intendente del Palau de les Arts preparar, revisar y actualizar el programa plurianual de actividades, pero ¡°no consta que dicho programa plurianual se haya aprobado por el patronato o la comisi¨®n ejecutiva, en quien est¨¢ delegada dicha competencia¡±.
En la Ciudad de la Luz, los estudios cinematogr¨¢ficos que la Generalitat Valenciana construy¨® en Alicante, que acumulan unas cuantiosas deudas, se formaliz¨® en 2011 la novaci¨®n de un contrato de colaboraci¨®n con una productora ¡°sin atender a los principios de publicidad y concurrencia¡±. A juicio de la Sindicatura de Comptes, se trata, en realidad de una subvenci¨®n. Y dado que la Comisi¨®n Europea ha resuelto que cualquier incentivo concedido a productores cinematogr¨¢ficos con la condici¨®n de rodar en el complejo constituye ¡°una ayuda estatal ilegal e incompatible¡±, el contrato resulta irregular. La Comisi¨®n Europea declar¨® en mayo pasado, en respuesta a una denuncia de otros estudios cinematogr¨¢ficos de propiedad privada por vulneraci¨®n de la libre competencia, que ¡°los 265 millones de euros de financiaci¨®n p¨²blica concedidos por la Generalitat a la sociedad no se facilitaron en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario¡±.
No se justific¨® la necesidad de los documentales de Triskel
La situaci¨®n actual que enfrenta en los tribunales a la empresa p¨²blica Ciudad de la Luz y la concesionaria de la gesti¨®n del complejo, Aguamarga, ya se refleja en el informe de fiscalizaci¨®n de las cuentas de la Generalitat. ¡°No se ha contabilizado ning¨²n gasto proveniente del contrato suscrito con la empresa Aguamarga en concepto de arrendamiento de servicios de asesoramiento y orientaci¨®n o supervisi¨®n general al estimar Ciudad de la Luz que est¨¢ resuelto¡±, explica el informe. ¡°Los gastos registrados contablemente en 2010 por este concepto se elevaron a 1.843.473 euros¡±. Se rese?a a continuaci¨®n la evoluci¨®n del litigio, en el que la Generalitat solicita la rescisi¨®n del contrato y una indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios de 1,2 millones de euros y Aguamarga, el pago de los c¨¢nones pendientes y, en caso de resoluci¨®n contractual, una indemnizaci¨®n de 10,3 millones de euros.
En lo que se refiere a R¨¤dio Televisi¨® Valenciana, la instituci¨®n auditora explica que la empresa p¨²blica adquiri¨® derechos sobre tres documentales dedicados a ¡°la situaci¨®n pol¨ªtica de Espa?a en la d¨¦cada de los 80, 90 y 2000¡± por 177.500 euros m¨¢s IVA cada uno. Hasta ahora, constata la Sindicatura, s¨®lo se ha emitido uno de los documentales y, aunque Canal 9 alega que vendi¨® derechos de emisi¨®n a una televisi¨®n por 20.000 euros m¨¢s IVA y a dos canales auton¨®micos por 10.000 euros m¨¢s IVA cada documental, y que la productora recompr¨® tambi¨¦n parte de los derechos de comercializaci¨®n, apunta que no se ha justificado su compra ni ¡°la necesidad ni la idoneidad de los precios propuestos por el proveedor¡±.
La compra de los documentales, de contenido ultra, adquiridos a la productora Triskel, ya en periodo de gobierno de Fabra (que sucedi¨® a Francisco Camps a mediados de a?o) levant¨® mucha pol¨¦mica. Triskel es una productora vinculada al que fuera director de antena de Canal 9, Fernando L¨¢zaro Quintela, que fue fichado por el entonces director de RTVV, Jos¨¦ L¨®pez Jaraba, en septiembre de 2011, solo dos meses despu¨¦s de la compra de los mencionados espacios. El pago de m¨¢s de 600.000 euros por unos documentales que en alg¨²n caso ya hab¨ªan sido emitidos por la cadena Intereconom¨ªa, fue objeto de duras cr¨ªticas de la oposici¨®n y de fuertes pol¨¦micas en las Cortes. RTVV prescindi¨® de Quintela el pasado mes de agosto.
Canal 9 pag¨® por cada documental lo que cuesta una serie de ficci¨®n
El informe de la Sindicatura de Comptes aporta un elemento comparativo muy interesante para calibrar la falta de justificaci¨®n de los precios que pag¨® RTVV por los pol¨¦micos documentales. Si en un principio costaron 177.500 euros m¨¢s IVA cada uno y despu¨¦s de la supuesta recompra de derechos y la venta a otros canales el coste se redujo a 92.000 euros m¨¢s IVA cada uno, a¨²n as¨ª superaban cualquier precio de mercado.
Al analizar los expedientes de adquisici¨®n de programas y productos para la emisi¨®n, la Sindicatura detalla en un cuadro una ¡°muestra seleccionada¡± para la revisi¨®n de los contratos de las producciones propias adquiridas por Canal 9 durante el a?o 2011. Seg¨²n ese cuadro, un espacio divulgativo de 30 minutos ten¨ªa un coste por programa de 9.116 euros. Una serie de ficci¨®n adaptada de 60 minutos costaba 91.012 euros por programa. Un magazine de 100 minutos sal¨ªa por 82.500 euros cada programa. Un concurso-show de 50 minutos, por 63.454 euros cada emisi¨®n. Una serie de ficci¨®n de una hora de duraci¨®n costaba 96.137 euros el espacio y otra serie de ficci¨®n de 45 minutos, 49.801 euros cada episodio.
Quiere eso decir que los responsables de Canal 9 compraron unos documentales, orientados a la descalificaci¨®n de figuras como el juez Baltasar Garz¨®n o el dirigente socialista Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, por una cifra muy superior a la de cualquier producto televisivo similar y s¨®lo equiparable al coste de una producci¨®n de ficci¨®n de 60 minutos de duraci¨®n.
EU pide que se act¨²e contra Calatrava
Un pol¨¦mico arquitecto. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, exigi¨® ayer al Gobierno valenciano que act¨²e contra Santiago Calatrava tras desvelar el informe de la Sindicatura que el arquitecto reclama otros 700.000 euros por un mural con motivos taurinos en el Palau de les Arts. "A pesar de que hace a?os que finaliz¨® sus trabajos, a falta de rematar L'?gora, siguen apareciendo pufos como los 700.000 euros de unos murales taurinos o lo m¨¢s de 2,5 millones de euros de indemnizaci¨®n a las constructoras del puente de L'Assut de l'Or por culpa del retraso en el proyecto", afirm¨® el diputado de Esquerra Unida. "Ya est¨¢ bien de que nuestros gobernantes rindan pleites¨ªa a un personaje que no ha dejado pasar ni una sola oportunidad de sacarnos los cuartos", dijo Blanco, que inst¨® al Consell a exigir que sea el despacho del arquitecto domiciliado en Suiza quien asuma la indemnizaci¨®n.
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