Los alcaldes socialistas se resisten al vertedero de Ortiz en La Vega Baja

Indemnizar o no indemnizar a Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, para que no construya un macrovertedero en La Vega Baja: esa es la cuesti¨®n que separa a cinco alcaldes socialistas de la comarca y a la presidenta del Consorcio de Residuos del ¨¢rea XVII, Luisa Pastor, tambi¨¦n presidenta de la Diputaci¨®n.

Tras la reuni¨®n que los alcaldes mantuvieron ayer con Pastor durante m¨¢s de una hora, los socialistas llegaron a la conclusi¨®n de que los motivos por los que se va a construir un macrovertedero en un punto de Albatera ¡°que ning¨²n alcalde de la Vega Baja quiere¡±, seg¨²n los socialistas, ¡°son estrictamente econ¨®micos¡±, para evitar indemnizar a Ortiz. La posici¨®n de Pastor es la de acatar dos sentencias judiciales que decretan que la planta de residuos debe ir donde propuso el empresario (Albatera) y no donde eligi¨® el consorcio (Torremendo).

El vertedero es necesario, es en lo que todos coinciden. La Vega Baja es la ¨²nica comarca valenciana sin plan zonal de tratamiento de residuos. A lo que se oponen los socialistas es a que mientras dure el caso Brugal, en el que Ortiz es pieza clave, se anule la concesi¨®n. Sostienen que si no hay contrato de adjudicaci¨®n firmado se puede comenzar el proceso de nuevo sin indemnizar a la empresa e instan a Pastor a no firmar el contrato de concesi¨®n. ¡°En el momento en el que lo haga no hay marcha atr¨¢s¡±, explic¨® el alcalde de Rafal, Manuel Pineda. Seg¨²n gestiones realizadas por los socialistas, ¡°si se firma habr¨¢ que indemnizar a Cespa-Ortiz con 6 millones de euros¡±.

Los socialistas adem¨¢s creen tener una base jur¨ªdica para la anulaci¨®n al considerar que el proyecto de Ortiz incumple la directiva valenciana sobre residuos. Seg¨²n esta directiva, el centro de tratamiento de residuos de cualquier zona no puede estar a m¨¢s de 30 minutos de distancia de las localidades a las que da servicio sin tener una planta de transferencia desde la que se trasladar¨¢n los residuos al vertedero de referencia. Est¨¢ situaci¨®n se incumple para los casos de Orihuela Costa o Pilar de la Horadada, por ejemplo. ¡°Incluir otra planta es un sobrecoste, sube la inversi¨®n, con lo cual las cifras calculadas por la oferta de la UTE no son reales, ni dan una idea del coste final¡±, asegura Manuel Pineda, alcalde de Rafal. ¡°Tambi¨¦n incumple la normativa europea¡±, a?ade, ¡°se debe hacer un an¨¢lisis de alternativas¡± y ¡°ese estudio t¨¦cnico no est¨¢ hecho¡±.

Luisa Pastor tiene las manos atadas con las dos sentencias que se?alan Albatera como el lugar de emplazamiento de la planta. Fuentes cercanas a la presidenta provincial, aseguran que los servicios jur¨ªdicos del Consorcio de Residuos establecen que hay que cumplir las sentencias. En el 2008 se acord¨® en Junta de Gobierno adjudicar a Cespa-Ortiz la construcci¨®n y gesti¨®n de la planta. ¡°Tienen derechos adquiridos como adjudicatarios. Pedir¨¢n indemnizaci¨®n¡±, aseguran las fuentes sin poder cifrar la cuant¨ªa. Los socialistas niegan esta posibilidad. ¡°Los derechos de costes de preparaci¨®n de un concurso hay que abonarlos si es la mercantil la que promueve el concurso¡±, aseguran, y este no es el caso.

Pastor ¡°est¨¢ dispuesta a seguir el procedimiento a no ser que los socialistas traigan un informe jur¨ªdico con todas las ideas que han barajado en la reuni¨®n¡±. En una semana, convocar¨¢ a la comisi¨®n t¨¦cnica del consorcio para evaluar si la mercantil adjudicataria present¨® toda la documentaci¨®n requerida para comenzar con la gesti¨®n de residuos. Una vez dilucidada la cuesti¨®n, el Consorcio votar¨¢ si acepta el macrovertedero en Albatera.

El trinomio Ortiz-Administraci¨®n-basuras est¨¢ muy extendido por la provincia alicantina. El Ayuntamiento de la capital deber¨¢ pagar a su empresa Inusa 15 millones por mejoras en la planta de basuras antes del 30 de marzo. Este pago lo establece el pliego de condiciones del contrato de recogida de basuras y limpieza de la ciudad, caduco desde el pasado 30 de septiembre. Entre la oposici¨®n municipal ¡ªPSPV, Esquerra UnIda y UPyD¡ª recelan de esta situaci¨®n y consideran que tiene tintes de chantaje para allanar el camino de Inusa, participada por Ortiz, Cespa y FCC. De ser as¨ª, Ortiz, imputado en el caso Brugal junto a la alcaldesa alicantina Sonia Castedo, se llevar¨ªa la llamada contrata del siglo por rondar los 500 millones de euros. La cuant¨ªa m¨¢s elevada de la historia del Ayuntamiento.